Los republicanos marcaron sus límites en los temas relacionados con los precios de los medicamentos, y dos legisladores del Partido Republicano advirtieron enérgicamente que eliminar los monopolios de los fabricantes “socavaría radicalmente la innovación”.

El representante Devin Nunes (California), el principal republicano en el subcomité de salud de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, y el representante Kevin Brady (Texas), en una carta dirigida al principal demócrata del subcomité, presentan las propuestas demócratas como una gran toma del control de la industria por parte del gobierno, incluso cuando otros republicanos han insinuado que están dispuestos a acabar con los monopolios de los medicamentos de alto precio.

“Rechazamos cualquier intento de facultar al gobierno federal a confiscar la propiedad intelectual de un fabricante que rechaza la “mejor oferta” de los burócratas de Washington”, escribieron Nunes y Brady.

La carta se publicó antes de una audiencia sobre el precio de los medicamentos que rápidamente se convirtió en un referéndum sobre una propuesta demócrata cada vez más popular: un proyecto de ley para permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos y para quitarles la exclusividad a los fabricantes que no negocian de buena fe.

La carta iba dirigida al Representante Lloyd Doggett (Texas), el demócrata que patrocinó el proyecto de ley y que preside el subcomité de salud en la Comisión de Medios y Arbitrios. Doggett ha argumentado durante mucho tiempo que la disposición de 2003 que prohíbe que el secretario de salud negocie los precios de los medicamentos con los fabricantes impide al gobierno federal lograr ahorros sustanciales.

El proyecto de ley de Doggett se ha convertido en un punto de fricción para los demócratas, que apoyan ampliamente el concepto de que Medicare negocie los precios de los medicamentos, pero están más divididos en usar la amenaza de la “licencia obligatoria” para obligar a los fabricantes de medicamentos a negociar.

Hasta ahora, 118 demócratas de la Cámara de Representantes apoyan el proyecto de ley de Doggett, que no tiene apoyo republicano. Mientras tanto, un puñado de republicanos insinuaron su apoyo para la negociación de Medicare. Solo uno, el representante Francis Rooney (Florida), ha adjuntado su nombre a un proyecto de ley menos agresivo que no incluye amenazas a la propiedad intelectual.

Pero incluso algunos republicanos que han manifestado su determinación de tomar medidas para abaratar los medicamentos, como el senador Chuck Grassley (R-Iowa), presidente del Comité de Finanzas del Senado, siguen oponiéndose a la negociación de Medicare. Muchos republicanos, desde Trump hasta el secretario de salud Alex Azar, hasta miembros del Congreso, han ignorado de manera uniforme o se han opuesto a propuestas como las de Doggett o a un proyecto de ley distinto del senador Bernie Sanders (I-Vt.) que utilizan la propiedad intelectual como elemento de negociación.

Una excepción: la Asociación Nacional de Gobernadores, que es bipartidista y el año pasado aprobó una propuesta de “licencia obligatoria” con un lenguaje similar al de los proyectos de ley de Sanders y Doggett.

Antes de la audiencia, el grupo comercial de la industria farmacéutica PhRMA lanzó una nueva campaña de marketing titulada “Prescripción para Medicare”, argumentando que una legislación como la de Doggett limitaría el acceso de los pacientes a los medicamentos y restringiría la innovación.

Los expertos que apoyan las licencias obligatorias, sin embargo, argumentan que no restringiría el acceso a los medicamentos, y de hecho mejoraría el acceso ya sea al bajar los precios o al permitir que los competidores genéricos produzcan tratamientos de marca caros a un costo menor.

Doggett dijo en una declaración que estaba sorprendido de que los republicanos hubieran rechazado su legislación desde fuera, y que sus colegas del Partido Republicano “no ofrezcan ninguna alternativa para bajar los precios que pagan los estadounidenses” por los medicamentos de alto precio.

“Y en vista de sus objeciones previas, he ofrecido una alternativa llamada licencia competitiva”, dijo Doggett. “Lo que el plan permite es que, si la compañía farmacéutica no negocia de buena fe, tiene derecho a un pago justo por los derechos de autor y los derechos de licencia, no se toma de propiedad de nadie, sino que se les hace un pago justo por sus derechos, y luego tienen la opción de usar un recurso judicial si creen que el pago no es justo “.

Por separado, la Fundación de Innovación y Tecnología de la Información, un grupo de expertos cuyo directorio incluye a ejecutivos de corporaciones como Apple, Amazon y Microsoft, celebró un evento el jueves para oponerse al uso de los “march-in rights” [1] para bajar los precios de los medicamentos.

Los demócratas han propuesto cada vez más el uso de la autoridad del gobierno federal para confiscar las patentes de las compañías farmacéuticas, alentando efectivamente a los Institutos Nacionales de la Salud a reinterpretar una ley de propiedad intelectual conocida como Bayh-Dole.

1. March in rights es una de las disposiciones más polémicas de Bayh-Dole. Permite a la agencia financiadora (en este caso a los NIH que financian la innovación farmacéutica), por iniciativa propia o a solicitud de un tercero, ignorar efectivamente la exclusividad de una patente otorgada en virtud de la ley y otorgar licencias adicionales a otros “solicitantes razonables”.