ECONOMÍA Y ACCESO

Tratados de libre comercio, exclusividad en el mercado y patentes

Brasil. Ley de patentes obliga a gastar R$123 millones más en 4 medicamentos
Ligia Formenti y Felipe Recondo
O Estado de S. Paulo, 21 de febrero 2011
Traducido por María Duke dos Santos

http://www.progenericos.org.br/noticia1.php?id_noticia=156

En un periodo de 19 meses, el Brasil gastó R$123 millones más en la compra de la versión patentada de cuatro medicamentos distribuidos a través del sistema público de salud.  El valor se refiere al dinero que el gobierno economizaría si comprara las mismas drogas en países donde se venden en la versión genérica.

Cápsulas de ritonavir: los medicamentos contra el sida están entre los que resultaron más caros para el país por la ley de patentes.  Esto se debe a un mecanismo llamado pipeline – que reconoce la patente concedida en otros países antes de que la ley brasileña sobre el tema entrara en vigor en 1996. En la práctica esto impide que el Brasil quiebre la patente de esos medicamentos o que compre su versión genérica a precios más bajos en el exterior.

Hace dos meses ONGs brasileñas y de otros 26 países tomaron como bandera el terminar con el sistema de pipeline para intentar  detener el juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) de una acción directa de inconstitucionalidad (Adin) sobre patentes de medicamentos.

La Adin, propuesta en mayo de 2009, pide la revocación del sistema  pipeline.  Si la acción es considerada procedente por el STF, las patentes que Brasil ha concedido automáticamente a por lo menos 440 medicamentos pasarían a ser consideradas inválidas – y se podría inicio a la producción de la versión genérica de esas drogas.

“Estamos hablando de mucho dinero que podría ahorrarse y también de más personas con acceso a tratamiento”, afirma Gabriela Chaves, farmacéutica de Médicos Sin Fronteras.

A petición del gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Propiedad Intelectual calculó que entre mayo 2009 y diciembre de 2010 el gobierno gastó R$123 millones más de lo que hubiera sido necesario en la compra de cuatro medicamentos protegidos por patentes.  Los medicamentos son: olanzapina, usado para el tratamiento de la esquizofrenia; imatinib, indicado para el tratamiento de un tipo de cáncer; atorvastatina, recetado para reducir el colesterol; y lopinavir/ritonavir, un anticido. La olanzapina perdió la patente en abril de 2010. Por eso, en el cálculo realizado, se consideran los gastos solamente hasta ese periodo.

La ley de patentes de l996, preveía que, hasta 1997, las empresas interesadas podrían presentar sus solicitudes de patente por medio del proceso pipeline. “Corremos contra el reloj. Parte de las patentes ya expiraron.  En teoría, las últimas deben terminar hasta 2017”, afirmó la abogada del grupo Conectas, Marcela Cristina Fogaça Vieira.  “La versión genérica de un medicamento puede tener un impacto extremamente significativo en el presupuesto.” La diferencia puede verse con la onlazapina.  En 2010 el Brasil pagó por una de las presentaciones 142,83 veces más de lo que habría desembolsado con la adquisición de una versión genérica del producto.

Igualdad.  La acción directa de inconstitucionalidad fue propuesta por el entonces procurador general de la República, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, en representación de la Federación Nacional de Farmacéuticas. Entre los argumentos figura que el pipeline va en contra el principio de igualdad: las patentes aprobadas por ese sistema no fueron analizadas como las del resto de los medicamentos.  El pedido era automáticamente aceptado: bastaba que se comprobara la existencia de la patente en otros países en el periodo anterior a l997. Además de eso, la tesis es que, como Brasil no reconocía hasta 1996 patentes para medicamentos, cualquier producto hasta aquella fecha debería ser considerado como de conocimiento público.  “El pipeline ocurrió por opción del Legislativo.  Nada obligaba al país a adoptar esa medida”, dijo Gabriela.

Después de proponerse la acción, varias instituciones pidieron participar en el juicio, incluyendo la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Así que el STF recibió el proceso, la ministra Carmen Lucia decidió que no analizaría la solicitud de retirar el permiso y adoptó un rito abreviado para juzgar el proceso. Ella encaminó el proceso para que la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Unión se manifestaran sobre el asunto.  Todas las informaciones, incluso el parecer del Ministerio Público, fueron enviadas al STF hasta marzo del año pasado.  Desde entonces el proceso aguarda el análisis de la ministra.  “Estoy trabajando en el proceso”, afirmó la ministra.  Ella no aclaró, sin embargo, cuándo llevará el proceso a juicio.

Diferencia de precio

El gobierno brasileño pagó 17,99 veces más por la versión de marca del Imatinib en 2010 en relación al genérico disponible en el mercado internacional. 10,64 veces más fue lo que costé a los cofres públicos en 2010 la compra del remedio atorvastatina de marca, en comparación a la versión genérica de la misma droga.