En EE UU, hay condados y ciudades que administran los llamados planes de seguro autofinanciados, es decir cobran primas de seguro y asumen la responsabilidad de pagar las facturas, y los gobiernos estatales también administran ciertos seguros públicos. En los últimos meses, un número creciente de gobiernos estatales y municipales han iniciado demandas contra los fabricantes de insulina y los administradores de beneficios farmacéuticos por el gasto excesivo en insulina. Según el artículo de Statnews que resumimos a continuación [1] estas demandas alegan que las empresas conspiraron para hacer subir ilegalmente los precios de la insulina, comprometiendo el acceso de los diabéticos a un medicamento vital y aumentando el gasto en salud de los gobiernos.

Inicialmente, sólo un condado de Texas y unos pocos estados llevaron a estas empresas a los tribunales, pero en otoño 2023 el ritmo de las demandas se aceleró considerablemente. En noviembre de 2023, los estados de Utah y Arizona, y los municipios de Nueva York, Virginia, Maryland y Ohio presentaron demandas, y se espera que otros estados y municipios también lo hagan. Todos ellos quieren recuperar algo de lo que gastaron en comprar insulina a precios exorbitados.

Demandas previas, algunas interpuestas por usuarios de insulina, alegaron que Eli Lilly, Sanofi y Novo Nordisk conspiraron con los administradores de beneficios farmacéuticos más grandes del país (Express Scripts, OptumRx y CVS Caremark) para beneficiarse de una estrategia compleja que incluía la fijación de precios, tácticas para conseguir un lugar favorable en los formularios de los seguros, y tasas de reembolso secretas.

Las demandas recientes son casi idénticas, y también involucran la interacción entre los fabricantes de insulina y los administradores de beneficios farmacéuticos, que en representación de los planes de salud y los empleadores generan los formularios o listas de medicamentos que cubrirán los seguros. Lo que está en juego es la naturaleza complicada y opaca de estas relaciones.

Los gobiernos acusan a los fabricantes de coordinar los aumentos de precios, incluso cuando el costo de producir la insulina se desplomó; y a los mayores administradores de beneficios farmacéuticos de lucrar a través de los reembolsos “secretos” que les entregaban los fabricantes por ubicar sus productos en un lugar ventajoso del formulario y, en algunos casos, favorecer a sus propias farmacias de venta por correo. Todos estos arreglos son ilegales.

Las demandas citan las conclusiones de un informe del Comité de Finanzas del Senado de EE UU de 2021 [2] que detalla cómo las empresas supuestamente aumentaron las ventas y las ganancias, aumentando los costos para todo el sistema de atención médica de EE UU. Este informe señaló que, en 2017, EE UU gastó aproximadamente $327.000 millones en tratar la diabetes.

En Utah, hay alrededor de 200.000 residentes diabéticos, lo que le cuesta al gobierno y a sus residentes alrededor de US$1.700 millones al año.

Un portavoz de Sanofi sostuvo que “las prácticas de fijación de precios siempre se han hecho conforme a la ley y la compañía está comprometida con ayudar a los pacientes a acceder a los medicamentos que necesitan al precio más bajo posible”. Actualmente, “las tarifas y los ahorros negociados por las compañías de seguros de salud y los PBM, a través de los reembolsos, no se trasladan sistemáticamente a los pacientes en forma de gastos de bolsillo más bajos”. Por eso aumenta el costo para los pacientes, pero el precio neto promedio de su insulina cayó un 58% entre 2012 y 2022.

Una portavoz de Lilly escribió: “Son los gobiernos locales que presentan estas demandas –no Lilly– quienes deciden los términos de los acuerdos de reembolso que ahora consideran inadecuados, incluyendo la posibilidad de transferir los reembolsos a las personas que consumen insulina”.

Novo Nordisk agregó que ofrece diferentes opciones para los consumidores que tienen dificultades para pagar la insulina, incluido un programa de US$35 que comenzó hace dos meses.

Un portavoz de CVS escribió “las compañías farmacéuticas son las únicas responsables de los precios que establecen para los productos que fabrican. Nada en nuestros acuerdos impide que los fabricantes de medicamentos bajen los precios de sus productos de insulina, algo que acogeríamos con agrado. Las acusaciones de que desempeñamos un papel en la determinar los precios que cobran los fabricantes por sus productos son falsas”.

Según un informe reciente de la Asociación Estadounidense de Diabetes, los estadounidenses diagnosticados con diabetes generan el 25% del gasto total en atención médica, y el gasto en insulina se triplicó en la última década, de US$8.000 millones en 2012 a US$22.300 millones en 2022.

Nota de Salud y Fármacos. JAMA ha publicado un interesante articulo describiendo la historia de los juicios que se han entablado en EE UU para facilitar el uso a la insulina. El autor concluye que los demandantes suelen lograr algunos de sus objetivos. Puede leer el artículo en inglés: Aaron DG, Cohen IG, Adashi EY. Lawsuits Over the Price of Insulin—State Efforts for Insulin Access. JAMA Intern Med. 2024;184(1):9–10. doi:10.1001/jamainternmed.2023.6331