En caso de conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, debe prevalecer ésta última.

Es el espíritu de la Declaración de Doha, en 2001.

La afirmación viene bien cuando le llegó la hora al Ministro de Salud para decidir si declara o no de interés público el anticancerígeno biotecnológico Imatinib y, en consecuencia, lo somete a licencia obligatoria. La historia es larga y compleja, pero lo esencial es lo siguiente.

A finales del siglo pasado un grupo de científicos en los Estados Unidos descubrió una substancia que inhibe la enzima tirosina kinasa, característica de ciertas células cancerígenas, y responsable de su reproducción patológica. Por sus excelentes resultados – controla el 90% de los casos de Leucemia Mieloide Crónica, LMC, – el medicamento se convirtió en la principal arma contra ella y otros tumores malignos.

Obviamente, no todo es color de rosa. El Imatinib, comercializado por la multinacional Novartis como Glivec, tiene graves efectos secundarios, como casi todos los anticancerígenos. Y tiene también costos altísimos y muy diferentes entre países. En EE UU, por ejemplo, el tratamiento anual por persona costaba en 2013 US$90.000, mientras en España costaba la mitad. Ya en 2012 Novartis había obtenido US$4.700 millones de ganancias por el medicamento.

Es lógico que las empresas que invierten en investigación recuperen su inversión y tengan un margen razonable de utilidades. Pero otra cosa es la ganancia desmedida a costa de la salud y hasta la muerte de quienes no pueden comprar el producto, o de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud.

En noviembre de 2013, un grupo internacional de 120 especialistas en LMC publicó justamente un documento llamando la atención sobre los costos excesivos del medicamento y la consiguiente imposibilidad de muchos pacientes para obtenerlo.

En Colombia ha sido turbulenta la trayectoria del Glivec. En 2003 la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le negó su patente a Novartis. En 2012 el Consejo de Estado, con posibles complicidades institucionales según la Federación Médica Colombiana (FMC), ordenó a la SIC conceder la patente. De inmediato Novartis trató de imponerse a los competidores, que llegaron a ofrecer el producto por un precio inferior hasta en un 80% al de la marca monopólica. Según el Observatorio del Medicamento, Observamed, de la misma FMC, el Glivec le pudo haber costado al país unos Pco400.000 millones (1US$=Pco2.931,4) entre 2008 y 2014.

En noviembre de 2014 las Fundaciones Misión Salud, Ifarma y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional le solicitaron al gobierno declarar el medicamento de interés público y, en consecuencia, someterlo a licencia obligatoria. Meses después la FMC y su Observamed respaldaron la solicitud.

Las licencias obligatorias son un mecanismo de salvaguardia de la salud pública autorizado por el artículo 31 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, y el literal b del artículo 5 de la declaración de Doha y consiste en que, por razones de interés público, los gobiernos pueden autorizar la producción, importación y comercialización de versiones genéricas de un medicamento patentado, buscando reducir sus costos y facilitar el acceso.

El pasado 24 de febrero el Comité Técnico, conformado para estudiar la posible declaración de interés público del Glivec, envió su concepto al Ministerio de Salud recomendando, con sólidos argumentos económicos, éticos, jurídicos y de salud pública, “la declaración de la existencia de razones de interés público sobre el imatinib, con fines de licencia obligatoria”.

Está entonces en manos del Ministro de Salud la inminente decisión final. No es sólo una cuestión contencioso-administrativa. Es una decisión de Estado en representación de los intereses de la ciudadanía. Sería una buena señal que, al menos en este caso, primaran la dignidad y la salud pública. Ojalá también se multipliquen las voces y manifestaciones de los distintos sectores sociales por esta causa, emblemática en la lucha constante por el derecho efectivo a la salud.