Un sumario de la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, detalla el papel de la familia Sackler en el marketing de OxyContin de Purdue Pharma.

En un nuevo memorando de 274 páginas, la fiscal general Maura Healey detalla una cadena de mando que, según ella, implica a ocho miembros de la familia Sackler, así como a nueve miembros de la junta directiva de Purdue o ejecutivos, en la mortal epidemia de opioides de la nación.

Una versión anterior del memorándum, presentada el 21 de diciembre, tenía más de la mitad del texto tachado, después que Purdue pidiera que se retirara información sobre los Sacklers, una de las familias más ricas de EE UU. Algunas secciones seguían tachadas en la presentación del martes.

El nuevo memorándum explica las acusaciones de la fiscal Healey: los Sacklers inundaron Massachusetts con representantes de ventas, influyeron en la legislación estatal y apoyaron financieramente los servicios médicos y las universidades para que promocionaran los opioides de Purdue.

Healey describe a Richard Sackler, ex director y presidente de Purdue, como microadministrador, obsesionado con las ganancias en Massachusetts y en el resto del país.

Tras realizar un seguimiento de las ventas nacionales, Sackler exigió ir a los consultorios junto con representantes de ventas y se quejó de que los anuncios de los opioides no eran tan positivos como él quería. Según Healey, internamente, los ejecutivos estaban preocupados por la promoción de opioides de Sackler.

Los documentos afirman que Sackler no estaba satisfecho con las ventas de Purdue Pharma en 2011. “Después de una semana de prescripciones que duplicaron el pronóstico de Purdue, Richard [Sackler] escribió al personal de ventas: ‘Esperaba mejores resultados’”.

Ese año, en más de 1.000 ocasiones, los representantes de ventas de Massachusetts presionaron a los médicos a que recetaran opioides de Purdue Pharma a pacientes ancianos con artritis, dice la nota. Pero Sackler quería más.

Ordenó a un representante de ventas aumentar las recetas en un 62% en Massachusetts. Purdue también amenazó con despedir a dos representantes en Massachusetts porque los médicos que visitaban no escribieron suficientes recetas de opioides, dice Healey.

El entonces vicepresidente de ventas, Russell Gasdia, redactó un mensaje para el distrito de Boston de Purdue en febrero de 2012, e indicó “el distrito de Boston está fallando”.

En un correo electrónico, el gerente de ventas estuvo de acuerdo, indicando que deberían despedir a los representantes de ventas de Massachusetts que no estaban aumentando sus recetas de opioides. Gasdia supuestamente estuvo de acuerdo en que despedir a todos los representantes “enviaría un mensaje”.

No está claro si despidieron a algún representante.

En una declaración a WBUR, Purdue Pharma afirma que la fiscal Healey está tratando de “vilipendiar a un solo fabricante cuyos medicamentos representan menos del 2% de las recetas de opioides para el dolor en lugar de hacer el arduo trabajo de tratar de resolver una compleja crisis de salud pública”.

La compañía, que tiene su sede en Stamford, Connecticut, agrega que “la denuncia distorsiona hechos críticos y cínicamente juzga a los medicamentos opioides recetados como si fueran iguales a la heroína ilegal y al fentanilo, que son substancias ilegales y la principal causa de muerte por sobredosis en Massachusetts”.

La denuncia de la fiscal general incluye un mapa de Massachusetts con zonas del estado que presuntamente eran el objetivo de Purdue durante su período de rápida expansión de los representantes de ventas: Boston, el sureste de Massachusetts y Cape Cod. Los representantes de ventas visitaban a los médicos de atención primaria que pensaban que podían convencer para que recetaran los opiodes. En unos pocos casos las visitas fueron diarias.

El personal de Purdue advirtió a su junta directiva que un médico de New Bedford y un médico de Brookfield habían recetado los opioides de manera inapropiada, según el memorándum, pero nadie en la compañía lo reportó a los oficiales que otorgan las licencias médicas. En dos años, los dos médicos consiguieron para Purdue Pharma ventas por valor de US$823.000.

Los dos médicos y varios otros, que se convirtieron en los mayores prescriptores de Purdue en Massachusetts, eventualmente perdieron sus licencias médicas, pero no antes de prescribir cientos de miles de píldoras cada uno. Al menos tres de los médicos perdieron pacientes que murieron por sobredosis.

En 2013, según el memorando, el personal dijo a los Sacklers que las muertes por sobredosis de medicamentos se habían triplicado desde 1990, y OxyContin se había convertido en el analgésico más vendido en el país.

La denuncia alega que “el personal le dijo a los Sacklers que las decenas de miles de muertes eran solo la ‘punta del iceberg’. … [P]or cada muerte, había más de cien personas que sufrían de dependencia o abuso de opioides recetados”.

Purdue responde en su declaración que Healey “ha escogido sesgadamente entre decenas de millones de correos electrónicos y otros documentos comerciales producidos por Purdue”.

En el memorándum, Healey enumera las inversiones de Purdue o de la familia Sackler y su influencia en Massachusetts, incluyendo un programa de dolor de Purdue en el Hospital General de Massachusetts y la Facultad Sackler de Graduados de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Tufts.

Después de que Purdue Pharma donara US$3 millones al hospital general en 2002, el hospital nombró a su centro de dolor Purdue Pharma. El plan del hospital incluía seminarios diseñados por Purdue para aumentar las recetas de OxyContin.

El hospital eliminó el nombre de Purdue Pharma del centro del dolor después de que se le atribuyera nivel nacional un aumento de los crímenes cometidos por adictos a la medicación.

En 2007, Purdue Pharma y tres de sus principales ejecutivos fueron acusados penalmente en el Distrito Federal Occidental de Virginia por engañar intencionalmente a los médicos sobre OxyContin [véase mas información sobre este juicio en la noticia anterior: Sackler aceptó un plan para ocultar los efectos de OxyContin, según testimonios bajo sello (Sackler embraced plan to conceal OxyContin’s strength from doctors, sealed testimony shows) David Armstrong, ProPublica y Stat, 21 de febrero de 2019 https://www.propublica.org/article/richard-sackler-oxycontin-oxycodone-strength-conceal-from-doctors-sealed-testimony

En mayo de 2007, inmediatamente después de las condenas, el entonces CEO John Stewart comenzó a planear la expansión de los representantes de ventas de Purdue en Massachusetts y en todo el país. A pesar de que los médicos de Massachusetts ya recibían un total de mil visitas al mes de los representantes de ventas de Purdue, los ejecutivos trabajaron para cuantificar el “impacto en el mercado” de la adición de representantes de ventas.

Purdue se centró en la Universidad de Tufts que está en Medford, un pueblo junto a Boston. La universidad se negó a comentar a WBUR.

La demanda afirma que Purdue creía que los beneficios de marketing que obtuvieron los Sacklers de Tufts fueron tan buenos que ofrecieron enviar a Stewart a Massachusetts para mantener el cortejo. Healey también alega que en 2008 los ejecutivos de Purdue promocionaron opioides a médicos, becarios y médicos residentes en Massachusetts durante una presentación en Tufts.

La demanda dice que parte de su esquema era “convencer a los médicos de Massachusetts de que los opiáceos de Purdue eran la mejor manera de controlar el dolor crónico”.

También afirma que, en 2013, el personal de Purdue aseveró que había derrotado la legislación de Massachusetts que intentaba restringir OxyContin.

En los últimos 11 años, los representantes de ventas de Purdue visitaron a los médicos y farmacéuticos de Massachusetts más de 150.000 veces, afirma la demanda.

En junio, Massachusetts fue el primer estado, seguido en octubre por el condado de Suffolk, N.Y., en presentar una demanda que nombra a miembros individuales de la familia Sackler.

En el pasado, Purdue Pharma intentó proteger los documentos para que no se hicieran públicos.

Hace cuatro años, el fiscal general de Kentucky y Purdue Pharma llegaron a un acuerdo por el que el fiscal aceptó la exigencia de Purdue de destruir millones de páginas de documentos a cambio de US$24 millones.