Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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La pandemia por coronavirus aún no ha terminado, pero los países ya están elaborando nuevas normas para responder a la próxima.
El proyecto de tratado sobre pandemias que están negociando los diplomáticos en Ginebra exigiría que los países hicieran importantes promesas para garantizar el acceso equitativo a los productos pandémicos; es probable que estos compromisos sean rechazados por las grandes empresas farmacéuticas (Big Pharma).
Un borrador del texto, obtenido por POLITICO, sienta las bases para las discusiones que se espera que duren hasta mayo de 2024, cuando se adoptará el acuerdo final.
Los países han admitido que no estaban preparados para la covid-19 -que ha infectado a más de 600 millones de personas y se ha cobrado unos 6,6 millones de vidas-, y la crisis se ha caracterizado por el acceso desigual a las vacunas, el acaparamiento de suministros médicos, la falta de transparencia en los acuerdos de adquisición y la falta de diversidad geográfica en la fabricación de estos productos.
En su forma actual, el borrador de tratado obligaría a que los países asumieran compromisos importantes para mejorar el acceso. ¿Un objetivo clave? Evitar que se vuelvan a producir las “graves desigualdades que obstaculizaron el acceso oportuno a los productos médicos y otros productos de respuesta a la pandemia por covid-19”.
Propuesto por primera vez por el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en 2020, la idea fue finalmente adoptada por los países de la Organización Mundial de la Salud. Aunque es posible que el acuerdo final no adopte la forma de un tratado, el organismo que negocia el texto ya ha acordado que sea jurídicamente vinculante.
De ser aprobado por los miembros de la OMS, las consecuencias serían enormes no sólo para los países, sino también para las empresas farmacéuticas que desarrollan, fabrican y distribuyen contramedidas pandémicas. En su forma actual, el texto obliga a los países a aceptar unos compromisos que, de aplicarse, modificarían las condiciones de concesión de fondos para la investigación, incluirían compromisos sobre la divulgación de los precios y las condiciones contractuales de los productos pandémicos; y establecerían mecanismos de transferencia de tecnología y conocimientos.
Centrarse en la transparencia
Entre muchas otras disposiciones, el borrador establece que los países deben desarrollar mecanismos que “promuevan y faciliten la transferencia de la tecnología y los conocimientos técnicos pertinentes ” a los posibles fabricantes de todas las regiones, con especial atención a los países en desarrollo.
También pide medidas que fomenten la puesta en común de recursos para la investigación y el desarrollo, así como el desarrollo de un conjunto de principios “que garanticen que la financiación pública de la investigación y el desarrollo de productos para responder a pandemias se traduzca en mayor equidad en el acceso y la asequibilidad”. Es importante destacar que esto incluiría “condiciones relacionadas con la distribución de la fabricación, concesión de licencias, transferencia de tecnología y políticas de precios”.
El borrador del tratado también se centra en la necesidad de establecer reservas de productos pandémicos, sugiriendo el uso de mecanismos mancomunados que se basen en la necesidad pública, con mecanismos eficientes de compra multilateral y regional.
También se abordan las cláusulas de indemnización y confidencialidad que plagaron las decisiones en torno a las vacunas covid-19, y se hace un llamado para aplicar medidas que limiten estas cláusulas. El texto pretende garantizar que “los promotores de la investigación de productos para dar respuesta a las pandemias asuman parte del riesgo (responsabilidad) cuando los productos o suministros estén en fase de investigación, y que faciliten el acceso a dichos productos de respuesta a pandemias”.
El borrador de tratado también incluye la divulgación de información sobre los fondos públicos que se han invertido en la investigación y el desarrollo, lo que se acompañaría de “recomendaciones para obligar a las empresas que fabrican productos de respuesta a pandemias a divulgar los precios y las condiciones contractuales de los contratos públicos que se establecen durante tiempos de pandemias”. En muchos países, la información sobre las disposiciones contractuales ha permanecido en el más absoluto secreto, y los defensores de la transparencia han luchado por acceder a esta información.
Hay una disposición en el texto que será un arma de doble filo para la industria farmacéutica: una petición de intercambio “rápido, regular y oportuno” de la información sobre patógenos y secuencias genéticas. Esta solicitud exige que se provea un acceso justo y equitativo a los beneficios de compartir estos datos. Esto se apoyaría en un “sistema integral de acceso y reparto de beneficios”.
La industria ha pedido que se comparta rápidamente la información sobre patógenos potencialmente peligrosos y ha advertido en contra de que los países utilicen esta información como “moneda de cambio”, expresando su temor a que unas negociaciones interminables sobre las condiciones para compartir los datos obstaculicen su capacidad de respuesta.
Propiedad intelectual
Durante la pandemia, las grandes farmacéuticas han ejercido una fuerte presión contra cualquier intento de debilitar sus derechos de propiedad intelectual, utilizando incluso amenazas de desinversión para comunicar su mensaje. Aunque muchas de las cuestiones ya se han abordado en el borrador, las relativas a los derechos de propiedad intelectual aún no se han resuelto.
En el documento se enumeran múltiples propuestas que van desde las más neutrales, en las que los países reconocerían “que la protección de los derechos de propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos productos médicos, pero aceptando también la preocupación por sus efectos sobre los precios”.
En el extremo más controvertido, una propuesta pide a los países que reconozcan “la preocupación por el hecho de que la propiedad intelectual sobre tecnologías médicas que salvan vidas siga planteando amenazas y obstáculos a la plena realización del derecho a la salud y al progreso científico para todos, en particular el efecto sobre los precios”.
A la hora de hacer cumplir el tratado, el camino a seguir no está claro. El texto establece que el órgano de gobierno decidirá en su primera reunión los procedimientos para promover el cumplimiento del texto y “si se considera apropiado, abordar los casos de incumplimiento”. Las medidas incluirían la supervisión, medidas de rendición de cuentas y la presentación de informes o revisiones.