Entrevistas

El epidemiólogo especializado en salud pública Gonzalo Basile, coordinador del grupo de trabajo de Salud Internacional de CLACSO, habló con TSS sobre los efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe, y sobre las respuestas de los países para controlarla, vacunar a la población y protegerse frente a una potencial nueva ola. El especialista advierte sobre la desintegración y la falta de debate para recuperar una soberanía sanitaria regional.

Con más de 15 años de experiencia en salud pública, a lo largo de su trayectoria Basile ha trabajado en programas y estrategias de cooperación internacional en salud, tanto en América Latina y el Caribe como en África. Entre otros, coordinó el mecanismo de cooperación de salud de la UNASUR en Haití, entre 2011 y 2015. En paralelo, se ha desempeñado como docente de posgrado en salud pública en distintas instituciones académicas y universidades de la región.

A fines del año pasado, Basile publicó un trabajo denominado “Enfermos de desarrollo: los eslabones críticos del SARS-CoV-2 para América Latina y el Caribe”, en el que analiza cuatro factores determinantes de las respuestas a esta emergencia de salud pública, con pretensiones monoculturales y universalizantes, y esboza las potencialidades de refundación de los sistemas sanitarios sobre las bases del pensamiento crítico en salud, “para hilvanar una defensa del vivir bien de las sociedades del Sur”.

Agencia TSS. En el artículo se refiere al rol central que han adquirido las fundaciones filantrópicas, el complejo industrial farmacéutico y las organizaciones financieras y de comercio como el Banco Mundial (BM), la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la agenda sanitaria global durante las últimas décadas. ¿Qué rol jugaron?
El SARS-CoV-2 hizo más visibles las dependencias y debilidades estructurales que tienen los países, sobre todo del sur global, sobre lo que se conoce técnicamente como el complejo médico industrial farmacéutico, al que algunos le agregan lo financiero. Con respecto a la vacuna, por ejemplo, detectamos la necesidad de pensar cómo recolocar un lenguaje que no sea básicamente el que se está usando, sobre dosis, efectividades clínicas, dónde y cómo se compra, quién provee y de qué manera, para volver a repensar la producción pública de medicamentos, tecnologías sanitarias y vacunas en el sur global y en América Latina y el Caribe en particular, considerando que las vacunas son un bien público. Es parte de lo que consideramos la construcción de la soberanía sanitaria regional. No es lo mismo que la Argentina o Brasil se enfrenten solos a discutir la patente de alguna de estas vacunas a que hubiera un consorcio o conglomerado de 20 países latinoamericanos y del Caribe haciéndolo en conjunto.

Sin embargo, ese debate no se está dando en América Latina
Nuestros países están en un contexto de adversidades geopolíticas y de dependencia sanitarias, que se suman a la mercantilización de la salud que se juega a nivel internacional, adonde la OMS ya no funciona como árbitro de la salud pública. Frente a todas esas adversidades, el principal problema que hemos tenido en el tránsito de esta pandemia es que nos encontró en el momento de mayor desintegración y descoordinación regional. Si se observan las respuestas a las epidemias del año pasado o el proceso de vacunación actual, vemos que nuestros Estados se encuentran en un lugar de compradores periféricos dependientes, adonde cada país por separado intenta conseguir vacunas y desarrolla estrategias de vacunación fragmentadas y descoordinadas. Por eso, planteamos que una de las necesidades, en el corto o mediano plazo, es pensar cómo reconstruir los entramados de integración regional en salud, partiendo de los aprendizajes de algunos procesos que ya hemos tenido y de organismos de integración regional que hoy existen en América Latina.

¿La OMS ya no funciona como árbitro porque, como se ha cuestionado desde el inicio de esta pandemia, ha perdido poder y le falta financiamiento?
Hay quienes consideran que se trata de una pérdida de poder, pero en verdad creo que hay una complementariedad. Desde fines de los 80 y, sobre todo en los 90, cuando aparece el concepto de salud global, hay una convergencia y complementariedad en la toma de decisiones entre OMS, OMC y BM. La OMS y los organismos sanitarios sectoriales se quedan, entre comillas, con las funciones esenciales de salud pública, el BM con las políticas y procesos de reforma a los sistemas de salud, y un tercer aspecto es que hay una coordinación y complementariedad entre estos actores con el planteamiento de las patentes y el tratado de los ADPIC, establecidos por la OMC. Son ámbitos y espacios diplomáticos que han quedado colonizados por las tecnocracias y diplomacias sanitarias, adonde la propia industria farmacéutica y las corporaciones internacionales de salud cogobiernan la agenda mundial de salud. Ese es el principal nudo crítico.

En este marco, para recuperar soberanía, aunque sea temporalmente, India y Sudáfrica propusieron ante la OMC suspender la propiedad intelectual sobre vacunas, medicamentos y otras tecnologías médicas vinculadas a la COVID-19 mientras dure la pandemia. Sin embargo, los países más poderosos e incluso algunos de la región la han rechazado y el debate se sigue postergando
Y por eso el mecanismo COVAX se está apurando por hacer entregas, para evitar que haya ruptura de patentes en el proceso de adquisición y de distribución de las vacunas. Detrás de toda la discusión por la urgencia de compras y dosis de vacunas, y por su bioseguridad, se ha logrado que no haya ningún planteo para rediscutir si la vacuna es un bien público o no. Hay que tener en cuenta que COVAX es un mecanismo de la OMS asociado a la alianza GAVI, que es el fondo mundial de vacunas, que en un 60% está financiado y coordinado por la propia industria farmacéutica, y la CEPI, que es otro organismo que se creó alrededor de 2016 dentro del Foro Mundial de Davos, básicamente para coordinación, adonde también participan fundaciones como Bill y Melinda Gates y fondos de la industria farmacéutica.

Dentro del mismo COVAX hay países que pagan por las dosis de vacunas, como la Argentina y la mayoría de la región. Postergar el debate también implica que se sigan vendiendo más dosis de vacunas, ¿no?
Es que si esta discusión se diera en junio –en la próxima reunión del Consejo General de la OMC– y hubiera alguna resolución, o si China pusiera alguna de sus vacunas a disposición para producir equivalencias, por ejemplo, esa podría ser una decisión poco efectiva para algunos países que compraron millones de dosis, como muchos de América Latina y el Caribe. No es lo mismo para India u oriente, adonde sí sería una decisión estratégica. Pero, para nosotros, junio o julio sería tarde, ya hoy es un poco tarde porque la mayoría de nuestros países tienen contratos con las grandes farmacéuticas.

A pesar de que hasta hubo presiones para cambiar legislaciones en los países para poder establecer esos contratos, ¿no?
Sí, ese es un punto importante por el precedente que deja. Lamentablemente, nuestros gobiernos se han adaptado muy rápidamente al discurso del excepcionalismo que se construye en esta lógica de seguridad sanitaria global, según el cual hay cuestiones que permiten tomar medidas excepcionales y poner excepciones a los derechos civiles y políticos. El problema es cuando ese excepcionalismo se transforma en una forma de responder a epidemias o desastres, que vamos a seguir teniendo.

¿Este excepcionalismo es algo novedoso que ocurrió en esta pandemia?
No, estos precedentes no son nuevos. Ocurrieron con las legislaciones sobre el accionar de las fuerzas militares occidentales en respuesta al Ébola en África, por ejemplo. El problema es que todos esos antecedentes, que se venían dando de forma fragmentada y que solo eran conocidos por investigadores, tomadores de decisión y personas vinculadas a la salud pública o internacional, ahora se dieron todos juntos y en un mismo momento.

¿Es similar a las especulaciones farmacéuticas que también tienen precedentes en epidemias como el mismo Ébola o la gripe H1N1?
Y sí. Es difícil decirlo en este contexto, pero hay que tener cuidado con cuestionar solo a los movimientos antivacunas sin estudiar la estrategia de medicalización y mercantilización de la industria farmacéutica global, que ha creado la idea de la pastilla mágica, la creencia de que para todo problema y patología hay un fármaco que lo va a resolver o una estrategia medicamentosa tecnológica, con todo lo que eso presupone.

Pero con las vacunas es diferente…
Bueno, la estrategia de mercantilización y comercialización de las vacunas nunca fue en términos de bienes privados individuales, que sí son los fármacos, por ejemplo. La estrategia de mercantilización y comercialización de vacunas es lograr que estas se transformen en obligatorias dentro de los calendarios de vacunación nacionales, porque el principal comprador siempre serán los Estados, no las personas. Por eso, la industria coloniza el GAVI y la OMS, porque esos son los grandes organismos que proveen vacunas o discuten cuáles pueden ser obligatorias o de provisión estratégica para los países.

Pero las vacunas han logrado erradicar enfermedades en muchos países
Sí, pero que hay que distinguir lo que ha sido el ciclo de vacunas de las enfermedades infecciosas del siglo XX, que tuvo algún tipo de efectividad histórica en el contexto sanitario latinoamericano y caribeño, del ciclo de expansión y comercialización de vacunas del siglo XXI, al que hay que entender en el contexto de la expansión de estos bienes privados globales y de mercado farmacéutico. En esto, el filantrocapitalismo tiene una capacidad de perennización muy importante.

¿A qué se refiere con filantrocapitalismo?
El concepto de filantrocapitalismo es creado por un editor de la revista The Economist, que describe cómo en la filantropía internacional también hay tomas de decisiones para maximizar el lucro y ganancia. Más allá de la vacuna para el SARS-CoC-2, ante un problema de inmunizaciones por determinadas patologías en el calendario de vacunación de Mozambique o algún país africano, por ejemplo, llega el fondo mundial de vacunas con la OMS y dialoga con el ministro de Salud de ese país sobre cómo mejorar la cobertura de vacunación. Entonces, la GAVI ofrece las vacunas y aparece alguna agencia de cooperación internacional que brinda el financiamiento para proveerlas, pero en alguna letra chica le hace firmar al país que la totalidad de esas vacunas se las van a comprar a un laboratorio en particular que ellos determinen.

Volviendo a las vacunas, las del SARS-CoV-2 en particular han generado dudas o temores incluso en personas que defienden la vacunación frente a otras enfermedades
El SARS-CoV-2 es una nueva cepa de los SARS anteriores. Luego aparecieron mutaciones, y la acumulación de mutaciones hace variantes como las británicas, la de Brasil, la de Sudáfrica. Obviamente, eso abre un interrogante sobre la efectividad de las vacunas, cuántas van a ser efectivas a largo plazo y por cuánto tiempo va a perdurar la inmunidad para este SARS y sus variantes. Otro interrogante que abren estas vacunas se relaciona con la farmacovigilancia, es decir, monitorear los posibles efectos adversos que puedan tener cuando se la aplica poblacionalmente, ya que es la primera vez que una vacuna se ha investigado y desarrollado en tiempo record. Un tercer interrogante es si esa inmunogenicidad tiene fecha de caducidad, es decir, si pierden efectividad frente a posibles variantes o si puede pasar que se transformen en una vacuna global obligatoria. Hay que pensarlo en términos de mercado: las vacunas de gripes e influenzas requieren entre 600 y 1000 millones de vacunas al año, las de este SARS saltarían a una escala de 3000 o 4000 millones al año.

¿Qué alternativas sugiere para pensar una salida a esta dependencia sanitaria?
No hay fórmulas mágicas, hay que afrontar procesos transicionales. Frente a todas estas adversidades geopolíticas, de economía global y de colonización que el complejo médico industrial farmacéutico ha tenido sobre la agenda global, para la agenda latinoamericana y caribeña lo principal es reconstruir tejidos públicos de autonomía y soberanía sanitaria, básicamente desde la academia, las sociedades y los Estados, construyendo o reconstruyendo un conjunto de capacidades y conocimientos. En esa estrategia de construir tejidos de integración y coordinación regional en salud, el concepto de soberanía sanitaria implica maximizar capacidades de decisión de políticas en contextos geopolíticos adversos como los que tenemos hoy. Esa capacidad de maximización de decisión es regional, no la van a ganar los Estados por sí solos.