Conducta de la industria

Johnson & Johnson es una corporación multinacional estadounidense fundada en 1886 que desarrolla dispositivos médicos, medicamentos y bienes de consumo empacados. En el 2018 la compañía se ubicó en la posición 37 entre las 500 corporaciones estadounidenses más grandes de acuerdo a sus ingresos totales. La corporación incluye unas 250 empresas subsidiarias con operaciones en 60 países y productos vendidos en más de 175 países [1]. Esta empresa, al igual que la mayoría de grandes corporaciones, ha sido objeto de múltiples denuncias; una organización, que promueve la rendición de cuentas de las corporaciones y el gobierno en EE UU para el desarrollo económico, reúne un resumen de todas las violaciones que ha cometido J&J desde el año 2000. Para acceder a esa página puede ir a https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/johnson-and-johnson

En términos generales, las actividades delictivas de Johnson & Johnson y sus subsidiarias incluyen denuncias por evasión de impuestos, manipulación de regulaciones públicas para beneficiar intereses de lucro privado excesivos y bloqueo deliberado del acceso global a medicamentos asequibles. Por ejemplo, en el 2018 Oxfam lanzó un nuevo informe sobre las compañías farmacéuticas, así como una campaña que específicamente pide a Johnson & Johnson que pague su justa parte de impuestos, que deje de intentar manipular las regulaciones públicas para socavar la lucha contra la pobreza, y haga que sus medicamentos sean asequibles a las personas que los necesitan [2]. Según una investigación de Public Citizen, en el periodo 1991-2005 la corporación pago US$2.820 millones en multas y realizó 19 acuerdos extrajudiciales a nivel federal y estatal en EE UU [3].

Al realizar una búsqueda de casos con cuestionamientos éticos serios directos sobre la compañía en los últimos cinco años, destacan entre otros los siguientes:

Campaña de marketing de opioides engañosa [4]
Varios estados en Estados Unidos han llevado a juicio a Johnson & Johnson por demandas relacionadas con los opioides, pero la empresa ha optado por acuerdos económicos extrajudiciales. Recientemente anunció un monto total de liquidación de US$5.000 millones para resolver las demandas por opioides presentadas y futuras reclamaciones de estados, ciudades, condados y gobiernos tribales [5]. Esta práctica es frecuente en EE UU y no es una admisión de responsabilidad o irregularidad; Johnson & Johnson expresó que continuará defendiéndose contra cualquier litigio que el acuerdo final no resuelva.

Un ejemplo de los casos judiciales llevados a término es el veredicto de Oklahoma contra Johnson & Johnson (2019), el cual reveló que la compañía conocía los peligros de adicción y muerte de sus opioides y a pesar de ello desarrolló una campaña de marketing generalizada, utilizando estrategias de marca y sin marca, que logró provocar un cambio cultural que ocasionó su aceptación en la prescripción. Esta campaña:

La multa consistió en US$572 millones y tuvo lugar poco antes de que comenzara el primer juicio federal por opioides en el que Johnson & Johnson era uno de los demandados. En la víspera del inicio del juicio la corporación acordó pagar una multa de US$20,4 millones para evitar ser incluida en él [6].

Casos de cáncer de ovario ligados al uso de polvos de talco en el área genital
Johnson & Johnson enfrenta en los juzgados miles de demandas que relacionan el uso de los polvos de talco con cáncer de ovario (predominantemente) o con mesotelioma. Las condenas que ha recibido con relación a estas demandas son millonarias, entre las cuales sobresale la de US$2.110 millones a favor de 22 mujeres [7]: “La condena de esta demanda inicialmente se había fijado en US$4.690 millones en el 2018. Después de la apelación fue reducida en el 2020 a US$2.110 millones”.

El debate y la investigación en torno a la capacidad cancerígena de estos productos se documenta desde los años setenta. Si bien se han publicado varios artículos con conclusiones en direcciones contrarias, un artículo del 2015 publicado por Daniel W. Cramer y colaboradores en “Epidemiology” recoge 16 años de estudios y cuantifica el riesgo: “El talco que se usa regularmente en el área genital se asoció con un aumento del 33% en el riesgo de cáncer de ovario en general, mientras que no hay aparentemente riesgo asociado con el uso de talco en áreas no genitales” [8].

Un elemento que pareciera ha resultado clave en las condenas y que forma parte de la raíz del cuestionamiento ético a la compañía es un documento interno de J & J de 1997 en el que un consultor médico aseguraba que negar los riesgos entre el uso del talco y el cáncer de ovario sería como negar el vínculo entre el tabaco y el cáncer de pulmón [9].

A mediados del 2020 la compañía anunció que retiraría del mercado estadounidense y canadiense sus polvos basados en talco. El anuncio no menciona su retiro de otros mercados [10].

Bloqueo deliberado del acceso asequible y masivo a medicamentos terapéuticamente superiores para tratar la tuberculosis multi-resistente (TB-MR)
La bedaquilina, introducida por Janssen en el mercado fue recomendada por la OMS en el 2018 como tratamiento esencial para la tuberculosis multiresistente (TB-MR), al ser menos tóxica y más eficaz que medicamentos anteriores. No obstante, prácticamente ningún país con una carga elevada de TB-MR ha logrado que este medicamento esté ampliamente disponible [11].

Lo anterior resulta paradójico dado que la investigación y desarrollo de este medicamento se han beneficiado enormemente de la financiación pública (de países de altos, medianos y bajos ingresos), filantrópica, de ONG internacionales, y de créditos fiscales del gobierno. Según una reciente investigación, la inversión pública superó la de la corporación en un factor de 1,6 – 5,1 [12].

Se informa que uno de los principales obstáculos de acceso ha sido el alto precio. Por ejemplo, el tiempo de un tratamiento de seis meses el precio oscilaba entre US$400-30.000 para un tratamiento de 6 meses, cuando estudios de la Universidad de Liverpool estimaron que la bedaquilina se podría producir y vender con ganancia a un precio de US$8 a US$16 por mes (US$48 y US$96 por seis meses). Se ha documentado otras barreras tales como la extensión de la patente de 20 años y el subregistro; en el 2015, la compañía había solicitado autorización para comercialización solamente en 7 de los 27 países más afectados por la TB-MR.

Otro elemento que ha retrasado el acceso masivo han sido los programas de donación por parte de Johnson & Johnson, los cuales generan dependencia y reducen la voluntad de los gobiernos para promover la producción genérica del medicamento, retrasando así la entrada de competencia al mercado. En el 2019 se documentó un caso concreto de donación en India que tuvo lugar en momentos en que la compañía estaba siendo investigada por el gobierno y los tribunales por irregularidades en sus productos [13].

Risperdal: Promoción de un antipsicótico para uso fuera de indicaciones aprobadas
Este medicamento, comercializado desde 1994 y utilizado para tratar condiciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ha sido fuente de múltiples críticas éticas y de litigios para la compañía, entre las cuales se encuentran demandas por supuesta información falsa suministrada a médicos prescriptores, marketing ilegal, promoción para usos no aprobados en niños y minimización de riesgos (ginecomastia)

En el 2013 Johnson & Johnson llegó a un acuerdo extrajudicial y pagó una multa de US$2.000 millones por su promoción para su uso fuera de indicación en pacientes de edad avanzada con demencia, a pesar de que la empresa supuestamente conocía – según los resultados de sus propios estudios que nunca fueron publicados ni compartidos – que el medicamento puede causar accidentes cerebrovasculares en estos pacientes [14].

La cuantía de la multa impuesta es insuficiente para impedir las infracciones sistemáticas. Sólo Por ejemplo, sólo un medicamento, Risperdal, representó US$11.700 millones en ventas para Johnson & Johnson en los primeros 12 años tras la aprobación del medicamento (1994-2005), o casi seis veces el acuerdo de pagar US$2.000 millones. En dos de los años durante los cuales supuestamente se produjo el fraude (2002-03) entre el 75% y el 84% del uso de Risperdal en pacientes de edad avanzada era fuera de la etiqueta, y aproximadamente la mitad de ese uso era en pacientes con demencia.

Para mayor información sobre las presuntas irregularidades cometidas por Johnson & Johnson en la comercialización de Risperdal, consulte “America’s most admired lawbreaker” investigación de Steven Brill y publicada en The Huffington post [15].