Políticas Internacionales

Hace un año, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus cumplía con las características de una pandemia. A falta de terapias efectivas, el distanciamiento social se considera la principal medida para combatir la pandemia. Sin embargo, la pandemia también puso de manifiesto la desigualdad estructural de nuestros países. Además del riesgo de enfermarse, la pandemia agravó los problemas existentes y desencadenó un escenario político, económico y social extremadamente complejo. Se estima que la fuerte recesión económica, el aumento del desempleo y del trabajo informal, y la falta de protección social, provocó que, en 2020 en América Latina 22 millones de personas se ubicaran por debajo de la línea de pobreza [1].

Desde el inicio de la pandemia, teniendo en cuenta el desconocimiento de la enfermedad y sus características, se empezó a especular sobre posibles tratamientos, y se han anunciado y propuesto varios productos como posibles tratamientos para casos severos de Covid-19. Al mismo tiempo, la sobrecarga de la red hospitalaria y la dependencia de unos pocos productores provocó una escasez considerable de medicamentos de uso frecuente, que no estaban directamente relacionados con el tratamiento de la enfermedad, como fue el caso de los anestésicos, bloqueantes musculares, sedantes y otros productos necesarios para tratar al paciente grave. Como estamos en un país dependiente, también sufrimos escasez de equipo de protección personal, máscaras y respiradores.

En este sentido, ha habido una serie de iniciativas a nivel internacional para acelerar la investigación y el desarrollo, y promover el acceso equitativo a medicamentos y otras tecnologías para Covid-19. Cabe mencionar la reunión de Ministros de Salud de la G-20, realizada el 19 de abril de 2020; las resoluciones A/RES/74/270 [2] y A/RES/74/274 [3], aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hacen un llamado a la solidaridad en la lucha global contra la pandemia y destacan la importancia de la cooperación internacional para asegurar el acceso a medicamentos, vacunas y otras tecnologías para abordar el Covid-19; y la Resolución WHA73.1, titulada Respuesta al Covid-19, adoptada en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2020 [4], que se refiere a la necesidad de impulsar el desarrollo, y la capacidad de producción y distribución para que el acceso a productos esenciales para combatir la pandemia sea equitativo y oportuno, además de defender la eliminación de los obstáculos al acceso a través de las flexibilidades del acuerdo ADPIC y reconocer que las vacunas son un bien público global [5,6].

Para agilizar el conocimiento y la respuesta a los fármacos propuestos para tratar el Covid-19, la OMS organizó un gran estudio multicéntrico, el Solidarity Trial [7], que se debía realizar en más de cien países y tenía cuatro brazos de experimentación (remdesivir; lopinavir / ritonavir; lopinavir / ritonavir + interferón beta; cloroquina e hidroxicloroquina), sin embargo, hasta la fecha, la evidencia no ha demostrado que alguno de estos tratamientos haya reducido la mortalidad [8]. También se han probado otros productos en estudios aislados alrededor del mundo, y muchos grupos de investigación están estudiando el uso de medicamentos utilizados en otras patologías, pero aún no hay ningún estudio que haya demostrado la eficacia de algún medicamento para el tratar el Covid- 19.

La OMS también lanzó en abril, con el apoyo de más de cuarenta países y socios, la iniciativa ACT Accelerator (Access to Covid-19 Tools Accelerator) [9], que reúne a gobiernos, científicos, sociedad civil, fundaciones filantrópicas, empresas y organizaciones de salud global y tiene como objetivo acelerar el fin de la pandemia apoyando el desarrollo y la distribución equitativa de medicamentos, vacunas y otras herramientas esenciales para combatir el Covid-19. El ACT Accelerator se organizó en base a cuatro ejes principales: diagnóstico, tratamiento, vacunas y fortalecimiento de los sistemas de salud. El eje de vacunas de ACT-A se denominó Covax [10], que está siendo coordinado por Cepi, Gavi y la OMS, y su misión es acelerar la búsqueda de una vacuna efectiva para todos, apoyar la construcción de capacidad de producción y adquirir insumos con anticipación para asegurar que se pueden distribuir 2.000 millones de dosis, de manera uniforme para fines de 2021.

El mes anterior, la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con Wellcome Trust y Mastercard lanzaron una iniciativa llamada Covid-19 Therapeutics Accelerator (CTA) [11], que trabaja con la OMS, los financiadores y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para acelerar la respuesta a la pandemia, a través de la identificación, evaluación, desarrollo y expansión de posibles tratamientos contra Covid-19.

Otra iniciativa importante que vale la pena mencionar es Anticov [12], un gran ensayo clínico realizado en 19 centros de 13 países africanos, con el objetivo de identificar posibles tratamientos tempranos que limiten la transmisión y prevengan la progresión de Covid-19 a casos graves. Anticov está coordinado por la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi) e incluye a 26 organizaciones internacionales y africanas de investigación y desarrollo.

Como ya se ha comentado [13], la experiencia de las pandemias o epidemias previas ha provocado una discusión sobre lo que se consideran bienes públicos o bienes comunes. Cuando surgió el brote de ébola en 2014, el Banco Mundial propuso que la preparación para una pandemia se considere un “bien público global”, e insistió en el establecimiento de un fondo para abordar el riesgo de pandemias. Poco después, la OMS trató de estructurar el financiamiento colectivo de los “bienes de salud comunes”, pero no se incluyó en una resolución de la OMS hasta el 2020.

Tras el llamado a la solidaridad para enfrentar la pandemia que hizo el presidente de Costa Rica, la OMS aprobó el establecimiento de un pool de tecnologías relacionadas con Covid-19. Esta iniciativa dio lugar al C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool) [14], que tiene como objetivo acelerar el desarrollo de los productos necesarios para combatir la pandemia, acelerar la ampliación de la escala de producción y eliminar las barreras de acceso a través del intercambio de información, datos, conocimientos y otros recursos [15].

Desde julio de 2020, Sudáfrica ha estado debatiendo la necesidad de abordar cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en el acceso a tecnologías Covid-19 en la OMC [16]. Tras estas declaraciones y en el contexto de las discusiones sobre acceso a tecnologías que se están llevando a cabo en diferentes foros mundiales, en octubre de 2020, los representantes de India y Sudáfrica, inicialmente con el apoyo de Kenia y Essuatini, presentaron a la OMC, el documento IP / C / W / 669 [17], que es una propuesta de suspensión temporal (renuncia) de varias disposiciones que se incluyeron en varios apartados del Acuerdo ADPIC, con el objetivo de hacer frente a las acciones de prevención, contención y tratamiento del Covid-19, y que incluiría la emisión de licencias sobre las tecnologías disponibles mientras dure la pandemia, aboliendo provisionalmente la protección por patentes y asegurando la expansión del acceso universal a estos productos.

Aunque hoy cuenta con el apoyo de más de 100 países, de la sociedad civil y de organismos multilaterales, esta propuesta enfrenta resistencias en los países de altos ingresos y por parte de la industria farmacéutica, dificultando que se pueda establecer el consenso necesario en las deliberaciones de la OMC. Sin embargo, datos recientes muestran que alrededor de 57 países son coautores de la iniciativa y otros 62 la apoyan firmemente, lo que demuestra que dos tercios de los 164 miembros de la OMC solicitan el acceso universal y equitativo a las vacunas y a otras tecnologías [18].

Recientemente, el Director General de la OMS y el Director Ejecutivo de Unicef hicieron una declaración conjunta llamando la atención sobre la gravedad de la inequidad en el acceso a las vacunas Covid-19, señalando que diez países habían captado el 75% de las vacunas. y que alrededor de 130 países no tendrían acceso hasta en años sucesivos [19].

La recién nombrada directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, anunció una posible tercera vía, menos restrictiva, consistente en aumentar las licencias voluntarias que otorgan las empresas farmacéuticas para que los países de ingresos bajos y medios puedan producir versiones genéricas de sus productos protegidos por patentes, pero sin eliminar los derechos de propiedad intelectual. En este contexto, se convocó una reunión con la industria que produce vacunas que están en proceso de recibir el permiso de comercialización, los posibles productores, Covax, Gavi / Cepi y los organismos internacionales, en un intento de alinear medidas más aceptables para los opositores a la propuesta de suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual para acelerar la capacidad global para producir vacunas [20]. Los países que han propuesto y defienden la propuesta de India y Sudáfrica señalan la falta de transparencia que suele acompañar a los mecanismos de licencias voluntarias, además de la absoluta falta de alineación entre los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas y la salud pública [21].

La actual disputa de mercado y la carrera por la compra anticipada de la producción mundial de vacunas para Covid-19 son motivo de preocupación. Se sabe que los países ricos, a pesar de representar solo el 16% de la población mundial, ya han comprado por adelantado alrededor del 60% de la producción de vacunas en 2021, por lo que el grupo de los 84 países más pobres posiblemente tenga que esperar al 2022, 2023 o incluso 2024 para vacunar a sus poblaciones [22, 23].

Expertos argumentan que, si los países ricos continúan acumulando vacunas, la pandemia podría seguir otros siete años, con todos sus efectos devastadores, e incluso si estos países vacunan a toda su población, si los países de ingresos bajos y medios se quedan atrás, el impacto sobre la economía mundial no tendrá precedentes [24,25]. La interdependencia económica de los países implica que la barrera económica de un país tiene consecuencias graves e inmediatas para los otros, es decir, nadie está a salvo hasta que todos los países estén a salvo. Es triste observar como algunos países han utilizado su poder adquisitivo y han comprado vacunas en cantidades superiores a sus necesidades, evitando así una distribución más equitativa y equilibrada en el mundo.

Aún más lamentable es ver que este es un problema que se repite, ya había ocurrido en pandemias anteriores. En el caso de la pandemia de Influenza H1N1, que ocurrió en 2009, los países ricos también comenzaron a vacunar meses antes que los países en desarrollo. China comenzó a vacunar a su población en septiembre y EE UU en octubre de 2009; Brasil solo tuvo acceso a las vacunas en marzo del año siguiente, cuando otras 77 naciones más pobres lograron acceder a través de un programa internacional de transferencia de vacunas. Cabe señalar también que, en ese momento, algunos países ricos acumularon tantas dosis de vacunas que tuvieron que descartarlas o venderlas [26]. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre las dos pandemias y, si los países ricos no actúan con rapidez para asegurar una distribución más equitativa de las vacunas, esta será una carrera en la que todos perderán.

El tema específico del acceso a las vacunas Covid-19 se está convirtiendo en el principal tema del momento. tanto a nivel nacional como internacional. Durante el último mes pudimos escuchar algunas declaraciones de organismos internacionales haciendo un llamado al acceso equitativo a las vacunas. Cabe destacar la resolución y el comunicado del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) [27], subrayando la preocupación de los países miembro por las medidas que generan inequidad en el acceso y distribución de vacunas entre países desarrollados y en desarrollo, solicitando aumentar la producción de vacunas y que los estados faciliten la exportación, el acceso equitativo a precios justos y la distribución equitativa de las vacunas [28,29].

Además, demostrando el carácter intersectorial del impacto de la pandemia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2625 (2021) [30], reconociendo que la inmunización amplia contra Covid-19 es un bien público global, la necesidad de incrementar la capacidad de producción de vacunas a través de asociaciones internacionales y de alentar a los países desarrollados a donar dosis de vacunas a países de ingresos bajos y medios a través del mecanismo Covax.

Ciertamente, en la peor tragedia de salud que ha golpeado nuestro planeta, alcanzando alrededor de 120 millones de casos y 2,6 millones de muertes en el mundo [31], Brasil está siendo golpeado de manera desproporcionada en relación a su capacidad de respuesta en tragedias anteriores. La importancia de la respuesta de nuestro SUS (Sistema Unificado de Salud), de la producción local, del fortalecimiento de nuestras instituciones públicas y del complejo sanitario económico e industrial, representan elementos fundamentales para afianzar la recuperación de nuestra soberanía sanitaria. Los desafíos son cada vez mayores, pero, aunque tarde, se ha iniciado el plan de vacunación a nivel nacional, con vacunas cuyas tecnologías serán, en el futuro inmediato, absorbidas y potenciadas por Brasil. La Fundación Oswaldo Cruz y el Instituto Butantan son baluartes de la Ciencia y la Medicina en Brasil, con repercusión en el mundo, más allá de nuestras fronteras.

Entre las lecciones aprendidas en estos doce meses, la pérdida de tantas vidas, el sufrimiento y el duelo de tantas familias, las restricciones y el encierro, estamos seguros de que la solidaridad que se buscó y que no siempre se priorizó en el mundo globalizado nos puede impulsar a luchar por un futuro más justo para las generaciones venideras.