Durante la campaña electoral, el ahora presidente Donald Trump, prometió controlar el precio de los medicamentos. Una política que cuenta con apoyo bipartidista y de la mayoría de los residentes en EE UU, y que debería ser relativamente fácil implementar. Sin embargo, hasta ahora, se ha hecho muy poco y no es por falta de ideas. Un programa del Memorial Sloan Kettering Cancer Center ha catalogado las propuestas de ley para reducir el costo de los medicamentos (Ver https://drugpricinglab.org/tools/dpl-policy-tracker/)[1].

Los observadores, y el mismo Donald Trump atribuyen esta parálisis al poderoso lobby de la industria farmacéutica. El 20 de marzo de 2017, Trump dijo que quizás los altos precios se debían a las contribuciones a las campañas electorales y puntualizó que muchos se están enriqueciendo, y al día siguiente, según datos de Kaiser Health News, las compañías farmacéuticas dieron más dinero para las campañas políticas que en cualquier otro día de 2017 [2].

El 21 de marzo, ocho comités de acción política (political action committees o PACs)* de la industria farmacéutica hicieron 134 contribuciones a 77 políticos, por un total de US$279.400. Los destinatarios eran miembros del Senado y del Congreso de ambos partidos. La segunda donación más alta ocurrió el 20 de junio de 2017, y fue por un total de US$203.500 [2].

Si bien los PACs tienen diferentes estructuras y protocolos, pueden movilizarse rápidamente para repartir dinero entre los legisladores. El PAC de Merck donó US$148.000 a 60 candidatos; el que más recibió, fue el vocero del Congreso Paul Ryan (US$15.000), seguido del Senador Tom Carper, demócrata de Delaware que es miembro del Comité de Finanzas del Senado. Una vocera de Merck, Claire Gillepsie afirmó que las donaciones no estaban condicionadas [2].

En general, los PACs donan cuando se está discutiendo alguna acción legislativa o del ejecutivo, y también reaccionan a las opiniones que los políticos expresan en público. Según información del gobierno federal, durante la primera mitad del 2017, Merck invirtió US$242.500 en contribuciones para campañas electorales y US$3,7 millones en cabildeo. Merck produce el antidiabético Januvia, el medicamento para el cáncer Keytruda y la vacuna para el herpes zoster Zostavax, y reaccionó a las críticas por el aumento de los precios. Merck dijo en su página web que, desde el 2010, los precios habían estado subiendo anualmente entre el 7,4% y el 10,5% y los descuentos habían aumentado [2].

El gobierno federal no tiene información que vincule las donaciones con la toma de posiciones políticas, pero todo indica que el objetivo es lograr que los legisladores favorezcan los intereses de los donantes. Los temas por los que la industria farmacéutica ha cabildeado con mayor intensidad han sido la reforma fiscal y los precios de los medicamentos [2].

Por otra parte, muchos dudan de la sinceridad del presidente Trump cuando habla de regular a la industria farmacéutica y controlar los precios de los medicamentos, y señalan que ha nombrado a muchos exfuncionarios de la industria para ocupar puestos claves de su gobierno. El director de la FDA, Scott Gottlied, ha invertido mucho en la industria farmacéutica y fue asesor de GSK y Bristol-Myers Squibb. Un Consejero Senior del Departamento de Salud, Keagan Lenihan, provenía de una compañía de cabildeo para la distribuidora McKesson. El jefe de personal del Departamento de Salud, Lance Leggit, hasta el año pasado había estado cabildeando para varias compañías farmacéuticas. Joe Grogan, responsable de regulación en salud en la Oficina de Gestión y Presupuesto, fue cabildero para Gilead, y el mismo secretario de Salud, Alex Azar, trabajó durante más de una década para Eli Lilly [3], como vicepresidente senior y en 2009 fue nombrado presidente. El Dr Azar trabajaba para Eli Lilly cuando se triplicó el precio de la insulina Humalog [4], de US$2.657,88 al año a US$9.172,8. Cuesta creer que todos estos ejecutivos quieran enfrentarse a la industria y controlar los precios de los medicamentos, pero algunos republicanos, incluyendo Grogan, opinan lo contrario y dicen estar más capacitados para enfrentarse con la industria y lograr precios más baratos porque están familiarizados con los valores y formas de pensar de esas corporaciones [3].

Esta es la primera vez que el gobierno estadounidense ha reclutado a tantos ejecutivos directamente del sector privado. Durante los últimos 30 años, todos los secretarios de salud habían trabajado por el Congreso o en otra agencia gubernamental, excepto Donna Shalala (administración Clinton) y Louis Sullivan (administración de George H W Bush), que provenían del mundo académico, no de la industria [3]. Algo parecido sucede con los comisionados de la FDA que provenían del mundo académico o médico, del sector sin ánimo de lucro, o de otra posición gubernamental. Lo mismo se puede decir de los ejecutivos del Centro de Medicare y Medicaid (CMS), donde solo uno de los 15 ejecutivos que han dirigido la agencia desde 1985 provenía del sector privado. Se trata de Tom Scully que había trabajado para la Federación de hospitales americanos, un grupo comerciales de hospitales con con ánimo de lucro. Ninguno de los que han trabajado como directores del CDC durante los últimos 30 años provenía directamente de la industria [3].

El presidente George W. Bush contrató a un cabildero que había trabajado para Biogen, Eli Lilly y Pfizer como asesor de políticas de salud y a una cabildera de PhRMA como vicesecretaria adjunta de planificación y evaluación [3]

El presidente Obama prohibió que personas con historia de trabajo reciente como cabilderos trabajaran en su administración. Sin embargo, fue criticado cuando contrató a Bill Schultz como abogado general del Departamento de Salud porque dos años antes de trabajar en el gobierno de Obama había cabildeado en nombre de Barr Laboratories y otras firmas farmacéuticas. También Liz Fowler, quien ocupó varios cargos en el Departamento de Salud y en la Casa Blanca, había cabildeado previamente para la aseguradora Wellpoint, ahora Anthem. Y, finalmente, un excabildero de Monsanto, Michael Taylor, fue nombrado para supervisar la seguridad alimentaria en la FDA [3].

La prohibición de cabildeo de Trump debilitó algunas de las reglas de su antecesor. Ahora, cabilderos recientes como Grogan, Lenihan y Leggitt pueden unirse a la administración siempre que durante dos años no trabajen en ninguno de los temas por los que habían estado cabildeando. Ninguno de ellos habría sido contratado por Obama.

Trump también ha conservado la práctica de la era de Obama de otorgar exenciones éticas a algunos individuos, aunque no las ha divulgado tanto como Obama. Según informes de verano de 2017, Leggitt y Lenihan tienen exenciones en los archivos que aparecen en el sitio web de la Casa Blanca. Sin embargo, a partir de esta semana, los archivos de la Casa Blanca no incluyen sus nombres, ni los de Grogan, entre aquellos con exenciones de ética.

Según el Washinton Post, Trump podría tener interés en bajar los precios de los medicamentos sin meterse con las compañías farmacéuticas [5]. A principios de noviembre, CMS finalizó la redacción de una normativa que reduce drásticamente lo que Medicare reembolsa a los hospitales por los medicamentos que compran a través de un programa de descuentos de 25 años. Este programa ha sido discutido en el Congreso porque dicen que se presta a que haya abusos y es el centro de una pugna entre la industria farmacéutica y los hospitales. La agencia propuso que los descuentos que se negocian entre las compañías farmacéuticas y los planes de salud beneficien directamente a los beneficiarios de Medicare Part D (la que paga los medicamentos). El objetivo de CMS es eliminar el incentivo para dispensar el medicamento que devengue mayores ingresos a la farmacia (que suelen ser los más caros) y promocionar el uso de medicamentos más baratos. Sin embargo, esta medida abarataría los costos de bolsillo, pero aumentaría las primas de los seguros de salud [5].

Los hospitales se apresuraron en llevar a corte el gobierno diciendo que esto dañaría sus ingresos y su capacidad para proveer servicios a los que no asegurados. Y la asociación de compañías de beneficios de farmacia (PBMs) se quejó de que aumentaría las cuotas de seguro y los beneficios de la industria farmacéutica. Pharma en cambio estuvo de acuerdo con la propuesta [5].

Hasta ahora, lo poco que ha hecho la administración Trump para bajar los precios ha afectado a los intermediarios (hospitales, farmacias, aseguradoras y médicos – por ejemplo, reduciendo lo que cobran los oncólogos que administran tratamientos), pero no ha tocado a la industria [5]. La única amenaza un poco más directa contra la industria ha sido la aceleración de la aprobación de medicamentos genéricos y biosimilares.