El 9 de febrero de 2018, la Administración de Trump publicó un documento del Consejo de Asesores Económicos (CEA) sobre los precios de los medicamentos. Se cree que el economista Tomas Philipson, nombrado al CEA en 2017, por el presidente Trump dirigió el documento sobre fijación de precios (https://www.keionline.org/24694). Philipson también es consultor de la Iniciativa Biden contra el Cáncer.

Gran parte del documento podría haber sido escrito por PhRMA, y se basó en argumentos y pruebas proporcionadas por muchos de los grandes consultores farmacéuticos, como Joseph DiMasi, Patricia Danzon, Ernst Berndt y otros.

Aquí puede obtener una copia [en inglés] del informe: CEA-Rx-White-Paper-Final2 https://www.keionline.org/wp-content/uploads/2018/02/CEA-Rx-White-Paper-Final2.pdf

Un tema ampliamente discutido en el informe es que los países extranjeros que toman medidas para frenar los altos precios de los medicamentos se aprovechan de EE UU, un argumento que parece estar en desacuerdo con la posibilidad de que EE UU emule esas medidas de moderación de precios.

La escasez de medicamentos patentados en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud se mencionó brevemente, pero en el contexto de sugerir que los pobres podrían, en su mayor parte, tener suficiente con los medicamentos sin patente, sin cuestionar el obvio doble estándar para la atención médica.

Las propuestas de medidas para determinar los precios en EE UU destacaron tanto por ser poco ambiciosas como por los detalles sobre su implementación. La propuesta de trasladar medicamentos para los beneficiarios de la Parte B a la Parte D de Medicare es un esfuerzo por evitar que el gobierno federal (la mayor agencia de compras y reembolsos del mundo, con gran diferencia) utilice su poder para negociar precios. No se mencionaron medidas como las licencias obligatorias de productos protegidos por patente, como estrategia para bajar los precios sin recurrir a formularios u otras restricciones de acceso.

El informe de CEA no menciona los medicamentos huérfanos ni una sola vez, a pesar de que el sistema de incentivos para el desarrollo y los precios de los tratamientos para enfermedades raras obviamente no funciona.

La discusión sobre la transparencia de los precios de los medicamentos necesita más contexto y detalles sobre la implementación, especialmente porque el informe recomienda que los que negocian la Parte D de Medicare tengan un papel más importante.

Sobre la falta de competencia de los biosimilares, el informe ignora la medida más importante, que es exigir un mayor acceso al proceso de fabricación y a los insumos, con el fin de reducir los costos y el tiempo que requieren los competidores para comercializar sus productos.

El informe no dice nada sobre las propuestas para usar los derechos de Bayh-Dole en investigaciones financiadas con fondos federales para bajar los precios, cuando el gobierno federal no tiene que pagar regalías y tiene los derechos decidir sobre el uso de las patentes (march in rights), y ha otorgado las licencias de muchos tratamientos costosos a compañías biofarmacéuticas.

Lo mejor que se puede decir sobre el informe es que después de más de un año, finalmente tenemos algo escrito sobre los precios de los medicamentos de la Administración Trump, y ahora está claro que las grandes farmacéuticas ha tenido una influencia importante para dejar como está la determinación de los precios de los medicamentos nuevos en el país y evitar medidas que puedan cambiarla. La principal diferencia sería castigar a cualquier país extranjero que desafiara los precios excesivos. Todo esto es decepcionante, y ahora esperamos ver cómo responderán los demócratas.

Lo que estamos esperando son medidas que harían lo siguiente:

1. Transparentar los costos de I + D, para no seguir viendo las cifras que en defensa de la industria produce Joseph DiMasi en los informes del gobierno.
2. Expresar la voluntad de poner fin a los monopolios legales cuando los precios de los productos son excesivos. Estos monopolios legales son privilegios y esos privilegios deberían eliminarse cuando se abusa de ellos.
3. Revisar la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos financiados por el gobierno, limitando el uso de licencias exclusivas y asegurando que cuando se usan licencias exclusivas, los precios sean razonables (como lo exige 35 USC § 201.f).
4. Exigir a los fabricantes de productos biológicos que brinden acceso a conocimientos y materiales para que, cuando finalice el monopolio legal temporal, termine el monopolio real.
5. Reenfocar las discusiones sobre los precios de los medicamentos para incluir discusiones sobre si los incentivos a la I + D son razonables. Un precio no es razonable si el incentivo proporcionado no es razonable. Gastamos globalmente más de US$25.000 millones al año en medicamentos contra el VIH, y en los últimos 30 años solo hemos obtenido un promedio de un medicamento nuevo por año. Hay una clara falta de correspondencia entre el costo de los incentivos y las inversiones inducidas.
6. Comenzar a trabajar seriamente en nuevos modelos comerciales para el desarrollo de medicamentos que vayan progresivamente desvinculando los incentivos de I + D de los precios de los productos.
7. Reenfocar la política comercial para que respalden las inversiones en I + D, en lugar de en los precios de los productos, y promover normas mundiales que incluyan y no ignoren la financiación pública de la I + D.