Europa

España: La OCU denuncia que el actual sistema de patentes de fármacos beneficia a los laboratorios, no al paciente
Contribución de Judit Rius para el Boletín Fármacos en base a: Laboratorios: Innovan cada vez menos, Revista OCU-Salud febrero 2008, nº 76. Artículo completo disponible en: www.medicuba-europa.org/IMG/pdf/Laboratorios_OCU_0002-3.pdf

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) considera que el actual sistema de patentes está favoreciendo claramente el beneficio industrial de los laboratorios en detrimento del derecho a la salud de los ciudadanos.

Esta es la conclusión más relevante que se extrae del artículo publicado en la revista OCU-Salud del mes de febrero (nº 76).

La industria farmacéutica ha impulsado la extensión del sistema de patentes, presionando a los países en desarrollo para que este sistema sea respetado. El argumento que utilizan es que sin patentes no hay innovación ni progreso, sin embargo, la OCU afirma que el sistema de patentes actual es ineficiente, menos de una cuarta parte de los fármacos que se ponen en el mercado son innovadores. Además, el coste real de la investigación no sólo recae en las compañías, aunque estas sostienen que la mayor contribución la realizan ellas, los gobiernos y consumidores financian el 84% de la investigación en salud, el 12% corresponde a los laboratorios y un 4% a organizaciones no lucrativas.

Otro mito que cae es el referido al coste de investigación de los fármacos. La industria afirma, basándose en un estudio, que cada nuevo fármaco que pone en el mercado requiere más de US$800 millones en investigación, sin embargo, varios estudios que recopilaron datos de 117 proyectos de investigación concluyeron que el coste real rondaba los US$78 millones.

Las comisiones autonómicas de evaluación de productos farmacéuticos en España coinciden en señalar que sólo un pequeño porcentaje de los nuevos medicamentos aportan alguna ventaja terapéutica. La OCU denuncia que en España un medicamento para ser aprobado sólo tiene que demostrar que es seguro e igual de eficaz que los que ya existen, no que es más eficaz que otro. Las farmacéuticas son cada vez menos eficientes, pero siguen reclamando seguir siendo financiadas con el dinero extra que estamos pagando todos los consumidores.

La OCU denuncia que, para marcar el precio, las farmacéuticas no tienen en cuenta el coste real de producir el medicamento. El laboratorio podrá sacar un fármaco con un precio más elevado cuantos menos fármacos competidores haya en el mercado. Mientras que hasta un 35% de los ingresos se van en promoción y publicidad, el gasto en investigación no supera el 20% de estos ingresos. Los márgenes netos de la industria farmacéutica rondan el 18%.

La OCU considera que la mejor vía para reducir el enorme gasto farmacéutico es promover los medicamentos genéricos. Las farmacéuticas lo saben y tratan de entorpecer la llegada de los genéricos al mercado, hasta tal punto que Farmaindustria llegó a lanzar una campaña de desprestigio de los genéricos bajo el lema, “¿A qué la marca importa?”

La OCU cree necesario reformar el sistema de patentes, que lejos de fomentar la innovación, está favoreciendo el beneficio industrial de los laboratorios en detrimento del derecho a la salud de los ciudadanos y por tanto, se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y Consumo para que promueva:

– La revisión del sistema internacional de patentes, de forma que el número de años de explotación exclusiva sea proporcional al beneficio que el medicamento aporta a la salud pública. Para demostrar este beneficio, los laboratorios deben realizar estudios clínicos comparando su fármaco con el mejor tratamiento existente, no con un placebo como ahora es habitual.
– La búsqueda de distintas vías de apoyo a la innovación, destinando más fondos públicos a la investigación básica y evitando que se utilicen para financiar estudios sin valor terapéutico.
– Una mayor transparencia a la industria farmacéutica y un estricto cumplimiento de las limitaciones en materia de publicidad y promoción de los medicamentos.
– La evaluación coste/efectividad de los nuevos fármacos para decidir si se van a financiar o no dentro del sistema nacional de salud.

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