Litigación y Multas

Purdue Pharma SL (Purdue), la empresa que fabrica opioides, se declaró hoy culpable ante un tribunal federal de Newark, Nueva Jersey, por conspirar para estafar al Gobierno de EE UU y violar el Ley Contra los Sobornos.

Purdue se declaró culpable de tres cargos por delitos graves: un doble cargo por conspirar para estafar a EE UU y por violar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y dos cargos por conspiración para violar la Ley Federal Contra los Sobornos.

Jeffrey A. Rose, Fiscal General Adjunto, explicó que: «El consumo indebido y la malversación de opioides de venta con receta contribuyeron a la tragedia nacional de adicción y muertes, además de las que se debieron al uso de opioides ilegales. Esta declaración de culpabilidad en tres cargos por delitos graves envía un mensaje claro a la industria farmacéutica: la conducta ilegal tendrá consecuencias graves. Es más, las condenas de hoy dejan claro el compromiso del Departamento de usar una estrategia que incluye diferentes frentes para combatir la crisis de los opioides».

Racheal A. Honig, Principal Fiscal Adjunto de EE UU para el distrito de Nueva Jersey, afirmó:

“Purdue admitió que promocionó y vendió sus peligrosos medicamentos opioides a profesionales de la salud, a pesar de que tenía motivos para creer que se estaban revendiendo a drogadictos. La empresa mintió a la Administración de Control de Drogas [en inglés Drug Enforcement Administration DEA] sobre las medidas que había adoptado para prevenir tal malversación y aumentaban, de manera fraudulenta, la cantidad de productos que tenían permitido vender. Además, Purdue sobornó a algunos profesionales de la salud para que recetaran más medicamentos”.

Por su parte, Christina Nolan, Fiscal del distrito de Vermont dijo:

“Como muestra la declaración de culpabilidad por los cargos de delitos graves, Purdue priorizó las ganancias derivadas de la comercialización de opioides sobre la salud de las personas, y corrompió la relación sagrada entre el médico y el paciente. Esperamos que esto demuestre que el Departamento de Justicia no permitirá que las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas implementen planes ilícitos con ánimo de lucrar que interfieren en las buenas prácticas clínicas. También esperamos que esta declaración haga justicia en nombre de aquellos que sufrieron la adicción a la oxicodona y en nombre de los familiares y seres queridos de aquellas personas adictas que murieron”.

Calvin Shivers, Subdirector de la División de Investigación Criminal de la FBI afirmó:

“Este caso pone de manifiesto que ninguna empresa, ni siquiera Purdue Pharma, cuyos actos inflicten un daño a la salud y la seguridad del pueblo estadounidense, puede evadir la ley. La epidemia de opioides sigue propagándose en todo el país, afectando estadounidenses y dañando a comunidades. Al igual que nuestros compañeros responsables por hacer cumplir la ley, la FBI se compromete a investigar y responsabilizar a los delincuentes por la función que desempeñan en promover la crisis».

En el marco de estas declaraciones de culpabilidad, Purdue admitió que, desde mayo de 2007 hasta, al menos, marzo de 2017, conspiró estafar al Gobierno de EE UU obstaculizando las funciones legales de la DEA. Purdue declaró ante la DEA que contaba con un programa eficaz para evitar el desvío del medicamento para usos no clínicos cuando, en realidad, Purdue seguía promocionando sus opioides a más de 100 profesionales de la salud, a pesar de que la empresa tenía buenos motivos para creer que estaban desviándolos hacia usos ilícitos.

Purdue también entregó información engañosa a la DEA para poder aumentar su producción. Esta información incluía información sobre datos de prescripcones que incluían recetas escritas por médicos que Purdue tenía razones para sospechar que estaban participando en prácticas ilícitas. La conspiración también incluía ayudar e incitar a violar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos facilitando la dispensación de sus opioides, incluido el OxyContin, sin un propósito médico legítimo y, por lo tanto, sin recetas legales.

Purdue también admitió que conspiró a violar la Ley Federal contra Sobornos. Entre junio de 2009 y marzo de 2017, la empresa sobornó a dos médicos, a través de su programa de presentadores médicos, para persuadirles de que recetaran más opioides de Purdue. Además, desde abril de 2016 hasta diciembre del mismo año, la empresa farmacéutica pagó a Practise Fusion Inc, una empresa de historias clínicas electrónicas, para que refiriera, recomendara y gestionara los pedidos de OxyContin, Butrans y Hysingla, sus opioides de liberación prolongada.

En virtud del acuerdo de culpabilidad, Purdue aceptó una de las sanciones más grandes jamás impuesta a un fabricante de productos farmacéuticos. Ésta incluye una multa penal de US$3.544 millones y un adicional de US$2.000 millones como decomiso penal. En cuanto a este último, según el acuerdo de culpabilidad, la empresa pagará US$225 millones durante los tres días hábiles después del registro de la sentencia condenatoria. Si se cumplen determinadas condiciones, el departamento está dispuesto a abonar el valor conferido por la empresa a los gobiernos estatales y locales en virtud de la política de coordinación y no acumulación.

Purdue también llegó a un acuerdo civil que proporciona a EE UU una petición de quiebra general que no garantiza, no subordina ni permite la recuperación de $2.800 millones, a fin de resolver sus obligaciones civiles conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas. Por otra parte, la familia Sackler acordó pagar US$225 millones en daños para resolver su responsabilidad civil bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

Las resoluciones penales y civiles, anunciadas el 21 de octubre de 2020 [1], no incluyen la liberación de los cargos penales para ningún individuo, incluyendo los miembros de la familia Sackler, ni la cesión de las responsabilidades civiles de ningún ejecutivo o empleado de la empresa.

El 17 de noviembre de 2020, el tribunal de quiebras del distrito sur de Nueva York aprobó las condiciones financieras de la resolución global con la empresa. Estas incluyen la condición de que la empresa deje de funcionar en su modalidad actual y salga de la quiebra como una entidad de bien público o una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea beneficiar al pueblo estadounidense. Las ganancias de esta entidad se destinarán a programas, tanto locales como estatales, para combatir el consumo de opioides. En base al valor que se les atribuiría a los gobiernos estatales y locales a través de la entidad de bien público, el Departamento de Justicia está dispuesto a abonar hasta US$1.775 millones en comparación con los US$2. 000 millones acordados por el decomiso. El Departamento también espera trabajar con los grupos de acreedores durante el proceso de quiebra, y trazar el plan que deberá seguir esta entidad para alcanzar las metas de salud pública.

La resolución global no resuelve las acusaciones que los estados podrían tener contra Purdue o contra los miembros de la familia Sackler, ni tampoco impide que los deudores o un tercero puedan recuperar alguna transferencia fraudulenta.

A excepción de las declaraciones que haya hecho Purdue en el marco de las resoluciones penales, las demandas resueltas por acuerdos civiles solo son acusatotias y no se determinaron las responsabilidades en materia civil.