“Bien, pero dime con qué lo reemplazaríamos.”

La respuesta en la sección de comentarios en línea a uno de mis artículos sobre el acceso a los medicamentos puede haber sido un poco brusca, pero el contenido era adecuado. Prácticamente a nadie, excepto a los directores ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas, les gusta el actual modelo de producción y distribución de medicamentos, sus precios son cada vez más altos y generan barreras de acceso que pueden ser mortales. Pero la pregunta sigue siendo: ¿son los monopolios, que resultan de las patentes y contribuyen al alto costo de los medicamentos para los pacientes, un mal necesario?

La respuesta a esta pregunta es no, y nunca se ha escrito de forma más convincente que en el nuevo libro de Dean Baker, Rigged: Cómo se estructuró la globalización y las reglas de la economía moderna para hacer a los ricos más ricos (Rigged: How Globalization and the Rules of the Modern Economy Were Structured to Make the Rich Richer). Baker es economista y codirector del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Washington DC, es una persona que tiene mucha fama y otros autores citan con frecuencia sus publicaciones y blogs sobre propiedad intelectual, políticas de empleo y globalización.

En Rigged, Baker vuelve a discutir el desafío que él y otros han mencionado con anterioridad: explicar cómo sería un sistema de medicamentos que respetara los principios del derecho humano a la salud y el acceso a los medicamentos como un imperativo moral, no para devengar beneficios extraordinarios. La explicación de Baker, que ocupa la mayor parte de un capítulo en Rigged, es la más accesible y convincente que se puede ofrecer.

Baker inicia su argumento en favor de un sistema de investigación financiado con fondos públicos haciendo referencia a tres premisas indiscutibles. En primer lugar, durante los últimos 40 años, se ha incrementado enormemente la protección de la propiedad intelectual, especialmente en el caso de los medicamentos. En EE UU, la ley Bayh-Dole de 1980 cambió el trato que siempre se había dado a los medicamentos; dejaron de considerarse un bien público y se permitió que entitades privadas reclamaran patentes monopólicas sobre los resultados de la investigación financiada por el gobierno. En 1995, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) obligó a la comunidad mundial a adoptar medidas de protección de patentes al estilo estadounidense. Desde entonces, se han firmado muchos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales “TRIPS-Plus” que fortalecen todavía más las protecciones monopolísticas que bloquean el acceso a los medicamentos.

En segundo lugar, Baker hace referencia a la investigación y el convincente análisis, especialmente de David Levine y Michele Boldrin, demostrando que los monopolios que generan las patentes, con sus incentivos para investigar productos que respondan a las necesidades de las clases altas del mundo y la cultura global del litigio proteccionista y secretismo, socaban la innovación.

La tercera y última premisa de Baker es la más importante: un sistema de medicamentos financiado con fondos públicos es factible porque, para todos los efectos, el sistema actual ya está financiado públicamente. Los gobiernos gastan anualmente miles de millones de dólares en la fase más arriesgada, las primeras etapas, de la investigación de medicamentos. Luego, a través de sus programas de atención médica, los gobiernos gastan miles de millones de dólares comprando los frutos de esa investigación a precios inflados por los monopolios.

Esos miles de millones de dólares que ya se están invirtiendo en un sistema disfuncional son la clave para la reforma. El grupo de comercio de la industria, PhRMA, afirma que sus miembros gastan US$50.000 millones anuales en la investigación de medicamentos. Esa investigación financiada por el sector privado es lo que se utiliza para justificar el actual sistema de patentes monopólicas y sus enormes ganancias. Pero ¿qué pasaría si dejando intacto el actual modelo de investigación de medicamentos pudiéramos encontrar los fondos públicos necesarios para reemplazar los fondos privados, o incluso obtener fondos adicionales?

Baker hace los cálculos matemáticos y los resultados son impresionantes. Sabemos, por toda la experiencia con los medicamentos genéricos que, si el gobierno deja de otorgar las protecciones monopólicas de las patentes a los medicamentos cuyo descubrimiento financia, el precio de esos medicamentos disminuye en promedio un 90% más. Como ejemplo tangible, los muchos medicamentos contra el cáncer que ahora cuestan más de US$100,000 anuales podrían estar disponibles por unos pocos miles de dólares, lo que los situaría en el rango de asequibilidad de los pacientes de medianos ingresos y podrían ser fácilmente subsidiados por los gobiernos para los pacientes de bajos ingresos.

La investigación financiada con fondos públicos y sin otorgar patentes a los medicamentos nuevos sería enormemente más eficiente y efectiva que la investigación privada que se realiza actualmente. La investigación financiada con fondos públicos evita el incentivo tóxico “yo también” que lleva a las corporaciones a invertir sus recursos en incrementar sus beneficios duplicando los medicamentos de grandes ventas que ya están en el mercado. Además, como los resultados de la investigación estarán disponibles públicamente, los investigadores podrán construir sobre los hallazgos de otros, y con ello dar un mayor impulso a la investigación.

Utilizando las estimaciones más conservadoras de los beneficios que aportaría este enfoque alternativo, Baker calcula que en EE UU se ahorrarían US$329.000 millones anualmente, varias veces más de lo que invierte la industria privada en investigación. Según su estimación más elevada se ahorrarían US$800.000 millones. Los cálculos de Baker están, sin duda, centrados en EE UU, pero señala que un sistema coordinado internacionalmente de apoyo a la I + D, como el acuerdo mundial de I + D que ya se está discutiendo en la OMS, seguiría los mismos principios.

El modelo de Baker para la investigación libre de patentes financiada con fondos públicos otorga un papel a la industria farmacéutica privada, asumiendo que pueda reorientarse hacia la innovación y el descubrimiento, en lugar de su actual modelo de negocio centrado en el marketing. Según su modelo, la financiación de la investigación sería parecida al sistema de contratación que utiliza el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que paga a las empresas privadas para llevar a cabo investigaciones que resultan en tecnología innovadora importante. La principal diferencia es que la compensación para la industria farmacéutica se hará por adelantado, a través de un concurso de ofertas para que la investigación sea de mayor interés público, en lugar de que la compensación consista en la manipulación de precios que hacen al final del proceso gracias al monopolio por las patentes.

Baker señala que esta estrategia ofrece a la industria farmacéutica continuidad en su relevancia e ingresos, aumentando la probabilidad de que se convierta en realidad. Pero no será fácil. El desvío de las ganancias de la industria hacia el cabildeo político, las contribuciones a campañas electorales y la mercadotecnia ha hecho que tengan mucha influencia política. Así que Baker también incluye un paso intermedio, financiar las fases de los ensayos clínicos que ahora financia el sector privado con fondos públicos. Son etapas de investigación que también han sido muy criticadas por su falta de transparencia, por estar ligadas al marketing en lugar de a la búsqueda de evidencia, y porque sus informes de resultados están sesgados a favor de la corporación que patrocina los ensayos. En un sistema financiado con fondos públicos que evite las distorsiones vinculadas a las recompensas que ofrecen los monopolios de las patentes, no hay incentivos para que se perpetúen esos defectos.

La descripción que hace Baker de su modelo contiene muchas las cifras y discusiones de precios basados en el costo marginal, la desaparición de costos innecesarios y elasticidad. Después de todo, es economista. Pero concluye su análisis alejándose de la hoja de cálculo y señalando el verdadero mensaje de fondo: El sistema actual de acceso a los medicamentos genera sufrimiento humano innecesario, y de forma generalizada. Un mejor modelo no solo ahorrará dólares, sino que salvará vidas.

Fran Quigley es profesor clínico y director de la Clínica de Salud y Derechos Humanos de la Escuela de Derecho McKinney de la Universidad de Indiana y coordinador de People of Faith para el Acceso a Medicamentos. Su libro, Prescription for the People: Guía de un activista para hacer que los medicamentos sean asequibles para todos, será publicado por Cornell University Press este otoño.