La industria farmacéutica está demostrando que incluso en momento de crisis, puede usar su influencia en Washington para enfrentar los esfuerzos por reducir sus ganancias.

Esta semana, los cabilderos de la industria bloquearon con éxito los intentos de incluir en el proyecto de ley de gastos para la emergencia del coronavirus de US$8.300 millones lenguaje que habría amenazado sus derechos de propiedad intelectual sobre cualquier vacuna y tratamiento que según el gobierno tuviera un precio injusto.

El poder de las compañías farmacéuticas para dictar sus términos mientras el Congreso aborda el creciente brote en EE UU es otra señal de que cualquier legislación bipartidista, más amplia, sobre precios enfrentará resistencias importantes. En los últimos meses, tanto los demócratas como los republicanos han intentado avanzar proyectos de ley para reducir los precios, pero no lo han logrado.

En el proyecto de ley para responder al coronavirus, la industria farmacéutica no solo logró eliminar la provisión de propiedad intelectual, sino que también incluyó una narrativa que impide que el gobierno retrase el desarrollo de un medicamento por preocupaciones sobre su asequibilidad.

El representante Jan Schakowsky (D-Ill.), quien lideró un esfuerzo fallido para garantizar que los tratamientos para el coronavirus que se desarrollen con fondos federales de emergencia tengan un precio justo y estén ampliamente disponibles dijo en un comunicado a Político “La idea de que las compañías farmacéuticas deberían tener libertad para fijar los precios durante una pandemia internacional es inmoral y peligrosa”.

La disposición que prohíbe la intervención del gobierno cuando surjan preocupaciones por la asequibilidad “ignora” las medidas legales existentes para garantizar el precio justo de los medicamentos, dijo Jamie Love, director ejecutivo de Knowledge Ecology International, quién para reducir los precios ha estado presionando para que se adopten nuevas estrategias de desarrollo de los medicamentos y de determinación de sus precios.

El paquete para el coronavirus, que fue aprobado por la Cámara y por el Senado, incluye alrededor de US$3.100 millones para desarrollar medicamentos y vacunas, y ampliar la capacidad de manufactura. También cubriría las compras de suministros médicos para los departamentos de salud estatales y locales y con ello reforzar la Reserva Estratégica Nacional, el mayor depósito nacional de tratamientos de emergencia. Otros US$300 millones ayudarían al gobierno a comprar vacunas y tratamientos cuando sean aprobados. Gran parte de este dinero beneficiará directamente a la industria farmacéutica.

El proyecto de ley específica que los productos que se compren deben cumplir con las pautas federales de adquisición “sobre precios justos y razonables”. También faculta al Ministerio de Salud (HHS) a garantizar que las vacunas, los medicamentos o las pruebas de diagnóstico desarrolladas con fondos de emergencia “sean asequibles en el mercado comercial”, sin especificar cómo el gobierno determinará lo que se considera un precio justo.

Pero la legislación también dice que el HHS, en un esfuerzo por mantener los precios asequibles, no puede retrasar el desarrollo de vacunas y tratamientos, una victoria para la industria farmacéutica y los republicanos, que argumentan que las restricciones gubernamentales sobre los precios limitarían la inversión privada en terapias para el coronavirus. Los republicanos también dijeron a POLITICO que rechazaron los intentos demócratas de agregar un lenguaje que hubiera permitido al HHS establecer el precio de un medicamento y limitar sus aumentos a la tasa de inflación.