Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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BOLIVIA: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU. AMENAZA EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS
MSF, 17 de mayo de 2004
GUATEMALA: EL DECRETO 9-2003 DEBE SER ELIMINADO PORQUE RESTRINGE EL DERECHO A MEDICAMENTOS ACCESIBLES
Alianza Civil por el Acceso a Medicamentos
COLOMBIA: AVANZA EL MONOPOLIO EN MEDICAMENTOS Y AGROQUÍMICOS
Resumido de: Jorge Enrique Robledo Castillo, Argenpress (Argentina), 8 de marzo de 2004
REPÚBLICA DOMINICANA: INDUSTRIA FARMACÉUTICA BUSCA EVITAR QUE EL CONGRESO APRUEBE TLC
C. Acosta, Listín, 18 de marzo de 2004
BOLIVIA: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU. AMENAZA EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS
MSF, 17 de mayo de 2004
La organización internacional médica humanitaria, Médicos Sin Fronteras (MSF), está preocupada por las devastadoras consecuencias que el acuerdo de libre comercio recientemente anunciado entre EE.UU. y Bolivia (más Ecuador, Colombia y Perú) tendrá sobre el acceso a los medicamentos para millones de personas con sida en la región andina. Tal y como demuestran los acuerdos de libre comercio negociados últimamente (CAFTA, EE.UU.-Chile y EE.UU.-Singapur), EE.UU. intenta reforzar las regulaciones de propiedad intelectual más allá de lo requerido en los acuerdos ADPIC y en detrimento de la salud pública.
En varios países latinoamericanos, el sida se ha convertido en una de las primeras causas de muerte; cientos de miles de personas con sida en los países en desarrollo de las Américas no tienen capacidad para acceder a terapias antirretrovirales -las cuales en países ricos como EE.UU. han mejorado y extendido radicalmente la vida de personas viviendo con sida, reduciendo así las muertes relacionadas con el sida en un 70%.
“Mi pareja murió hace tres años. Nosotros teníamos que gastar 700 dólares al mes para su tratamiento. Eso significó nuestra ruina, tuvimos que vender todo y al final, terminó muriendo”, declara Antonio un miembro de Más Vida, organización de personas viviendo con sida en Bolivia.
Actualmente el gobierno de Bolivia tiene la posibilidad de utilizar las flexibilidades y salvaguardas previstas en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre propiedad intelectual para adquirir medicamentos genéricos. Los efectos de la competencia de genéricos sobre los precios de los medicamentos han sido bien documentados y ampliamente reconocidos, reduciendo como resultado el coste de los tratamientos especialmente en el caso del sida.
Bolivia es el país con la mayor seroprevalecia de Chagas en el mundo con 300.000 niños menores de 12 años infectados. El Chagas es la cuarta enfermedad en el país, responsable del 13% de las defunciones entre los 15 y los 75 años de edad.
Si se desarrollara un nuevo fármaco para la enfermedad del Chagas, el gobierno boliviano tendría la posibilidad de emitir una licencia obligatoria para superar la barrera de la patente. Sin embargo, éste no será el caso si Bolivia firma un acuerdo de libre comercio con EE.UU. ya que este país pretende una limitación drástica de las circunstancias bajo las cuales se puede emitir una licencia obligatoria.
“Sería nefasto que el 40% de la población boliviana actualmente infectada de Chagas, no pudiera acceder a un nuevo medicamento eficaz y no tóxico a causa de los intereses comerciales de los EE.UU.”, afirma Silvia Moriana, Coordinadora General de MSF en Bolivia.
Como organización médica, MSF no puede aceptar que se subordinen las necesidades de salud de nuestros pacientes y de otros muchos a los intereses comerciales de EE.UU. MSF debe recomendar al gobierno boliviano que se excluyan las disposiciones de propiedad intelectual de las próximas negociaciones de libre comercio entre EE.UU. y los países andinos con el fin de garantizar la protección de la salud pública y la promoción del acceso a los medicamentos para todos.
GUATEMALA: EL DECRETO 9-2003 DEBE SER ELIMINADO PORQUE RESTRINGE EL DERECHO A MEDICAMENTOS ACCESIBLES
Alianza Civil por el Acceso a Medicamentos
Probablemente todos conocemos la dificultad de la población guatemalteca para acceder a medicamentos a un precio razonable, así como las dificultades presupuestarias del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS- para dotar de suficientes medicamentos a los servicios nacionales de salud.
Este es uno de los aspectos que afecta la salud de la mayoría de la población y también el precario presupuesto familiar.
El año pasado, ante presiones del gobierno de EE.UU., el Congreso aprobó el decreto 9-2003 que restringe aún más el acceso a medicamentos genéricos que son de bajo costo. Para producir genéricos, las compañías que fabrican medicamentos necesitan "datos de prueba" que es la información obtenida en la fase de investigación del medicamento; esos datos los poseen las compañías farmacéuticas transnacionales.
Con el nuevo decreto 9-2003, las compañías que producen genéricos no pueden acceder a los datos de prueba durante al menos 5 años y, por lo tanto, no pueden producir medicamentos a menor costo. Además, introduce otras restricciones a la producción de medicamentos genéricos que también afectaran su comercialización.
El decreto 9-2003 afecta derechos que ya habíamos adquirido toda la población en leyes anteriores. La OPS, el MSPAS y la organización MSF fueron las primeras instituciones que tomaron conciencia de la gravedad del hecho y emprendieron acciones para que el decreto fuera derogado. Pese a ello, hasta el momento no ha habido voluntad política para hacerlo. Como dicho decreto constituye una violación a los derechos humanos, también la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- ha abierto un expediente sobre el caso.
Un ejemplo concreto del efecto perverso del decreto 9-2003 es que el Gobierno de Guatemala gastó casi 3 millones de quetzales más durante el 2003 con respecto al 2002 en un solo medicamento (filgastrim) utilizado entre otros en el tratamiento de pacientes con cáncer, anemia y sida debido a que se lo tuvo que comprar a un único proveedor de marca. Se ha calculado que el Estado tendrá que gastar de 5 a 7 veces más por comprar la misma cantidad de medicamentos si esta disposición continúa.
No debemos dejarnos engañar por el argumento de las trasnacionales, quienes dicen que los medicamentos genéricos son de mala calidad, o que ellas pierden dinero porque los productores de genéricos no gastaron en investigaciones para tener datos de prueba. Muchos estudios han demostrado que estas enormes empresas ya han recuperado y ganado mucho más dinero del que gastaron en las investigaciones (se calcula que las transnacionales farmacéuticas recuperan el costo de la investigación en un medicamentos con solo 1 año de venta del mismo) y que la mala calidad puede darse tanto en un medicamento de marca como en un genérico.
Producidos adecuadamente, los medicamentos genéricos tienen la misma calidad y eficacia que medicamentos de marca y cuestan mucho menos. Además, la producción de medicamentos genéricos es necesaria para asegurar el acceso de toda la población a los mismos, para presionar por medio de la competencia a las transnacionales para que bajen sus precios y para evitar el monopolio. La verdadera preocupación de las empresas transnacionales es no perder ni un centavo de sus ganancias, pues actualmente la industria farmacéutica es una de las más rentables del mundo.
Esta ley es una violación a los derechos de los guatemaltecos. La Constitución, el Código de Salud, y los Acuerdos de Paz garantizan a los guatemaltecos la accesibilidad a medicamentos, pero el gobierno no está cumpliendo con su obligación.
Restricciones más graves para el acceso de la población a los medicamentos genéricos están incluidas en el CAFTA (el TLC o tratado de libre comercio entre Centroamérica y EE.UU.). El gobierno de Guatemala firmó el CAFTA en enero de 2004 y el tratado podría entrar en vigencia si se ratifica por el Congreso este año.
La Alianza Civil por el Acceso a Medicamentos exige al gobierno la eliminación del decreto 9-2003 y llama al Congreso a no ratificar el CAFTA Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones populares y a la población en general para sumarse a las acciones de presión hacia el Estado, pues a través de un esfuerzo masivo y unificado podremos garantizar nuestro derecho a medicamentos a bajo costo.
La salud no es negociable. Los medicamentos no deben ser un lujo.
Alianza Civil por el Acceso a Medicamentos
Guatemala, Marzo del 2004.
Alianza Civil por el Acceso a Medicamentos (ACAM), está integrada entre otros por la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA, la Asociación de Estudiantes de Medicina de la USAC, la Fundación Unidos Contra el Cáncer y las Universidades San Carlos y Rafael Landivar. Cuenta con el apoyo técnico de la OPS, Unicef y MSF. Para mayor información, llamar a los teléfonos: 830-8557 o 220-6042
Enviado a E-farmacos por Natalia Herce (natalia.herce@medicusmundi.es)
COLOMBIA: AVANZA EL MONOPOLIO EN MEDICAMENTOS Y AGROQUÍMICOS
Resumido de: Jorge Enrique Robledo Castillo, Argenpress (Argentina), 8 de marzo de 2004
El gobierno, a través del Invima, acaba de otorgarles a las trasnacionales el monopolio por cinco años sobre ocho medicamentos, y se sabe que prepara resoluciones iguales para 34 más, por lo que se dispararán los precios de esos productos y aumentarán los padecimientos de los colombianos, la mitad de los cuales carece de cualquier derecho a la salud por causa de la Ley 100. Y también sufrirá la producción y el empleo en el país, al lesionarse la industria farmacéutica nacional. Pero peor que la medida es la manera como se llegó a ella y lo que significa.
La decisión tiene origen en la norma que le entregó en bandeja de plata Uribe Vélez a Bush el día en que acordaron profundizar el ‘libre comercio’ entre los dos países. El Decreto 2085 ‘fue producto de las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y del gobierno de Estados Unidos, que condicionó la renovación de las preferencias arancelarias (Atpa) a la expedición del decreto’. Y la medida, mala de por sí, terminó peor con la elaboración de una simple acta por parte del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, quien tiene como máxima que la felicidad nos llegará a los colombianos si primero hacemos felices a los monopolistas gringos.
Lo ocurrido es otro paso en la ofensiva de las multinacionales estadounidenses por imponer el “libre comercio” en Colombia, incluso con normas que van más allá de las de la OMC, lo que se traduce en el establecimiento del monopolio y de los altos precios que vienen con este, el sueño supremo de los más voraces de los inversionistas. En la globalización neoliberal el “libre comercio” y su negación, el imperio de los monopolios, significan lo mismo. De ahí que también por maniobras de los monopolistas extranjeros y del gobierno se hubiera hundido a última hora la “Ley antitrámites”, que tenía un artículo aprobado en las plenarias de Cámara y Senado estimulando la competencia en el sector de la farmacéutica.
De otro lado, las políticas de estas transnacionales no solo hacen daño en la búsqueda de su objetivo final, que esperan lograr con el ALCA y el TLC, de elevar el precio de los medicamentos en Colombia en 777 millones de dólares al año, según cálculos realizados por Fedesarrollo. También lograron elevar las importaciones de sus productos al país. Mientras en 1991, cuando empezó la apertura, esas importaciones llegaban a 36 millones de dólares, para el 2001 aumentaron a 600 millones de dólares, una cifra parecida a lo que suman las exportaciones de flores, lo que llevó a que, porque ese era su propósito, sus plantas de producción instaladas en el territorio nacional disminuyeran de 32 a siete, y las que quedan operen a medias porque se dedican principalmente a negocios de intermediación.
El pretexto para estos despropósitos es la tan cacareada “defensa de la propiedad intelectual”, la cual no pasa de ser una serie de estipulaciones arbitrarias redactadas por las transnacionales en su beneficio, normas que además sus abogados malinterpretan a su antojo contando con la alcahuetería gubernamental. Cada día es más notorio que las ganancias de muchos monopolios no devienen de lo que saben de farmacia, ingeniería o telecomunicaciones, sino de las normas y contratos que redactan sus rábulas.
Mientras en muchos países del mundo subdesarrollado crece la resistencia de los gobiernos en contra de que las trasnacionales de la farmacéutica le nieguen la salud y hasta la vida a millones con la disculpa de promover la investigación, en Colombia se actúa en la dirección contraria y se toman medidas que incluso se anticipan al ALCA y el TLC.
En la defensa de la producción y el trabajo nacionales hay que refutar los infundios que lanzan los interesados contra los medicamentos y agroquímicos genéricos, acusándolos de ser ineficaces. Porque estos son iguales a los “de marca”, solo que sus componentes activos no tuvieron o ya perdieron las patentes que les garantizan a las trasnacionales el monopolio de su producción y comercio.
REPÚBLICA DOMINICANA: INDUSTRIA FARMACÉUTICA BUSCA EVITAR QUE EL CONGRESO APRUEBE TLC
C. Acosta, Listín, 18 de marzo de 2004
La Industria Farmacéutica Dominicana (Infadomi) advirtió ayer que se mantienen las amenazas para la subsistencia del sector, luego del acuerdo comercial pactado con EE.UU., por lo que anuncia que dirigirá su lucha hacia el Congreso Nacional. Leyla Mejía Roldán, Directora Ejecutiva de la entidad, valoró ayer el esfuerzo de los negociadores dominicanos para que la industria farmacéutica nacional fuera menos afectada, pero en vista de que la forma alcanzada en la modificación a la patente industrial continúa afectando al sector, buscan concienciar a los legisladores para que no aprueben el TLC. Mientras que asesores legales, que rehusaron identificarse, aducen que el país pierde con el acuerdo arribado en la aplicación de la ley 173, sobre representantes de marcas de fábricas.
La Infadomi se ha reunido con los negociadores dominicanos tanto en el país como en Washington en la tercera y última rondas con la finalidad de llevar hasta el final la posición del sector y lograr que la industria salga lo menos afectada. Según Mejía Roldán se hizo lo posible para evitar que se incluyeran artículos en el texto del acuerdo, pero al final no hubo cambios de contenido, por lo que se mantienen firme en su oposición al TLC.
Explicó que hubo cambios en cuanto a la forma en lo relativo a normas aclaratorias que ”amortiguan” los efectos que afectan la farmacéutica nacional.
Los artículos que rechazan tienen que ver con la compensación de los retrasos en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi) o en Registro Sanitario en Salud Pública, con el plazo de la patente. El equipo negociador dominicano logró mayores plazos de transición, hasta el 2007, que los obtenidos en Centroamérica, lo que dará más tiempo para amortiguar los efectos, ”es decir, es un cambio de forma, pero no de fondo”. Mientras que en cuanto a la información no divulgada se mantiene el artículo de fondo; se hacen notas aclaratorias en cuanto a la forma sobre el sistema de registro que se realiza en el país, para ver si mediante legislación interna se puedan hacer cambios que permitan evitar los efectos del pacto. Dijo que el tema farmacéutico sobrepasa la actividad comercial y llega a ser un problema social, de salud pública, desde que no haya acceso a los medicamentos.