Un particular presentó en el fuero federal una presentación contra el titular del INPI y los funcionarios Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana por el convenio firmado en febrero. Asegura que se violan leyes nacionales para “defraudar al Estado nacional en beneficio de las corporaciones monopólicas”. El programa piloto ya había sido cuestionado por perjudicar el acceso a los medicamentos.

Con la firma de un acuerdo en febrero de este año, se pondrá en marcha en el país el denominado Programa Piloto de Patentes de Prospección (PPH), una medida cuestionada por diversas entidades porque favorece la extensión de los derechos de exclusividad de los medicamentos, lo que se volverá un problema para el acceso a los tratamientos. La iniciativa, firmada por el titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), representa además un “conflicto de intereses, ya que el funcionario tiene lazos estrechos con la industria farmacéutica. Por esta situación, además del rechazo, esta semana se presentó una denuncia contra funcionarios nacionales, a cargo de esta medida, por violar las leyes nacionales y “defraudar” al Estado en beneficio laboratorios extranjeros.

La denuncia que impugna el acuerdo entre el INPI argentino y la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés) fue realizada por Fernando Miguez, y recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello. La misma apunta al titular de la entidad Dámaso Pardo, los funcionarios nacionales Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, y el asesor presidencial Carlos Grosso. Según el portal Minuto Uno, la acusación apunta a “la violación en la derogación de una ley nacional como excusa en la preparación de un ‘plan sistémico’, un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado nacional en beneficio de las corporaciones monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios”.

En la presentación judicial, se explica que “de esta manera, se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga)”.

Según aparece en la acusación, Peña, Lopetegui y Quintana habrían incurrido en “defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública”, entre otros delitos, al suscribir a un Convenio bilateral, presentado como “programa piloto”, que busca “evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos”.

El programa piloto PPH comenzó a aplicarse en Argentina desde el 3 de marzo pasado y durará un período de tres años que terminará el 2 de marzo de 2020. El período de prueba se puede extender si es necesario para evaluar adecuadamente la viabilidad del programa PPH, señala la versión en inglés. Y ambas oficinas evaluarán continuamente los resultados de la aplicación del PPH para determinar si se debe modificar el programa.

El PPH se pondrá en marcha en el país gracias al acuerdo de la INPI y la USPTO. El mismo fue cuestionado por varias entidades, como la Fundación GEP, que viene denunciando la tendencia a favorecer a la industria multinacional de las nuevas autoridades de la oficina nacional. “El acuerdo deroga de hecho la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”, destacó la entidad mediante un comunicado.

A esta situación, agregó la fundación, deben agregarse el “artilugio legal” de firmar el acuerdo como “programa piloto” para saltear su aprobación por el Congreso, paso necesario para cualquier convenio que modifique la aplicación de una ley nacional, y la capacitación del personal del INPI a cargo de la oficina de patentes estadounidense para que “los empleados y técnicos argentinos sigan los procesos de concesión de marcas y patentes de acuerdo a los parámetros establecidos en los Estados Unidos“.