Conducta de la industria

Pfizer ha sido acusada de “intimidar” a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones sobre la vacuna contra el Covid, y ha pedido a algunos países que aporten como garantía activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, para hacer frente a los posibles costos de futuros casos judiciales, según revela la Agencia de Periodismo de Investigación (Bureau of Investigative Journalism).

En un país, las exigencias del gigante farmacéutico provocaron un retraso de tres meses en el acuerdo sobre las vacunas. En el caso de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional. Cualquier retraso en la recepción de las vacunas por parte de los países significa que más personas contraerán el Covid-19 y podrían morir.

Funcionarios de Argentina y del otro país latinoamericano, que no puede identificarse por haber firmado un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la empresa exigieron una indemnización adicional contra cualquier demanda civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser inoculados. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que se pusieran activos soberanos como garantía para cualquier costo legal futuro.

Un funcionario no identificado que estuvo presente en las negociaciones del país describió las exigencias de Pfizer como “intimidación de alto nivel” y dijo que el gobierno se sentía como si fuera “un rehén secuestrado” para poder acceder a las vitales vacunas.

Los activistas ya están denunciando un “apartheid de las vacunas”[1] por el que los residentes en países occidentales ricos podrían ser vacunados años antes que los de las regiones más pobres. Actualmente, los juristas especializados han expresado preocupación por si las exigencias de Pfizer constituyen un abuso de poder.

“Las empresas farmacéuticas no deberían utilizar su poder para restringir el acceso a las vacunas que salvan vidas en los países de ingresos bajos y medios”, dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud sobre el Derecho Sanitario Nacional y Mundial (Collaborating Center on National and Global Health Law). “[Esto] parece ser exactamente lo que están haciendo”.

La protección sobre la responsabilidad por los eventos adversos no debe utilizarse como “la espada de Damocles que pende sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada”, añadió.

Pfizer ha entablado conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Se desconocen los términos de esos acuerdos.

Pfizer le dijo a la Agencia: “A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medios bajos a precios sin fines de lucro, incluyendo un acuerdo de compra anticipada con Covax para proveer hasta 40 millones de dosis en 2021. Estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos destinados a proporcionar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo.” Declinó pronunciarse sobre las negociaciones privadas en curso.

La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad – exención de responsabilidad legal – a los fabricantes de vacunas a los que les compran. Esto significa que un ciudadano que sufra un efecto adverso tras ser vacunado puede presentar una reclamación contra el fabricante y, si tiene éxito, el gobierno pagaría la indemnización. En algunos países los ciudadanos también pueden solicitar una indemnización a través de estructuras específicas sin tener que acudir a los tribunales.

Esto es bastante típico de las vacunas que se administran en una pandemia. En muchos casos, los efectos adversos ocurren con tan poca frecuencia que no aparecen en los ensayos clínicos y sólo se manifiestan una vez que cientos de miles de personas han recibido la vacuna (una vacuna contra la gripe H1N1 de 2009, por ejemplo, se relacionó finalmente con la narcolepsia [2]). Como los fabricantes han desarrollado las vacunas con rapidez y porque protegen a todos los miembros de la sociedad, los gobiernos suelen estar de acuerdo en cubrir el costo de las indemnizaciones.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno de Argentina y del país no identificado que hablaron con la Agencia consideraron que las exigencias de Pfizer iban más allá de las de las otras empresas de vacunas, y más allá de las de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, y que también exige a sus miembros que indemnicen a los fabricantes. Esto supone una carga adicional para algunos países, ya que implica tener que contratar a abogados especializados y, en ocasiones, aprobar una nueva y compleja legislación para poder eximir a los fabricantes de sus responsabilidades.

Exigencia extrema
Pfizer solicitó una indemnidad adicional frente a los casos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos poco frecuentes, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa: por ejemplo, si Pfizer envía la vacuna equivocada o comete errores durante la fabricación.

“Se justifica cierta protección contra la responsabilidad, pero desde luego no por fraude, negligencia grave, fallos de gestión o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación”, dijo Gostin. “Las empresas no tienen derecho a pedir una indemnización por esas cosas”.

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de Derecho Sanitario Mundial en la Universidad de Keele, dijo que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas y ahora están haciendo que los gobiernos, incluidos los de los países de ingresos bajos y medios, asuman los posibles costos de los efectos adversos. (BioNTech, socio de Pfizer, recibió US$445 millones del gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo en julio para encargar por adelantado 100 millones de dosis por casi US$2.000 millones, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en los ensayos de fase tres. Pfizer espera vender vacunas [3] por valor de US$15.000 millones en 2021).

En opinión de Eccleston-Turner, parece que Pfizer “está tratando de sacarle el máximo provecho y minimizar su riesgo en cada etapa del desarrollo y de la distribución de esta vacuna. Ahora, el desarrollo de la vacuna ya ha sido fuertemente subvencionado. Así que el riesgo para el fabricante es mínimo”.

La Agencia habló con funcionarios de dos países que relataron que las reuniones con Pfizer empezaron de forma prometedora, pero se agriaron rápidamente, y analizó un informe del Ministerio de Salud de Brasil.

El Ministerio de Salud argentino comenzó a negociar con la empresa en junio, y el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de Pfizer Argentina al mes siguiente. Durante las reuniones posteriores, Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, en octubre el Congreso aprobó una nueva ley que lo permitía. Sin embargo, según un funcionario de la oficina del presidente, Pfizer no estaba contenta con los términos de la legislación. El gobierno creía que Pfizer debía asumir la responsabilidad por cualquier acto de negligencia o malicia. El funcionario dijo que Pfizer discrepó.

El gobierno ofreció modificar la ley existente para dejar claro que “negligencia” significaba problemas en la distribución y la entrega de las vacunas. Pero Pfizer no quedó satisfecha. Pidió al gobierno que modificara la legislación mediante un nuevo decreto; Fernández se negó.

“Argentina podría compensar los efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer comete un error”, dijo el funcionario, que conoce en detalle las negociaciones. “Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pfizer interrumpiera involuntariamente la cadena de frío de la vacuna [el transporte y almacenamiento a -70C]… y un ciudadano quisiera interponer una demanda? No sería justo que Argentina pagara por un error de Pfizer”.

El funcionario dijo que las conversaciones pronto se pusieron tensas y complicadas: “En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía cada vez más”. Además de los cambios en la nueva ley, pidió a Argentina que contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa (también se le pidió a los países que lo hicieran durante el brote de H1N1).

A finales de diciembre, Pfizer planteó otra petición inesperada: que el gobierno pusiera en garantía activos soberanos, que podrían incluir reservas bancarias federales, edificios de embajadas o bases militares.

“Ofrecimos pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos el seguro internacional, pero este último pedido fue inusual: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal”, dijo el funcionario. “Fue una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando hubo que negociar la deuda externa, pero tanto en aquel caso como en este, la rechazamos de inmediato”.

Policía bueno, policía malo
El fracaso de las negociaciones significa que los ciudadanos argentinos, a diferencia de los de los países vecinos, no tendrán acceso a la vacuna de Pfizer, dejándoles con la vacuna rusa Sputnik V, la de AstraZeneca y las suministradas a través de Covax. El gobierno está negociando también la adquisición de vacunas de Moderna, Sinopharm y CanSino.

“Pfizer se portó mal con Argentina”, dijo Ginés González García, ex ministro de Salud de Argentina. “Su intolerancia con nosotros fue tremenda” (González García renunció el fin de semana tras las denuncias de que se habría permitido que personalidades conocidas se saltaran la cola de las vacunas).

Las mismas exigencias se le hicieron al Ministerio de Salud de Brasil. Pfizer pidió que se le indemnizara y solicitó al ministerio que pusiera activos soberanos como fianza y que creara un fondo de garantía con dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero. En enero, el ministerio rechazó estas condiciones, calificando los términos de “abusivos”.

Un funcionario de otro país latinoamericano que no puede ser identificado describió el desarrollo de las conversaciones de manera similar. Dijo que el gobierno comenzó a negociar con Pfizer en julio, antes de que se aprobara la vacuna. Se tenía la impresión de que los negociadores de Pfizer tenían una estrategia de “policía bueno y policía malo”, en la que el “policía malo” presionaba al gobierno para que comprara más dosis.

“[En aquel momento] no había ni un solo medicamento o vacuna en el mundo con este tipo de tecnología que hubiera demostrado ser seguro y eficaz… Teníamos a esta señora presionando, y diciendo: `Compren más, ustedes van a matar a la gente, la gente va a morir por su culpa'”, dijo el funcionario.

Las negociaciones se pusieron tensas cuando la empresa pidió una compensación adicional. El gobierno nunca había concedido ningún tipo de indemnización antes y no quería eximir a la empresa de su responsabilidad, pero Pfizer dijo que este punto no era negociable. Las negociaciones continuaron y finalmente el acuerdo se firmó, pero con un retraso de tres meses.

Dado que Pfizer sólo tiene 2.000 millones de dosis para vender en todo el mundo este año -al parecer, por orden de solicitud-, el funcionario está molesto por un retraso que probablemente hizo que el país quedara más atrás en la cola.

Una de las razones por las que el gobierno quería las vacunas de Pfizer era porque la empresa decía que se podían entregar rápidamente. Sin embargo, en el contrato, Pfizer quería reservarse el derecho a modificar el cronograma. No había margen de negociación. “O lo tomas o lo dejas”, dijo el funcionario.

El funcionario dijo: “Dentro de cinco años, cuando estos acuerdos de confidencialidad terminen, se sabrá lo que realmente ocurrió en estas negociaciones”.

Pfizer dijo a la Agencia: “Pfizer y BioNTech están comprometidas firmemente a cooperar con los gobiernos y con otras partes interesadas para garantizar un acceso equitativo y asequible a nuestra vacuna contra el Covid-19 para la población de todo el mundo”.