Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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La administración Biden anunció el jueves la adopción de varias políticas para reducir los costos de los medicamentos de venta con receta, incluyendo la disminución de algunos copagos de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare, y la obtención de concesiones de precios para los tratamientos covid que recibieron ayudas federales para su desarrollo.
“No tengo ningún problema con que las empresas obtengan ganancias razonables, pero no a costa de las personas mayores y los trabajadores”, dijo el presidente Biden durante un evento en el NIH en Bethesda, Maryland. “Se trata de justicia; se trata de dignidad”.
Como parte de su agenda, el HHS publicó el jueves una lista de 48 medicamentos cuyos precios – durante el último trimestre – aumentaron más rápidamente que la inflación, lo que significa que posiblemente estén sujetos a reembolsos por inflación a partir del primer trimestre de 2024. Los beneficiarios de Medicare que consumen estos medicamentos bajo el programa Medicare Parte B podrían tener copagos más bajos; la cantidad de la reducción podría variar desde US$1 por dosis promedio hasta US$2,786.
750.000 beneficiarios de Medicare utilizan estos 48 medicamentos, señaló Biden. “Si el medicamento que toma está en la lista, nuestro programa mantendrá su costo bajo”. Añadió que debido a que el programa de reembolso también requiere que las compañías farmacéuticas devuelvan fondos al programa Medicare, “esto es un doble ahorro”, ya que también ahorra dinero a los contribuyentes. La combinación de los reembolsos por inflación más la nueva capacidad de Medicare para negociar los precios de ciertos medicamentos de venta con receta ahorrará a los contribuyentes US$160.000 millones en 10 años, dijo Biden.
Además de publicar esa lista, la administración anunció otras iniciativas que está tomando para reducir el precio de los medicamentos que paga el gobierno federal. El HHS dijo que la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégicas (Administration for Strategic Preparedness and Response o ASPR) está incluyendo la fijación de precios justos como una parte estándar de las negociaciones de los contratos de productos médicos desarrollados con el apoyo del gobierno federal.
Por ejemplo, en septiembre, ASPR finalizó un acuerdo contractual en el marco del Proyecto NextGen (un esfuerzo de US$5.000 millones para desarrollar la próxima generación de tratamientos y vacunas contra el covid-19) para un tratamiento contra la covid que está desarrollando Regeneron, indicando que, si el producto se comercializa, su precio de lista en EE UU será igual o menor que su precio de venta en mercados globales comparables.
Desde entonces, ASPR también ha incluido un lenguaje similar en acuerdos recientes con CastleVax, Codagenix y Gritstone Bio, desarrolladores de las tres primeras vacunas seleccionadas para el Proyecto NextGen, dijo la Casa Blanca en una hoja informativa. Estas cláusulas entrarán en vigor cuando se seleccione la vacuna candidata de una empresa para pasar a los ensayos de fase IIb, respaldados por ASPR para evaluar su seguridad y eficacia clínica. Biden elogió esos contratos en su discurso y dijo que los estadounidenses “no deberían pagar el precio más alto del mundo por medicamentos que sus impuestos ayudaron a crear”.
La administración también está enviando notas de advertencia por algunas de las prácticas que utilizan los gestores de beneficios de farmacia (PBM) para establecer los precios de los medicamentos y los pagos a farmacias y las aseguradoras de salud. “Las farmacias desempeñan un papel fundamental en la prestación de atención médica y en el acceso a los medicamentos en todo el país”, dijeron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en una carta a los PBM, planes de Medicare Parte D, los planes de atención administrada de Medicaid, y en los planes de seguros privados. “A CMS le preocupa la sostenibilidad de estos negocios, especialmente las farmacias pequeñas e independientes, y sus posibles cierres, que podrían dejar los servicios de farmacia fuera del alcance de muchas personas, especialmente a los residentes en áreas rurales y desatendidas”.
La carta señaló que, a partir de enero, se producirán cambios en la forma en que se paga a las farmacias bajo el programa de beneficios de medicamentos de venta con receta de la Parte D de Medicare, y “alentamos encarecidamente a los patrocinadores de planes de la Parte D y a sus PBM a hacer los arreglos necesarios para que fluya el efectivo a las farmacias de la red”, en preparación para estos próximos cambios. Además, supervisaremos de cerca la adherencia al plan de acceso a las farmacias y los estándares de pago rápido para garantizar que todas las personas con Medicare Parte D sigan teniendo acceso a las farmacias y a los medicamentos”.
“Instamos a los planes y a las PBM a adoptar prácticas sustentables y justas con todas las farmacias, no solo con las farmacias que son propiedad de los PBM, y estamos monitoreando de cerca la adherencia del plan a los estándares de adecuación de la red de CMS y otros requisitos”, continúa la carta.
Todas estas medidas se producen inmediatamente después del anuncio que hizo la administración la semana pasada de un plan por el que podría aplicar “los Derechos de Entrada (March in Rights)“, una disposición controvertida de la Ley Bayh-Dole que otorga al gobierno la autoridad, bajo ciertas circunstancias, de tomar control de la patente de un medicamento y otorgar una licencia a otra compañía, si el medicamento fue desarrollado con apoyo gubernamental. La semana pasada, la administración publicó un marco propuesto para frenar el “aumento de precios” de medicamentos recetados que incluía el uso de esos derechos.
Los fabricantes de medicamentos criticaron el anuncio de los derechos de entrada. El uso de los derechos “sería otra pérdida más para los pacientes estadounidenses que dependen de la colaboración del sector público y privado para avanzar en nuevos tratamientos y curas”, Megan Van Etten, vicepresidenta adjunta de asuntos públicos de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), dijo en un comunicado. “La administración nos está devolviendo a una época en la que la investigación gubernamental permanecía en un estante y no beneficiaba a nadie”.
Nota de Salud y Fármacos: para saber más sobre March-in Rights puede consultar Public Citizen. Expanding Access and Affordability to Taxpayer Funded Drugs: The Use of March-In Rights https://www.citizen.org/article/expanding-access-and-affordability-to-taxpayer-funded-drugs-the-use-of-march-in-rights/