Es porque el Programa Médico Obligatorio no se actualiza hace 14 años. Y las obras sociales se niegan a solventar métodos de diagnóstico y terapias que son más modernos y eficaces.

Celeste Baroni se enfermó por esperar que atendieran las secuelas de dos ataques cerebrovasculares que afectaron a su padre. Sufrió por los reclamos insatisfechos por la obra social. “Primero dejé de trabajar para cuidar a mi papá, y después me enfermé con síndrome vertiginoso. Casi ni podía caminar por los mareos”, cuenta a Clarín. La obra social le sigue “bicicleteando” la atención adecuada del padre, y debió llevarlo a un geriátrico y poner dinero de su bolsillo. Tras años de reclamos, Baroni está esperando que la Justicia dicte sentencia favorable a una denuncia penal que presentó contra la obra social.

El caso de Baroni es muy común en la Argentina. Obras sociales y prepagas deben garantizar supuestamente el acceso a métodos de diagnóstico y tratamientos que fueron estipulados por el Programa Médico Obligatorio (PMO). Pero ese programa, creado en 1996, fue recortado en 2002 durante la crisis financiera, económica y social que enfrentó el país. Desde entonces, no se actualizó, y hay métodos de diagnósticos, como la ecografía dentro de las arterias coronarias, o tratamientos para diferentes enfermedades más eficaces que los que existían hace 14 años, que no son cubiertos.

La demora en la actualización del PMO llevó a que los pacientes y sus familiares acudan con más frecuencia a la Justicia para reclamar por su derecho humano a la salud. Y hasta el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, reconoció a Clarín el problema. “Los amparos en la Justicia son frecuentes, y se perjudica la buena atención de la salud de la población”.

Para Luciana Escati Peñaloza, presidente de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), “el sistema de salud es perverso: obras sociales y prepagas toman con frecuencia al PMO como un piso y se niegan a dar cobertura para nuevas intervenciones, cuando saben que la medicina avanza constantemente. Incluso, algunas entidades inducen a que el afiliado pida un certificado de discapacidad. Así, cubren las prestaciones y reciben reintegro del Estado”.

Ramiro Rey Méndez, presidente de la asociación civil sin fines de lucro AdusSalud, también señaló cómo funciona el sistema: “Tienden a diferir la cobertura y genera una rentabilidad mayor. El afiliado puede reclamar, pero el sistema judicial resulta funcional porque que las indemnizaciones son de bajo monto”. Entre las prestaciones actuales que obras sociales y prepagas se niegan a cubrir están las prótesis mamarias después de haber sufrido cáncer de mama, la rehabilitación después de un ACV o un accidente de tránsito, los tratamientos para trastornos poco frecuentes.

Según Marta Artigas, presidente de Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO), “ya hubo personas con cáncer que murieron porque la obra social se demoró en la entrega de los medicamentos. Si bien hay tratamientos que no garantizan la curación, hay que tener en cuenta que alargan la sobrevida, y cada paciente tiene derecho a vivir más tiempo”.

En el campo de los problemas cardiovasculares, que son la principal causa de muerte, aún hay problemas para acceder a la cobertura de los stents con liberadores de drogas, que se usan en casos de angina de pecho o en infartos, según contó a Clarín Oscar Mendiz, jefe del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Además, no se cubre con facilidad la implantación de válvulas aórticas por cateterismo, endoprótesis para aneurismas de aorta, y ecocardiografía 3 D, entre otras intervenciones nuevas que tienen sus beneficios demostrados.

Adrián Gadano, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, agregó que “en hepatología, la falta de ingreso al PMO de los nuevos tratamientos para hepatitis C, que ofrecen un porcentaje de curación superior al 95%, es un gran problema porque la mayoría de las obras sociales y prepagos no quiere cubrirlos”. Además de reconocer el problema, Lemus adelantó que “en las próximas semanas, el Gobierno mandará un proyecto de ley al Congreso para crear una agencia nacional de tecnología en salud, que estará a cargo de evaluar qué métodos de diagnósticos y tratamientos se cubrirán en base a la evidencia científica. La judicialización de los casos será innecesaria”. Aunque también quedará por resolver otra pata de los problemas de acceso a la atención médica. El sistema público de atención no está aún comprometido en garantizar el PMO a las personas sin obra social ni prepaga. Por lo cual, la inequidad en salud predomina.