La Universidad de Duke paga US$112,5 millones para resolver las alegaciones de que violó la Ley de Reclamaciones Falsas al presentar datos de investigación falsificados para ganar o conservar subvenciones federales.

El acuerdo también aportará un pago de US$33.750.000 a Joseph Thomas, el informante que delató el fraude cuando trabajaba para Duke.

Thomas, un ex analista del laboratorio de Duke, demandó a la universidad en nombre del gobierno federal, diciendo que un investigador de Duke falsificó datos para ayudar a la universidad a obtener grandes subvenciones de dos agencias federales, los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health NIH) y la Agencia de Protección Ambiental.

Las docenas de subvenciones recibidas eran para estudiar la función pulmonar de los ratones. El Departamento de Justicia dice que la demanda de Thomas alegó que “entre 2006 y 2018, Duke presentó a sabiendas e hizo que se presentaran” facturas de pagos a agencias federales, que sin saberlo estaban otorgando subvenciones a cambio de datos de investigación falsos. Añade que, si bien el acuerdo resuelve el caso judicial, no quiere decir que se haya establecido que la Universidad de Duke es responsable.

La universidad dice que “descubrió la posible mala conducta en la investigación en 2013, cuando se despidió al técnico [de investigación] por malversar dinero de la universidad”.

En una declaración a National Public Radio (NPR), los abogados de Thomas dicen que lo que motivó su demanda fue el alcance del fraude, así como su preocupación de que la universidad no fuera lo suficientemente transparente, después de que “la administración y los investigadores de Duke se enfrentaran a la realidad de que datos recabados durante siete años eran falsos o poco fiables”.

Hablando sobre los estándares éticos de la universidad en una declaración sobre el caso, el presidente de Duke, Vincent E. Price, dijo que prácticamente todos los investigadores de la escuela tienen interés en cumplirlos.

“Cuando los individuos no respetan esos estándares”, agregó, “y los que tienen conocimiento de posibles errores no los informan, como sucedió en este caso, debemos aceptar la responsabilidad, reconocer que nuestros procesos de identificación y prevención de conductas indebidas no funcionaron, y tomar medidas para mejorar”.

En una carta a la comunidad universitaria, Price dijo: “Este es un momento difícil para Duke. Al citar el “impacto devastador del fraude en la investigación “, también dijo que la Universidad había dado numerosos pasos para proteger la integridad científica, mejorar la capacitación y la investigación con datos de archivo.

Debido a que Thomas presentó la demanda original en virtud de las disposiciones de la Ley de Reclamaciones Falsas ‘qui tam’ o de denunciantes, podía recibir parte del dinero recuperado de la Universidad. Por presentar y hacer el seguimiento del caso en nombre del gobierno de EE UU, ahora recibirá US$33.750.000, dijo el Departamento de Justicia.

Los abogados de Thomas dicen que siguió con el caso después de que el gobierno optó por no iniciar su propia investigación después de que él hiciera sus denuncias y presentara la demanda.

“En muchos casos meritorios, el gobierno decide ‘intervenir’ en esa etapa del proceso, básicamente asumiendo el liderazgo del caso”, dijeron los abogados de Thomas. “Pero aquí, eso nunca sucedió. Esto dejó al Sr. Thomas y a sus abogados en una situación peligrosa al enfrentarse con una institución académica venerada y con enormes recursos”.

Los abogados de Thomas, de los bufetes de abogados Gentry Locke; Healy Hafemann Magee y Thomas; y Brooks Pierce, dijeron que por sus declaraciones, Joseph Thomas se vió “vilipendiado y sufrió situaciones personales muy difíciles, ya que estuvo sin trabajo por más de un año”.

Thomas estaba trabajando como analista de investigación de laboratorio para Duke University Health Systems cuando, según su demanda, se enteró de que un investigador de la división pulmonar había violado la Ley de Reclamaciones Falsas, estafando al gobierno millones de dólares.

En una demanda sellada que se presentó en 2013, Thomas y sus abogados dijeron que, como ex coordinador de investigación clínica de la división pulmonar, Erin Potts-Kant debía certificar la validez del trabajo de la división y garantizar el cumplimiento de los requisitos gubernamentales. En cambio, la demanda declaró: “Potts-Kant se involucró en un fraude de investigación sistemático y casi universal”, incluso, en algunos casos, se inventaba directamente los datos” en lugar de realizar los experimentos”.

La demanda también acusó a los supervisores de Potts-Kant de ignorar las señales de posible fraude o mala conducta.

El caso también ha tenido repercusiones más amplias en el mundo académico, porque según la demanda, la investigación supuestamente falsificada se utilizó para algo más que cumplir con las pautas federales. También ayudó a Potts-Kant a publicar 38 artículos en revistas académicas con colegas investigadores de Duke, que, a su vez, cuando se presentó la demanda en 2013 habían sido citados en 417 artículos.

Como señala el sitio web Retraction Watch, ha habido 17 retracciones de artículos científicos relacionados con el trabajo de Potts-Kant.

El caso de Thomas contra Duke en nombre del gobierno de EE UU se resolvió provisionalmente en noviembre pasado. Pero el Departamento de Justicia tardó en aprobar el acuerdo, según documentos judiciales.

La historia de la litigación de este caso incluye cerca de 300 mociones, órdenes y otros documentos judiciales.