Una propuesta reciente del gobierno brasileño para privatizar su oficina de patentes ha alarmado a los defensores de los pacientes, que temen que tal medida facilitaría que la industria farmacéutica mantuviera los monopolios de los medicamentos y, en consecuencia, aumentaran los precios en una de las economías más grandes del mundo.

El Ministerio de Economía, en su nota técnica (https://www.capitaldigital.com.br/wp-content/uploads/2019/12/SEI_ME-4747884-Nota-T%C3%A9cnica.pdf), sugirió fusionar el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, o INPI, que supervisa las revisiones de patentes, con otra agencia gubernamental para formar una nueva entidad público-privada llamada Agencia Brasileña para el Desarrollo y la Propiedad Industrial, o ABDPI. Según la nota del Ministerio, el objetivo es generar “mayores eficiencias”.

Sin embargo, según investigadores académicos que están dando seguimiento a esta propuesta, esto probablemente permitiría a la industria tener una mayor participación en la forma en que se examinan las patentes, porque la nueva entidad tendría una administración autónoma, aun cuando su objetivo es beneficiar a la ciudadanía. Por esta razón, los grupos de pacientes argumentan que el gobierno, esencialmente, está abdicando su papel.

“El sistema de patentes se basa en un intercambio entre los sectores público y privado. Pero si se saca del dominio público y se coloca efectivamente en el dominio privado, es como hacer que el zorro vigile a las gallinas. El sector privado decidiría por sí mismo si una invención es meritoria o no”, dijo Pedro Villardi, coordinador de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el SIDA.

“El examen de las patentes es un paso crucial para decidir si la patente del medicamento permanece en manos privadas o es de dominio público. Y otorgar más espacio para que el sector privado decida sobre las patentes, es muy preocupante, porque el sector privado puede beneficiarse de un proceso de análisis frágil y recibir más patentes para establecer más monopolios, que pueden usarse para aumentar los precios”.

Interfarma, el grupo comercial de los fabricantes de medicamentos de marca en Brasil no pudo ser contactado para que hiciera comentarios.

El problema surge en medio de una lucha constante, en diferentes países, entre los grupos de defensa de los pacientes y la industria farmacéutica por las patentes y el acceso a medicamentos. Los fabricantes de medicamentos argumentan regularmente que las patentes garantizan los beneficios necesarios para invertir en innovación, mientras que los defensores de los pacientes rechazan que la industria farmacéutica intente explotar las patentes a expensas de la atención médica asequible.

Esta batalla se está dando en todo el mundo, ya que el costo de los medicamentos ha llevado a un número creciente de personas a saltarse las dosis, o a renunciar al tratamiento, o a enfrentar tensiones financieras. La propuesta del ministerio brasileño es solo el último ejemplo, y en este caso el problema se ha planteado en el seno de un debate gubernamental más amplio sobre presupuestos y recursos.

Como cuestión práctica, la propuesta del ministerio brasileño podría beneficiar a la industria, pero no solo a la industria farmacéutica, porque el número de analistas de patentes podría reducirse, ya que el Ministerio de Economía está buscando la forma de reducir costos. Esto sugiere que la carga de trabajo que enfrentarían los analistas en la entidad recién constituida debilitaría el sistema de revisión.

Hasta julio, la oficina brasileña de patentes tenía 318 analistas y una cartera con más de 131.000 solicitudes, o alrededor de 412 solicitudes pendientes por analista, según Eduardo Mercadante, un estudiante de doctorado en desarrollo internacional en la London School of Economics, que también trabaja con Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Si la medida reduce el número de analistas e incrementa el plazo en que se analizan las patentes, según la ley brasileña de patentes, se prolongarían más las patentes, pudiendo beneficiar a los fabricantes de medicamentos. Según Villardi, también preocupa que se puedan otorgar patentes de menor calidad.

Si se reduce el número de analistas, pero no aumenta el plazo en que se revisan las patentes, “eso seguramente significaría que la (oficina) no está examinando las patentes con mucho cuidado, por lo que se otorgarían patentes que no deberían otorgarse”, dijo Ken Shadlen, un especialista en ciencias políticas de la London School of Economics que estudia a la industria farmacéutica mundial y las cuestiones de patentes

“Si el gobierno se toma en serio la reducción en la acumulación de solicitudes, entonces deben invertir más recursos en el INPI y en la capacidad de análisis, no reducirla”, continuó. “Esta propuesta incluye que algunos analistas se vayan (a la Agencia Brasileña para el Desarrollo y la Propiedad Industrial), por lo que incluso, aunque nada más cambie, esto representa, en el mejor de los casos, una reducción en los recursos humanos asignados a examinar las solicitudes de patentes.

“… También está el tema de la” privatización”, que no es solo una cuestión legal, sino que es la forma cómo los sesgos a favor de otorgar las patentes se van incorporando a su proceso de análisis”.