Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Políticas
Las reflexiones y lo que aprendamos de la crisis de Covid-19 debe cubrir todos los aspectos de las respuestas globales y nacionales. Aquí, trato de centrarme en algunas lecciones que tenemos que aprender sobre el desarrollo y la entrega de vacunas.
Se prevé que, si bien la mayoría de los países ricos pueden alcanzar la inmunidad colectiva para fines de 2021, la mayoría de los países africanos alcanzarán este estado a partir de principios de 2023. De hecho, más de 85 países pobres no tendrán acceso generalizado a las vacunas contra el coronavirus antes de 2023.
Los países ricos y las instituciones globales parecen haber apostado únicamente por el Covax. Sin embargo, mientras se vacuna la gente del norte ¿cómo puede Covax, entregar vacunas a países de ingresos bajos y medios (PIBM) si las dosis necesarias no están disponibles? Además, Covax se diseñó para proporcionar dosis a los grupos de riesgo en los países de ingresos bajos y medios: el 20% de la población. Se estima que hay que vacunar al 60-90% de la población para alcanzar la inmunidad colectiva.
La Unión Africana tiene un plan para llegar al 60% de África y ha iniciado negociaciones con algunas empresas para comprar 270 millones de dosis. Sin embargo, aún no ha llegado una sola dosis a África. Las empresas tienen el poder de decidir qué y cuándo asignan las dosis. Pfizer obligó a los países de América Latina a ofrecer activos soberanos como garantía por si hubiera que indemnizar a alguien como resultado de una demanda civil por haber experimentado efectos secundarios, aunque la culpa fuera de la empresa.
Para asegurar el acceso a las vacunas, muchos países de ingresos bajos y medios aceptaron donaciones y compraron vacunas fabricadas por empresas chinas y rusas, a pesar de no contar con la autorización de emergencia de la OMS.
La OMS ha advertido contra el nacionalismo de las vacunas [1]. Además, el virus ha demostrado su capacidad para mutar y han surgido cepas peligrosas en Sudáfrica y Brasil. Pero estas advertencias no han logrado que los países ricos dejen de acaparar vacunas.
Los líderes mundiales dicen que “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”. Por ejemplo, en abril de 2020, el presidente de la Comisión Europea declaró “Necesitamos desarrollar una vacuna. Tenemos que producirla y distribuirla en todos los rincones del mundo, y hacerla disponible a precios asequibles. Esta vacuna será nuestro bien común universal” [2]
Estas palabras de solidaridad global se han quedado en palabras vacías. En lugar de soluciones globales para un problema global, la respuesta ha sido mezquina y nacionalista. No hay un plan mundial sobre cómo, cuándo y a qué costo el mundo puede alcanzar la inmunidad colectiva global.
Una forma de visualizar la situación es comparándola con un grupo de individuos fuertes que se pelean por tener una porción más grande de una pizza pequeña, y dejan las migajas para el resto. Esta pelea ignora la solución obvia de obtener múltiples pizzas grandes para alimentar a todos.
La OMS y 40 países lanzaron un mecanismo que facilitaría maximizar el suministro al permitir que posibles productores de todos los países fabricaran millones adicionales de dosis [3]. Covid-19 Technology Access Pool (CTAP) es una iniciativa que facilita el intercambio de tecnología, conocimientos y propiedad intelectual (IP) para que otras empresas puedan producir las vacunas. Sin embargo, los países ricos ignoran el C-TAP, a pesar de que siempre hablan de mecanismos voluntarios, especialmente ante las propuestas de exención de los derechos de propiedad intelectual [4]. Las compañías farmacéuticas lo descartan tildándolo de “tontería” [5]. No es de extrañar que ni una sola empresa se haya unido al banco de patentes Covid, especialmente cuando no cuenta con el apoyo de instituciones internacionales como Covax, lo que hubiera estimulado la oferta.
Parece que los países ricos se contentan con dejar decisiones vitales de producción, suministro (quién recibe qué dosis y cuándo) y precio en manos de las empresas farmacéuticas. Quizás temerosos de no obtener los millones de dosis para su propia población, los gobiernos se abstienen de intentar influir en las empresas para que compartan la tecnología por la que ellos mismos pagaron.
La vacuna de Oxford se basó en una investigación que comenzó con la aparición del SARS en 2002. Posteriormente se siguió trabajando en MERS, otro coronavirus. Las universidades han estado trabajando en conocer los coronavirus y desarrollar vacunas desde el SARS. Las universidades como Oxford, que inventaron la vacuna que desarrolló Astra Zeneca, normalmente se financian con dinero de los contribuyentes.
El año pasado, los gobiernos invirtieron más dinero en la investigación y el desarrollo (I + D) de vacunas. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido otorgó una subvención de 65,5 millones de libras esterlinas en fondos adicionales para la Universidad de Oxford [6].
De igual manera, la investigación sobre los ARNm comenzó hace décadas a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE UU y la Universidad de Pensilvania, además del conocimiento que se había generado sobre el coronavirus. “Cuando comenzó la pandemia, ya teníamos una base científica sólida”. El NIH invierte US$41.700 millones anualmente en investigación médica. Desde 2020, el gobierno de EE UU ha estado invirtiendo dinero en instituciones de investigación y empresas para desarrollar vacunas Covid-19.
Claramente, sin la financiación sostenida de la investigación médica en las universidades, el mundo habría tenido que empezar de cero y habría tardado años en producir una vacuna.
A pesar de los repetidos fallos de este sistema en la producción de medicamentos necesarios para la salud pública, incluyendo para las que conocemos como enfermedades desatendidas como la enfermedad del sueño o la resistencia a los antimicrobianos, el modelo sigue estando protegido.
Con respecto a las pandemias, el Dr. Tedros resumió la situación diciendo que “los modelos de mercado tradicionales no ofrecerán el volumen necesario para cubrir a todo el mundo”.
Las empresas farmacéuticas afirman que la propiedad intelectual y los precios elevados son fundamentales para financiar la I + D. Sin embargo, la industria no quiere revelar el costo de la I + D en medicamentos y vacunas, como si se tratara secreto comercial, y la sociedad tiene que aceptar una cifra de costos, en constante aumento, que proporciona una universidad financiada por la industria farmacéutica.
Muchas organizaciones de la sociedad civil, académicos y la OMS pidieron -al menos explorar- un modelo de desvinculación de la financiación de la I + D del precio de los productos resultantes [7]. El modelo de desvinculación puede ser una reforma progresiva a la I + D que permita el acceso universal al conocimiento y a las tecnologías médicas que respondan a las necesidades de salud pública y de los pacientes.
La financiación de las vacunas Covid-19 ilustra claramente el valor crítico de la financiación pública no solo para I + D sino también, al menos en tiempos de pandemia, para su fabricación. Sin embargo, los precios no están desvinculados, y las empresas ya han comunicado a sus inversores que en un futuro cercano van a subir los precios para maximizar sus ganancias de la pandemia.
A pesar de eso, los gobiernos todavía no están interviniendo en garantizar el suministro de las vacunas o en compartir la tecnología que financiaron. El representante comercial de Sudáfrica en Ginebra resumió lo que debería suceder diciendo: “No creo que los gobiernos deban delegar su responsabilidad por la salud pública a empresas privadas que solo responden a los accionistas”.
Después del brote de ébola, escribí que “los sistemas de salud resilientes, sin copagos ni deducibles, son evidentemente un bien público mundial. Son fundamentales para la prestación de una cobertura sanitaria universal y para una pronta respuesta a los brotes de enfermedades”.
Como ilustra el Covid-19, los sistemas de salud son la base de la seguridad nacional, así como la base para el crecimiento económico y el desarrollo social. La visión de que la atención a la salud es una mercancía, que los consumidores deben elegir y pagar, y que los gobiernos ayudan a quienes no pueden es una política ineficaz y miope. El acceso a los servicios de salud debe verse como un derecho y un bien público que debe estar al alcance de todos, y sus usuarios son ciudadanos con derechos, no consumidores de un producto de lujo que la gente tiene la opción de comprar o no.
La visión de que la inversión en el sistema de salud pública es un bien público significa que la asignación presupuestaria nacional debe priorizar la atención a la salud mediante una financiación adecuada que responda a las necesidades de salud y el avance de las tecnologías.
En resumen, debemos aprender del caos y la desigualdad de la respuesta global al Covid-19. Cada nación debe priorizar la inversión en investigación médica y sistemas de salud como un derecho y un bien público. El mundo necesita un sistema diferente de investigación biomédica que se base en compartir conocimientos y tecnología. Hay que hacer frente a las pandemias con planes globales, para maximizar el suministro y el intercambio justo de vacunas.
Referencias
