Comentario de Essential Action en referencia a las negociaciones del Grupo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual al cierre de la 61^ava Asamblea Mundial de la Salud
24 de mayo de 2008
Traducido por Boletín Fármacos

La 61ª Asamblea Mundial de la Salud se realizó en Ginebra, Suiza, del 19 al 24 de mayo pasado, con la participación de delegaciones de alrededor de 180 países, expertos de distintas partes del mundo y representantes de instituciones de la sociedad civil.

El autor de estas notas asistió a la Asamblea por honrosa invitación de HAI Global (Acción Internacional para la Salud), como único representante de las ONG de la salud de América Latina. Asistieron también en representación de las ONG de la salud el Director y los altos ejecutivos de HAI Global, los coordinadores de HAI Europa y HAI Asia Pacifico, y sendos representantes de las ONG de la Unión Europea, Asia Pacífico y África, EE.UU. y Canadá, EFTA, Alemania, Hungría, Lituania y Ucrania.

El hecho más destacado de este evento internacional, desde el punto de vista del futuro de la salud en el mundo en desarrollo, fue que la Asamblea adoptó, mediante Resolución del 24 de mayo, la Estrategia Mundial sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual –en adelante la Estrategia Mundial o simplemente la Estrategia-, que, en concepto de reconocidos analistas internacionales, que nosotros compartimos, constituye “el documento mundial más importante sobre propiedad intelectual y salud pública desde la Declaración de Doha” [1]. Inclusive algunos la han catalogado como de mayor trascendencia que la Declaración de Doha, ya que no sólo reafirma los principios y los derechos consagrados en la Declaración, en particular el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar al máximo las flexibilidades previstas en el ADPIC para la defensa de la salud pública y de promover el acceso a los medicamentos para todos, sino que abarca muchos nuevos temas, algunos de los cuales eran considerados inconsensuables.

Conviene resaltar que la Resolución se aprobó por consenso, lo que significa que todos los Estados Miembros de la OMC, incluidos EE.UU., los integrantes de la Unión Europea, los integrantes de la AELC y Colombia están comprometidos a respetarla y aplicarla.

La Estrategia está contenida en un documento de 52 páginas, que comprende tres partes: la Resolución Aprobatoria (3 páginas), la Estrategia (19 páginas) y el Plan de Acción (30 páginas). Este último deberá ser completado por la OMS en los próximos meses en lo relativo al calendario y la estimación de las necesidades de financiación. El texto oficial del documento (versión en inglés y en español) puede encontrarse en la siguiente dirección de Internet:

Es muy importante tener en cuenta que la Estrategia es el resultado de una conclusión profunda y grave a la que llegaron órganos de la OMS tras de 5 años de investigación y deliberaciones [2]: El modelo de incentivos para la innovación sanitaria vigente, basado en las patentes y la perspectiva de altos precios de monopolio, no sirve a los países en desarrollo. No sirve porque no se traduce en medicamentos y otros productos para las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a la población de esos países (las llamadas enfermedades “desatendidas”, como malaria, tuberculosis, leishmaniasis, Chagas, dengue, lepra, etc.), sino para las enfermedades de los países ricos (diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.), porque las primeras no representan un potencial de mercado atractivo. Además, porque si bien es cierto que hay algunas innovaciones para las enfermedades de los países ricos, que obviamente también son causas importantes de enfermedad y muerte en los países pobres, también lo es que los frutos de esas innovaciones no son accesibles para los pacientes o los sistemas de salud de estos últimos, debido a los altos precios.

La Estrategia se fundamenta, además, en el reconocimiento de “la creciente carga de morbilidad que afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo”, donde vive el 80% de la población mundial, lo que hace necesario redoblar esfuerzos para desarrollar nuevos medicamentos destinados a combatir las enfermedades que los agobian y para asegurar el acceso de todos a los productos existentes.

Consecuente con lo anterior, la Estrategia establece una nueva manera de concebir la innovación y el acceso a los medicamentos, con miras a la satisfacción de dos necesidades fundamentales: fomentar la investigación y el desarrollo (I&D) de medicamentos y otros productos necesarios para resolver los problemas de salud prioritarios del mundo en desarrollo, basadas no en el mercado sino en las necesidades reales de salud, y mejorar el acceso de la población de estos países tanto a los productos resultantes de este esfuerzo innovador como a los que ya están en el mercado.

Lo anterior implica, según la propia Estrategia, i) evaluar y priorizar las necesidades de investigación de los países en desarrollo con respecto a las enfermedades que los afectan, ii) crear y mejorar la capacidad de innovación tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo en función de tales necesidades, iii) identificar incentivos para los inventores desligados de los precios de monopolio, iv) asegurar mecanismos de financiación sostenibles a largo plazo, y v) estimular la discusión de un Tratado de I&D que incluya un acuerdo por el que todos los países contribuyan al éxito de esta causa, en la medida que se los permita su nivel de riqueza.

En nuestra opinión, estas tareas deberían significar nada menos que la revisión del Acuerdo sobre los ADPIC, con miras a poner el sistema de propiedad intelectual y el modelo de I&D al servicio de la salud de los pobres. Hasta ahora ambos han estado, casi siempre, al servicio de los intereses comerciales. Cada vez que se sientan el gobierno de un país desarrollado y el de un país en desarrollo a dialogar sobre propiedad intelectual, es para concebir mecanismos, no para el fortalecimiento de los derechos del consumidor ni para asegurar el equilibrio entre derechos y obligaciones de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sino para el fortalecimiento de los estándares de protección vigentes. En el caso del Acuerdo de Asociación CAN-UE, por ejemplo, la propuesta de la UE sobre PI comienza anunciando que el objetivo es “alcanzar un adecuado y efectivo nivel de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual”, para nada menciona los derechos de la sociedad. En adelante postulados como éste serán contrarios al espíritu de la Estrategia Mundial y al compromiso asumido por todas las naciones al aprobarla.

En palabras la Dra. Margaret Chang, Directora General de la OMS, la Estrategia Mundial es “Un enorme paso hacia adelante para la salud pública. Con él, la salud avanza hacia la satisfacción de dos necesidades fundamentales y de larga data: mejorar el acceso a las intervenciones existentes e incluir enfermedades de los pobres en la vocación de desarrollo de nuevos productos. Este es un gran adelanto para la salud pública, y los felicito a todos. Es un adelanto que beneficiará a millones de personas durante muchos años. Constituye una contribución sustancial a la imparcialidad en la salud. Es salud pública preventiva en su esplendor” [3].

Otro hecho que imprime trascendencia a la aprobación de la Estrategia es que con ésta los gobiernos del mundo entero han colocado a la OMS en el centro de la formulación de políticas de propiedad intelectual e innovación sanitaria a nivel global, como corresponde a su objetivo constitucional de “alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”.

En efecto, aun cuando las “partes interesadas” en la Estrategia son muchas -los Estados Miembros de la OMS, organizaciones intergubernamentales internacionales invitadas, como OMPI, OMC y UNCTAD, y otros agentes invitados, como las instituciones nacionales e internacionales de investigación, las instituciones académicas, la industria farmacéutica, las ONG, etc.-, es claro que la OMS es la entidad responsable de su ejecución, así como de la coordinación de las instituciones invitadas a adoptar medidas para su implementación, del apoyo a los Estados Miembros para su aplicación, de la conformación de un grupo de expertos encargado de examinar la actual financiación de las necesidades de investigación e identificar nuevas fuentes de financiación para estimular dichas actividades, y de la labor de seguimiento y evaluación, que incluye informar periódicamente los progresos a la Asamblea Mundial de la Salud.

De esta manera, la Asamblea Mundial de la Salud asignó a la OMS “una función estratégica y central en la relación entre la salud pública, la innovación y los derechos de propiedad intelectual”, y así resolvió el debate que se había planteado entre los Estados Miembros en torno al grado de participación que corresponde a la OMS en cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Como es sabido, alrededor de este debate se formaron tres grupos de países, a saber:
i) Un grupo integrado por EE.UU., Japón y Colombia, profundamente identificado con los intereses de la industria farmacéutica internacional y las industrias biotecnológicas, grandes beneficiarias del actual modelo de propiedad intelectual, que abogaban por una participación
limitada de la OMS, con el argumento de que la propiedad intelectual no tiene ninguna relación con el derecho a la salud;
ii) Una muy fuerte coalición de países en desarrollo, liderada por Brasil y Kenia, con una visible participación de países como Argentina, Chile y Venezuela en América Latina, India, China y Tailandia en Asia, y África del Sur en África. Su pretensión era otorgar a la OMS un mandato amplio y sustancial, que le devuelva el liderazgo de la innovación en salud y le otorgue herramientas para enfrentar las consecuencias sanitarias de las decisiones comerciales, y
iii) Un grupo integrado por la Unión Europea y Canadá, que buscaba posiciones intermedias y puntos de encuentro.

Duele registrar que el consenso de las Naciones Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud a favor de la injerencia central de la OMS en estas materias “se produjo –según comentarios de algunos delegados- a pesar del Gobierno colombiano, pues su representante –un funcionario de la Cancillería- hizo causa común con EE.UU.”. Igual ocurrió con el contenido mismo de la Estrategia, al punto que “varios temas de beneficio para la salud de los países en desarrollo, como algunos relativos a criterios de patentabilidad y protección de datos de prueba, no pudieron ser incluidos en atención al veto del binomio EE.UU.-Colombia, contra el parecer del resto de países en desarrollo”. También quedaron por fuera las cinco acciones encaminadas al Inicio Rápido del Plan de Acción, así como una referencia que se hacía a la salud como derecho fundamental “con preeminencia sobre el comercio”.

La sensación que el vocero colombiano dejó entre las delegaciones fue que “sus posiciones extremas en los temas de fondo y su actitud poco diplomática no podían obedecer a instrucciones de la Cancillería, sino a intereses de otra índole. Esto motivó la decisión de no incluirlo en la subcomisión encargada de la redacción final del texto de la Estrategia, lo que de alguna manera facilitó el consenso”.

Además de la conclusión de la Comisión CIPIH citada atrás, según la cual el modelo de estímulos a la innovación en materia de salud, basado en las patentes y la expectativa de precios altos, no sirve al mundo en desarrollo, la Estrategia Mundial está inspirada en los siguientes principios fundamentales, entre otros:

– La salud es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
– Los derechos de propiedad intelectual no deberán impedir que los Estados Miembros de la OMS adopten medidas para proteger la salud y utilicen al máximo las salvaguardas de la salud establecidas en el ADPIC y reafirmados en la Declaración de Doha, en particular las licencias obligatorias.
– La protección de los derechos de propiedad intelectual deberá contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia de la tecnología, de modo que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.
– Las actividades de I&D de los países desarrollados deben tener más en cuenta las enfermedades de los países en desarrollo. Para ello se requieren incentivos basados no en consideraciones sobre el tamaño del mercado, sino sobre las necesidades reales de salud.
– Urge promover el desarrollo de los productos sanitarios que necesitan los países en desarrollo, los cuales deben estar disponibles en cantidades suficientes y ser accesibles para todos.
– El fomento de la competencia, particularmente la producción y oferta de versiones genéricas, puede mejorar la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos y otros productos sanitarios.
– Para reducir los precios de los productos sanitarios y aumentar la accesibilidad, deben eliminarse los aranceles de importación, reducirse los impuestos, y monitorearse las cadenas de distribución y las prácticas de adquisición, a fin de reducir al mínimo los costos.