A menudo excluidas del debate que se produce en los foros internacionales en los que se discuten la financiación y el acceso a las innovaciones, las organizaciones de la sociedad civil han aprovechado la consulta abierta por el panel de expertos de la ONU para plasmar su punto de vista. Sus proponentes plantean a Naciones Unidas que lidere dos grandes iniciativas: una para expandir la transparencia en el sector farmacéutico y otra para iniciar un proceso que permita llegar a un nuevo modelo de I+D biomédica, ligado a los conceptos de salud pública global, calidad, universalidad y accesibilidad.

La primera, firmada por un total de 17 organizaciones, nace de la convicción de que los gobiernos deben poner límites a las reclamaciones que consideran que se debe denegar el acceso a determinadas informaciones de carácter económico o científico sobre la base de que representan información confidencial. Su objetivo es, por tanto, “redefinir” el carácter de la información que hoy se guarda bajo llave, y que abarca casi todas las fases de producción de un medicamento: desde la financiación (pública o privada) de su I+D a los costes de comercialización, pasando por los ensayos clínicos, los costes de producción o los precios. “No se trata de si la empresa quiere que la información sea confidencial, sino de si su divulgación, va en beneficio del interés público”, señala la propuesta.

Implementando la transparencia

Para ello plantean dos posibles vías de implementación. La primera solicita el liderazgo de Naciones Unidas para expandir progresivamente, y desde el punto de vista legislativo, la transparencia en el mercado de medicamentos, vacunas y test diagnósticos, en línea con algunas iniciativas ya existentes, como son el Medicines Patent Pool o los informes anuales que evalúan el Plan de Acción Mundial sobre la Vacunación de la OMS; o los precios dentro del Fondo Global para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria.

Si se optara por esta primera vía, Naciones Unidas tendría que escoger entre dos caminos. Por un lado podría desarrollar un “modelo de legislación” que introdujera las medidas de transparencia que los gobiernos pueden implementar en áreas específicas. Esta normativa estándar se presentaría y discutiría posteriormente a nivel nacional. Pero en lugar de redactar una propuesta, Naciones Unidas podría decantarse por iniciar el proceso normativo desde un nivel estrictamente político, en diálogo directo con los Jefes de Estado. Una tercera propuesta de la sociedad civil se alza como complementaria ante este escenario: la creación de un Fórum de Transparencia, anual o bianual, que evalúe los progresos en la materia.

Al margen del enfoque legislativo, también está la posibilidad de que la ONU lidere “una iniciativa de transparencia global para el sector farmacéutico”, en colaboración con los gobiernos, la industria, la sociedad civil y otros agentes. Si fuese aceptada, tomaría como referente la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), un programa que desde su implantación, en 2004, ha aumentado la transparencia de los pagos e ingresos de las empresas de los sectores minero o petrolero.

En línea con esta recomendación, las organizaciones de la sociedad civil denuncian, como ya hicieron las patronales de la industria de medicamentos genéricos y biosimilares, los límites a la transparencia que puede suponer la aplicación de algunas medidas incluidas en los tratados comerciales.

Un nuevo modelo de I+D

“Los altos precios son la enfermedad y desvincularlos de la I+D es la cura”. Bajo esta frase se presenta una propuesta firmada por 13 organizaciones en defensa de la Salud Pública. No es la única. Junto a ella, los expertos de la ONU han recibido otra muy similar, ésta refrendada por 17 organizaciones. Ambas critican un marco de investigación que no prioriza todas las necesidades de salud pública por igual. Citan como ejemplo los dos nuevos tratamientos que han visto la luz en los últimos 40 años para la tuberculosis, una enfermedad que mata a más de un millón y medio de personas al año; o el caso de las enfermedades tropicales, que pese a representar el 14% de la carga global de enfermedad, solo reciben el 1,3% de la financiación global.

La sociedad civil considera que el panel de expertos de las Naciones Unidas tiene una oportunidad sin precedentes y le otorga también la batuta del cambio. El objetivo de ambas propuestas es iniciar un proceso de diálogo entre los estados para negociar uno o varios acuerdos globales en el campo de la financiación, la coordinación y la ejecución de la I+D biomédica, coherentes con los principios de acceso universal a los medicamentos.

La primera contribución es flexible en relación a cómo ejecutar ese acuerdo, mientras se dirija de manera progresiva a implementar los mecanismos necesarios para desvincular los precios de la investigación y el desarrollo, ya que ésta es, a juicio de los autores, “la única política consistente con el objetivo del acceso universal y la eliminación de una política basada en los precios”. Se trata éste de un asunto que lleva 15 años en estudio dentro de la OMS, pero las discusiones se han producido básicamente entre los ministros de Salud. Las organizaciones firmantes creen que impulsar el debate entre los jefes de Estado generaría compromiso político y aumentaría los recursos necesarios para ello.

La segunda propuesta presenta un camino más marcado. Promover un nuevo acuerdo global de I+D biomédica que considere los medicamentos como un “bien público” debería incluir el compromiso de incrementar los fondos públicos en la investigación; la financiación de iniciativas de investigación que desvinculen el coste real de las labores de investigación y desarrollo del precio final y la creación de un Observatorio Global de la I+D, que permita identificar las necesidades sanitarias y animar la coordinación de los esfuerzos de investigación en áreas prioritarias. A corto plazo, esta iniciativa implicaría aumentar la transparencia en el sector farmacéutico. A largo plazo, requeriría el compromiso de los gobiernos de tener en cuenta factores como el nivel de desarrollo de cada país, el tamaño de cada economía y su capacidad de pagar, como premisa básica para adoptar un modelo como el que Bernie Sanders propuso en EE UU: un Fondo para la Innovación Médica que reestructure el sistema actual de financiación de la I+D como vía para reducir sus precios.