Los fabricantes de medicamentos donaron decenas de millones de dólares a grupos que ayudan a los pacientes y a grupos de médicos. Esas organizaciones ayudaron a crear un mercado enorme de analgésicos mortales.

Penney Cowan estaba harta. Había visitado a un médico tras otro para tratar su dolor debilitante, pero nadie podía ayudarla. Tardaron seis años en diagnosticarle una fibromialgia. Se sentía sola, incomprendida e incapaz de defenderse. Después de completar un programa para ayudarla a entender y manejar su dolor en la Clínica Cleveland, se dio cuenta de que mucha otra gente estaba sufriendo lo mismo que ella. En 1980, sentada en la mesa de la cocina con su marido, creó lo que probablemente fue el primer grupo de defensa de los pacientes con dolor en EE UU: la Asociación Americana del Dolor Crónico.

“El dolor aísla mucho. Sentía que era la única persona en el mundo“, dice. “Durante los últimos 40 años mi misión ha sido buscar a esa persona que cree que no hay esperanza y que a nadie le importa. Quiero hacerles saber que me importa y que hay esperanza“.

Cowan y su marido trabajaban como voluntarios. Había pocas opciones de financiamiento para una organización sin ánimo de lucro como la suya. Una subvención ocasional, como una que recibieron en 1982, les permitió imprimir materiales. En 1995, Mayday Fund, una fundación dedicada a aliviar el dolor facilitó que Cowan contratara a su primer empleado a tiempo parcial. En 1997, la Asociación Americana del Dolor Crónico sólo contaba con US$81.000 en donaciones. Cowan aún recuerda la primera vez que la organización sin ánimo de lucro terminó el año con US$300 dólares en el banco: “Pensábamos que lo estábamos haciendo muy bien”, dice.

Hoy, hay casi 8.000 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan a favor de pacientes con una gran variedad de enfermedades. La gran mayoría de ellas son pequeñas operaciones -como la de Cowan- con presupuestos que suman decenas de miles de dólares, según un estudio dirigido por un investigador de la Clínica Cleveland [1]. Pero, durante los últimos 20 años, la organización benéfica de Cowan creció rápidamente. En su punto álgido, en 2014, tuvo ingresos totales por casi US$800.000, es mucho más grande que la mayoría de los grupos de defensa de los pacientes.

La influencia de Cowan también creció. Fundó el Mes de la Concienciación sobre el Dolor (Pain Awareness Month) a nivel nacional. Ha formado parte de comités de la FDA y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCs). Ha hecho presentaciones ante la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, y ha visitado 80 hospitales de la Administración de Veteranos para hablar del dolor. Su organización cuenta con grupos de apoyo en todo EE UU.

Cowan logró pasar de trabajar en la mesa de la cocina a ser ampliamente reconocida como defensora de los enfermos con dolor gracias, en gran parte, a un factor clave: el dolor se ha convertido en un gran negocio. Y las empresas farmacéuticas consideraron que las organizaciones sin ánimo de lucro como la de Cowan eran clave para su crecimiento.

Una investigación del Chronicle ha descubierto que los grupos de defensa de los pacientes, las organizaciones de médicos y otras organizaciones sin ánimo de lucro han sido una parte integral de la estrategia de la industria farmacéutica para influir en los médicos, los pacientes y los responsables políticos para ampliar y abrir nuevos mercados para los opioides. Estas relaciones muestran cómo el dinero de las empresas puede manipular a las organizaciones sin ánimo de lucro, y cuestionan si éstas pueden resistir la presión y los posibles conflictos de interés que conlleva dicha financiación, especialmente cuando no se declara.

Los daños que han causado los opioides de venta con receta han sido desgarradores. La adicción ha destruido comunidades, y 247.000 estadounidenses murieron entre 1999 y 2019 por sobredosis de opioides de venta con receta. Ha habido miles de demandas, los comités gubernamentales han realizado investigaciones y algunos ejecutivos farmacéuticos han ido a la cárcel. Sin embargo, la mayoría de los grupos de defensa de los pacientes y otras organizaciones sin fines de lucro que han estado involucradas en la crisis no han abordado de forma significativa su papel. La crisis ha expuesto las muchas debilidades de estas organizaciones.

La exsenadora estadounidense Claire McCaskill, que fue la demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Públicos (Homeland Security and Governmental Affairs Committee) publicó un Informe en 2018 [2] sobre las organizaciones sin fines de lucro y los fabricantes de opioides. El Informe explicó que todos tienen mucha culpa. Las empresas farmacéuticas, los médicos e incluso la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration) figuran entre los culpables de la crisis de opioides por la que atraviesa el país. Pero las organizaciones sin ánimo de lucro desempeñaron un papel especial.

“La industria de los opioides impulsó una narrativa falsa y estas organizaciones sin ánimo de lucro facilitaron su difusión“, dice McCaskill. “Soy bastante cínica. Incluso a mí me sorprendió hasta dónde llegaban estas organizaciones para proteger a la industria de los opioides.”

Impulso para ampliar el mercado
A finales de 1995, la FDA aprobó el OxyContin de la empresa Purdue Pharma, un potente analgésico opiáceo de liberación prolongada. En los años siguientes se aprobaron otros opioides potentes. En aquella época, los médicos dudaban en recetar opioides porque les preocupaba la adicción, y sólo lo hacían durante las últimas etapas de la vida, dice Andrew Kolodny, codirector de la investigación sobre políticas de opioides de la Escuela Heller de Política y Gestión Social de la Universidad de Brandeis y testigo experto en las demandas de los estados y ciudades a los fabricantes de opioides.

Purdue se dio cuenta de que los pacientes con cáncer terminal representaban un mercado pequeño. Kolodny afirma que la empresa quería persuadir a los médicos para que recetaran OxyContin a un grupo de clientes que podría ser mucho mayor: pacientes con dolor agudo y crónico.

Para ello, Purdue y otros fabricantes de opioides empezaron a intentar convencer a los médicos de que cambiaran su forma de evaluar los peligros de los opioides y de tratar el dolor. “Lo que realmente estaban haciendo era patrocinar esta campaña para cambiar la cultura de la prescripción, para hacer que los médicos se sintieran más cómodos con los opioides como clase de medicamento“, dice Kolodny.

Una de las principales formas en que las empresas trataron de impulsar las prescripciones y las ventas de opiodes fue regalando dinero a las organizaciones sin ánimo de lucro.

En el transcurso de dos décadas, los fabricantes de opioides dieron más de US$60 millones a organizaciones sin ánimo de lucro, según una investigación del Comité de Finanzas del Senado de 2020 [3], y con ello fueron ganando influencia y acceso a los defensores de los pacientes y a los grupos de médicos que podían transmitir de forma creíble la estrategia comercial de los fabricantes, según las investigaciones del gobierno y los documentos internos que se publicaron como resultado de las demandas.

El crecimiento de los ingresos de la Asociación Americana del Dolor Crónico estuvo directamente vinculado a las donaciones de los fabricantes de opioides. En 2014, financieramente su mejor año, las donaciones de estas empresas supuso el 90% de sus ingresos, según el informe del Senado de 2020 y las declaraciones de impuestos de estos grupos.

En el pasado, la promoción de los fabricantes de opioides aparecía en las guías que su grupo elaboraba y distribuía a médicos, farmacéuticos y pacientes. Algunas de las versiones más antiguas de las guías revisadas por el Chronicle, en particular las de hace una década o más, restan importancia al riesgo de adicción a los opioides de venta con receta, presentan información científicamente cuestionable que podría producir un aumento de la prescripción de opioides y hacen hincapié en los riesgos de los analgésicos de venta libre. Estos mismos argumentos aparecen en publicaciones de otros grupos que también recibieron financiación de los fabricantes de opioides.

Cowan dice que las guías hacen hincapié en la necesidad de diseñar una estrategia individualizada para el tratamiento del dolor, y que ella siempre aboga por un enfoque equilibrado y nunca promueve medicamentos concretos.

Mientras los grupos de defensa de los pacientes y sus líderes se consideran actores independientes, con sus propias misiones y programas, que a veces se alinean con los de las empresas farmacéuticas, los fabricantes de medicamento opiáceos veían las cosas de otra manera. Para ellos, las organizaciones sin ánimo de lucro eran fundamentales para lograr su objetivo comercial de aumentar las recetas y las ventas de opioides. Los documentos internos que se han hecho públicos durante las demandas describen a las organizaciones sin ánimo de lucro como “socios” y las empresas los incluyen en sus planes de estrategia comercial.

Richard Sackler, expresidente y copresidente de la junta directiva de Purdue, lo explicó de forma sucinta en un correo electrónico en 2001, cuando escribió al director médico de la empresa sobre una reunión que quería tener con varias organizaciones sin ánimo de lucro. “Nuestro objetivo es vincular más estrechamente a estas organizaciones con nosotros, pero también alinearlas con nuestra misión ampliada, y procurar que el destino de nuestro(s) producto(s) esté inextricablemente ligado a la trayectoria del movimiento contra el dolor“.

Un portavoz de la familia Sackler no respondió a una solicitud de comentarios.

En una declaración escrita, una portavoz de Purdue no se refirió a la información de este artículo, sino que escribió que la compañía planea apelar una reciente decisión del tribunal de distrito que anula un plan del tribunal de bancarrota que permitía que Purdue se convirtiera en una empresa de beneficio público y que se protegiera a los Sackler de futuras demandas a cambio de US$4.500 millones de la familia. La empresa, escribió que seguirá intentando generar consenso alrededor de un plan que proporcione fondos a las comunidades afectadas por la crisis de los opioides.

Quinta señal vital
Las organizaciones sin ánimo de lucro ayudaron a allanar el camino hacia la crisis de los opioides desde su inicio.

En 1995, el año en que la FDA aprobó OxyContin, James Campbell, entonces presidente de la Sociedad Americana del Dolor, un grupo de médicos sin ánimo de lucro que recibió más de US$15 millones durante dos décadas de los fabricantes de opioides, pidió que el dolor se convirtiera en el quinto signo vital. La idea era conseguir que la Comisión de Acreditación de Organizaciones para la Salud (Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), sin ánimo de lucro, que acredita a los establecimientos de salud, exigiera a los hospitales que evaluaran y trataran el dolor de todos los pacientes del mismo modo que lo hacen con la tensión arterial anormal o los problemas respiratorios. Este cambio podría hacer que los opioides pasaran de ser medicamentos de nicho a fármacos que se recetan cientos de millones de veces al año.

La Fundación Robert Wood Johnson, una de las mayores y más respetadas entidades de financiación para la salud del país, en 1997 otorgó una beca y contribuyó a hacer realidad esta visión.

La beca de US$1,6 millones que la fundación concedió a la facultad de medicina de la Universidad de Wisconsin permitió que los miembros de la facultad presionaran a la Comisión Mixta (Joint Commission) del congreso de EE UU para que exigiera a los médicos de los hospitales que evaluaran el dolor de cada paciente. Según los informes sobre la beca [4] que se divulgaron en las demandas contra los fabricantes de opioides, el personal de la facultad de medicina que recibió la beca redactó el documento para el cambio de política, hizo una revisión de la literatura y realizó presentaciones a varios comités de la Comisión Mixta. Incluso ayudaron a presentar los cambios a la Junta de Comisionados, que los aprobó. En 2001, el dolor se convirtió en el quinto signo vital, que era lo que quería la Sociedad Americana del Dolor.

El director de la Fundación en aquel momento, Steven Schroeder, que ahora es profesor de salud y atención média en la Universidad de California en San Francisco, dice que esta beca fue una reacción a un estudio financiado por la fundación que mostraba que muchas personas sufrían dolor debilitante al final de sus vidas. En ese momento, muchas otras organizaciones médicas también buscaban formas de aliviar el sufrimiento al final de la vida. De hecho, la carta de aprobación de la beca que firmó Schroeder decía que la subvención era “para establecer normas de evaluación y tratamiento del dolor en los enfermos terminales“.

Pero la correspondencia relacionada con la beca muestra que la atención al final de la vida era sólo una parte del objetivo. La propuesta con la que se otorgó la beca decía que el propósito del proyecto era mejorar el tratamiento del dolor “en los enfermos terminales y en los que experimentan dolor por una cirugía o un traumatismo, así como en los que padecen cáncer o dolor crónico no relacionado con el cáncer. Creemos que todos, independientemente del diagnóstico, deben recibir un tratamiento adecuado del dolor“. Un informe de la beca dice que la Comisión Mixta apoyó las normas para tratar el dolor al final de la vida, pero no para el dolor en todos los pacientes [4, paginas 16-17]. La becaria agradece al personal de la fundación por haberla ayudado a desarrollar una estrategia para superar esa oposición.

Cuando la Fundación Robert Wood Johnson concedió esa beca, alrededor del 65% de sus fondos estaban invertidos en acciones de Johnson & Johnson – se fundó con acciones de la empresa y a lo largo del tiempo ha ido desprendiéndose de ellas. Cinco ejecutivos de la empresa, que se acaban de jubilar, fueron fideicomisarios de la fundación. Y el negocio de opioides de Johnson & Johnson fue creciendo hasta llegar a miles de millones de dólares al año.

Schroeder dice que los conflictos de interés entre la fundación y Johnson & Johnson eran inevitables porque ambas trabajan en el ámbito de la salud. Pero, dice que la Junta Directiva sólo ratificaba las recomendaciones para la concesión de becas que hacía su personal; los fideicomisarios no conspiraban para aumentar los beneficios de la empresa. Schroeder explica que en aquel momento, nadie podía prever la crisis de los opioides.

Jordan Reese, portavoz de la Fundación, dijo en un comunicado que ésta desarrolla programas sin tener en cuenta las empresas en las que invierte, que ha diversificado sus inversiones y que es una entidad completamente independiente de Johnson & Johnson. Dijo que la Fundación tiene políticas claras sobre conflictos de interés para su personal y sus fideicomisarios, y que esta beca no creó un conflicto de interés. Las guías resultantes no exigían el uso de fármacos para gestionar el dolor. Añadió que la Fundación está muy preocupada por la crisis de los opioides y está trabajando con otros para promover políticas y programas para prevenir otra crisis de este tipo.

En una declaración escrita, un portavoz de Johnson & Johnson, dijo que la Fundación Robert Wood Johnson es una institución independiente, y que “no está afiliada” a ninguna decisión comercial de Johnson & Johnson.

En una declaración escrita, una portavoz de la Universidad de Wisconsin no respondió a las preguntas, pero dijo que el becario de la facultad de medicina había realizado un trabajo centrado en la evaluación y el tratamiento del dolor del cáncer y había recibido financiación de la Fundación Robert Wood Johnson para elaborar recomendaciones para la Comisión Mixta sobre las normas de evaluación y tratamiento del dolor.

El año en que entraron en vigor las normas -2001- marcó un punto de inflexión en la prescripción de medicamentos opiáceos. En todo el país, entre 1999 y 2008 las ventas de opioides recetados se multiplicaron por cuatro, y la mayor parte del aumento se produjo después de 2001, según un estudio de los CDC [5]. Y las muertes por opioides recetados [6] se quintuplicaron desde 1999 hasta alcanzar su máximo en 2016.

Anna Lembke, directora médica de medicina de la adicción en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, testigo experto en los juicios casos contra los fabricantes de opioides y autora de Drug Dealer MD, sobre la crisis de los opioides dice que cuando la Comisión Mixta cambió la norma, los médicos se sintieron presionados para tratar el dolor y recetar opioides. Según Lembke, la decisión de la Comisión Mixta de convertir el dolor en el quinto signo vital desempeñó un papel importante.

Una portavoz de la Comisión Mixta dijo que el grupo no hacía comentarios sobre temas relacionados con juicios pendientes.

Durante las dos décadas siguientes, los fabricantes de opioides dieron decenas de millones a organizaciones sin ánimo de lucro [3]. Algunos grupos recibieron hasta US$6 millones cada uno entre 2012 y 2019. Con este dinero, las organizaciones sin fines de lucro se prepararon mensajes a los pacientes con dolor, a los farmacéuticos, y a los médicos que impulsaron la idea de que el dolor era un problema grande y poco tratado, que los opioides para el dolor eran relativamente seguros y efectivos, que el riesgo de adicción era bajo y que otros medicamentos para el dolor acarreaban riesgos para la salud, según los documentos divulgados en las demandas de los estados y ciudades, y las investigaciones del Congreso y otros grupos.

Relaciones secretas
Los grupos que defienden a los pacientes que sufren dolor y a las políticas contra el dolor no son las únicas organizaciones que reciben dinero de las empresas que se benefician de su trabajo. Las organizaciones de defensa de todo tipo de pacientes reciben habitualmente dinero de empresas farmacéuticas y de fabricantes de dispositivos médicos.

Un estudio de 2017 sobre 104 grandes organizaciones que ayudan a pacientes publicado en el New England Journal of Medicine [7] descubrió que el 83% de ellos recibía donaciones de las empresas. También muestra lo mal preparadas que pueden estar las organizaciones sin ánimo de lucro para gestionar las presiones y conflictos inherentes a dicha financiación. Poco más del 10% de los grupos habían publicado su política institucional para gestionar los conflictos de interés. Dado que estas organizaciones no tienen que revelar el origen de sus fondos, las personas que decicen y el público rara vez son conscientes de la influencia de las empresas farmacéuticas.

El autor del estudio, Matthew McCoy, profesor adjunto de ética médica y políticas de salud en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania afirmó: “Los pagos de la industria a las organizaciones de pacientes están omnipresentes, a menudo son bastante cuantiosos, y rara vez son totalmente transparentes”.

Sin embargo, la crisis de los opioides ha hecho público estas relaciones que antes eran secretas. Gracias a las investigaciones de los comités del Congreso y a los detalles revelados en los juicios contra los fabricantes de opioides, se ha conocido la turbia relación entre las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas farmacéuticas que intentan utilizar la confianza que se da a las organizaciones que ayudan a los pacientes, las políticas adoptadas y a los médicos para aumentar sus beneficios. Y aporta una perspectiva de los retos mayores a los que se enfrentan las organizaciones de ayuda a grupos de defensa del paciente y otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Kolodny ha explicado: “Los médicos respondieron a esta brillante campaña de marketing disfrazada de educación, y la prescripción se disparó. Esto provocó una catástrofe de salud pública. No habríamos tenido una epidemia de adicción a los opioides si no fuera por el papel que han desempeñado las organizaciones sin ánimo de lucro”.

Dinero de la industria
A lo largo de los años, la sección de “socios y colaboradores” del sitio web de la Asociación Americana del Dolor Crónico parecía un expediente judicial de las empresas que han sido demandadas por la crisis de los opioides. Los logotipos de Purdue Pharma, Janssen, Teva Pharmaceuticals, Endo International y otras empresas acusadas de cometer infracciones han aparecido en el sitio de la asociación, junto con otros benefactores.

El grupo que Cowan fundó no es único en aceptar estos fondos: el estudio realizado por los investigadores de la Clínica Cleveland descubrió que dos tercios de las organizaciones de ayuda a pacientes aceptaban financiación de la industria. Sólo destaca porque es muy meticuloso en su forma de dar a conocer las fuentes de financiamiento para su organización.

Mientras las organizaciones de pacientes dicen que la financiación no influye en sus decisiones o políticas, las demandas por opioides muestran que las empresas farmacéuticas que proporcionaron la financiación pretendían ganar influencia.

Un documento interno de Janssen de 2011, llamado “Pain Brief Advocacy & Policy Monthly” [8], que se ha hecho público en el juicio de Oklahoma contra Johnson & Johnson, incluye al grupo que Cowan fundó bajo el título “Primary external partner”.

Una presentación de la empresa – “Actualización y planificación comercial nacional de 2013” [9]- se refiere a las organizaciones sin ánimo de lucro como socios, y la empresa escribe que quiere “apoyar una buena política sobre el dolor“. Incluye un diagrama de flujo que comienza con una “visión del esfuerzo” para “movilizar a los socios para defender las políticas que aseguran el acceso adecuado a la atención del dolor”. Su “estrategia de acción” incluye ayudar a los pacientes a “mejorar el acceso”. Se menciona a Cowan como parte de la Coalición del Dolor Imagina las Posibilidades (Imagine the Possibilities Pain Coalition) y como autora de un documento que el grupo estaba preparando. Cuando se publicó el documento, ella no era autora, pero se le agradeció que lo revisara. Nueve de los 19 miembros de la coalición eran empleados de Janssen.

La presentación de Janssen, en la que se detallan las relaciones de la empresa con las organizaciones de ayuda a los pacientes y sus expectativas, menciona varias veces al grupo de Cowan. Esa misma presentación incluye un gráfico de las “Actividades de promoción que se proponen hacer a nivel nacional”, donde la Asociación Americana del Dolor Crónico y otras 16 organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones están marcadas tanto para “programas” como para “acceso”.

En un comunicado, un portavoz de Johnson & Johnson, propietaria de Janssen, dijo que la comercialización y promoción de opioides por parte de la empresa, así como el “financiamiento de estudios independientes, educación para los médicos y organizaciones de defensa de los pacientes fueron apropiados y responsables en la forma que presentaron los beneficios y riesgos de estos medicamentos“. Y la empresa no coordinó sus actividades de promoción con otras empresas. Dijo que la Coalición del Dolor Imagina las Posibilidades se reunió cuatro veces y produjo un estudio revisado por pares sobre como los militares manejan el dolor de los veteranos de guerra que regresan.

Cowan dice que la Asociación Americana del Dolor Crónico ha rechazado donaciones porque ella no menciona productos o marcas concretas. Sin embargo, la junta directiva del grupo estaba preocupada por el alto nivel de financiación proveniente de las empresas farmacéuticas, según las actas de una reunión de la junta directiva de octubre de 2011, obtenidas a través de una solicitud de registros públicos. “Surgió la preocupación porque la apariencia de parcialidad pudiera perjudicar la misión de la organización“, dice el acta. Los miembros de la junta directiva recomendaron dirigirse a las farmacias y a las aseguradoras de salud para obtener financiación.

Cowan dice que nunca supo el motivo por el que las empresas apoyaron a su grupo, sólo que permitía que su organización produjera publicaciones que ayudaban a las personas con dolor, y que no influían en el contenido de los materiales. Dice que los materiales nunca mencionaron medicamentos específicos y que le habría encantado obtener apoyo de otras fuentes, pero que era escaso.

“He escrito [propuestas de becas] para muchas fundaciones”, dice. “No sólo las escribo a las empresas farmacéuticas. Las he escrito a todas las fundaciones grandes y pequeñas, y no he conseguido nada“. Defender a los pacientes con dolor, dice, no es un tema que la mayoría de las fundaciones quieran financiar.

“Puedo dormir por la noche por la forma en que hemos hecho las cosas“, dice. “Todas las organizaciones sin ánimo de lucro que existen reciben dinero de las empresas farmacéuticas“.

‘Arpillera y ceniza’
Aunque es poco frecuente, algunas de las orgniaziones de ayuda los pacientes rechazan el dinero de las empresas farmacéuticas y de los fabricantes de dispositivos.

La National Women’s Health Network (Red Nacional de Salud de la Mujer), un grupo para la educación y defensa de la salud de la mujer rechaza toda la financiación de la industria, incluso de las empresas de vitaminas.

Cynthia Pearson, exdirectora ejecutiva de la red, dice que otras organizaciones de salud de la mujer cuestionan la decisión del grupo de no aceptar dinero.

“A veces tengo la impresión de que piensan que estamos un poco locos, no en nuestras decisiones políticas, sino como si lleváramos arpillera y ceniza“, dijo al Chronicle antes de dejar su cargo el año pasado. En 2020, el grupo tuvo unos ingresos de alrededor de US$1,5 millones. “Pagamos un precio elevado, con costo para nosotros mismos y para nuestra capacidad de trabajo“.

En 1978, la junta directiva de la red decidió que aceptar dinero de la industria comprometería su capacidad para ser una fuente de información confiable sobre la salud de las mujeres. Alrededor del 17% de la financiación del grupo procede de sus miembros -la afiliación mínima cuesta US$15 – y alrededor del 40% de fundaciones. La organización nunca ha sido tan prominente como podría serlo si estuviera mejor financiada, dice Pearson.

Pero ha merecido la pena, dice. Para Pearson otras organizaciones sin ánimo de lucro han tomado decisiones políticas que benefician a la industria que los financia, aunque no se basen en la mejor ciencia. Durante un breve período en el que la FDA exigió a las personas que testificaban en las audiencias que declararan sus fuentes de financiación, vio como orador tras orador anunciaban haber recibido financiación de los fabricantes cuyos productos estaban defendiendo. En el estudio de la Clínica Cleveland sobre pequeños grupos de adyuda de los pacientes, el 8% dijo que se sentía presionado para adaptar sus puntos de vista a los de los donantes corporativos.

Esas presiones y conflictos han quedado claros para Andy Betts, director general de la Fundación PKD, que aboga por las personas con una enfermedad renal que en su día fue mortal. El primer medicamento para tratar la afección se aprobó en 2018, y hay más en preparación. El grupo recibe muy poco dinero de la industria de la salud: un promedio del 3% de sus ingresos en los últimos cinco años. Pero Betts espera que el interés de la industria aumente a medida que haya más medicamentos disponibles. El grupo publica sus políticas de donaciones y divulga el apoyo de las empresas. Pero Betts se ha vuelto cauteloso a raíz de los conflictos expuestos por la crisis de los opioides.

“Somos muy cuidadosas porque hemos visto a otras organizaciones sin ánimo de lucro que han ido demasiado rápido“, dice. “Llevamos 40 años en los que hemos gozado de la confianza de los pacientes, y lo último que queremos es ponernos en una situación que ponga en peligro esa confianza. Nos lo tomamos muy en serio“.

Las relaciones con la industria pueden ser insidiosas para los grupos pequeños que a menudo carecen de políticas rigurosas, recursos legales y miembros sofisticados en la junta directiva, dice Pearson. “Todos somos humanos“, dice. “Llegamos a querer y a entender las perspectivas de las personas con las que compartimos nuestro tiempo“.

Pero Marc Boutin, antiguo director general del National Health Council (Consejo Nacional de Salud), una asociación comercial centenaria de grupos de defensa de los pacientes ve las cosas de otra manera.

Las relaciones con la industria ya sean financieras o a través de miembros de la junta directiva o de los asesores, son cruciales para las organizaciones de ayuda a pacientes. Ayudan a las organizaciones sin ánimo de lucro a comprender mejor los problemas a los que se enfrentan las empresas farmacéuticas, como el desarrollo de medicamentos, las políticas de las compañías de seguros y la presión de los hospitales y los fabricantes de dispositivos.

“Hay veces que los intereses de la comunidad de pacientes y de la industria están de acuerdo“, dijo antes de dejar su cargo. “Estamos muy de acuerdo en cuanto a impulsar la innovación y conseguir mejores tratamientos e incluso curas. No estamos de acuerdo en algunas cuestiones relacionadas con los precios“.

En lugar de rechazar a la industria, dice, las organizaciones sin ánimo de lucro deberían garantizar la diversidad en su financiación. Si reciben dinero de intereses contrapuestos, no dominará ningún punto de vista.

Entre las 38 normas del grupo para sus miembros se encuentra el requisito de dar a conocer todas las contribuciones de las empresas. Los donantes corporativos también deben garantizar la independencia de quien recibe el dinero en su toma de decisiones.

“Muchos grupos no cumplen estas normas, dice Boutin. De los 7.800 organizaciones de ayuda a pacientes que se calcula que existen, unos 65 -menos del 1%- son miembros, aunque es posible que las rigurosas normas no sean el motivo por el que no se unen.

Asesores con conflictos
Incluso con la financiación de las empresas farmacéuticas y de los fabricantes de dispositivos, muchas organizaciones de ayuda al paciente siguen funcionando con presupuestos ajustados. Sin embargo, a menudo necesitan elaborar políticas y materiales sobre temas médicos complejos que requieren conocimientos especializados. La mayoría recurre a asesores voluntarios que ayudan a las organizaciones sin ánimo de lucro a entender y actuar sobre temas complejos sin gastar una fortuna en consultorías. Pero algunas de esas personas, incluso las que gozan de una excelente reputación, pueden tener profundos conflictos de interés que a menudo no se dan a conocer. Y pueden utilizar su papel de asesores para influir en las políticas de estos grupos, en los materiales que producen e incluso en las becas que los donantes deciden financiar.

Los asesores médicos han desempeñado un importante papel en la Asociación Americana del Dolor Crónico de Cowan. En 2007, la asociación recibió financiación de Purdue para elaborar un kit de herramientas para farmacéuticos [10]. La publicación, editada por Partners for Understanding Pain, formada por más de 80 grupos y liderada por la Asociación del Dolor Crónico, hablaba de los riesgos de daño hepático, hemorragia gástrica e insuficiencia renal con los analgésicos de venta libre como Advil y Tylenol, al tiempo que restaba importancia al riesgo de adicción a los opioides.

“Es extremadamente raro que una persona se vuelva adicta a los fármacos administrados para el dolor agudo, a menos que haya habido una adicción o abuso preexistente“, dice una sección.

Esta afirmación no menciona la fuente, pero es habitual en publicaciones editadas por organizaciones sin ánimo de lucro respaldadas por prescriptores de opioides. Esta idea se citó en una carta de un párrafo dirigida al editor en el New England Journal of Medicine en 1980 [11], en la que se afirmaba que la adicción entre los pacientes hospitalizados que recibían opioides era poco frecuente. Aunque se trataba de una carta breve y no de un estudio revisado por pares, se ha citado más de 600 veces y ahora incluye una nota del editor que dice que la carta ha sido “‘citada de forma abundante y acrítica’ como prueba de que la adicción es rara con la terapia de opioides“.

En 2007, cuando se publicó el kit de herramientas [10], algunos estudios habían empezado a mostrar que la adicción era un problema. Un estudio [12] que evaluaba la investigación sobre el uso médico de los opioides en el dolor de espalda que se remonta a la década de 1960 encontró que “se producen comportamientos aberrantes en la toma de medicamentos hasta en un 24% de los casos“. Otro, de 2005 [13], descubrió que el abuso de OxyContin era “prevalente” en Estados Unidos.

El kit de herramientas [10] se publicó apenas unos meses después de que tres ejecutivos de Purdue y la compañía se declararan culpables de engañar a los reguladores, a los médicos y a los pacientes sobre la naturaleza adictiva de OxyContin, lo que dio lugar a una multa de US$600 millones.

Cowan dice que el presidente de su consejo asesor escribió el contenido médico del kit, y los miembros del consejo asesor lo revisaron. El consejo asesor incluía a expertos vinculados a los fabricantes de opioides y a grupos que recibían su financiamiento. Su presidente es Dennis Turk, director de una división de investigación del Departamento de Anestesiología y Medicina del Dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y parte de la división de investigación del departamento.

Turk fue presidente, tesorero y miembro de la junta directiva de la Sociedad Americana del Dolor, el grupo de médicos sin ánimo de lucro que fue pionero en la idea del dolor como quinto signo vital. Se disolvió en 2019 después aparecer en múltiples demandas por la crisis de los opioides. Recibió US$15,1 millones de tres fabricantes de opioides entre 1997 y 2018, según los datos de un informe del Senado de Estados Unidos de 2020. La Sociedad Americana del Dolor produjo materiales y guías educativas y financió la distribución de folletos para los médicos que promovían el aumento de la prescripción de opioides y minimizaban el riesgo de adicción.

Gail Scott, investigadora graduada de la Universidad de las Ciencias de Filadelfia y ex representante de ventas de Purdue, dice que tenía estos folletos para entregar a los médicos, al igual que muchos otros representantes de ventas. “Intentas educar a los médicos, y parece más creíble darles algo de un tercero“, dice.

En las demandas contra los fabricantes de opioides y en la investigación de McCaskill se ha descrito a la Sociedad Americana del Dolor como un socio clave en el esfuerzo de la industria farmacéutica por aumentar las ventas de opioides

David Haddox, un dentista que trabajó para Purdue durante casi 20 años fue otro asesor de la Asociación Americana del Dolor Crónico. Él acuñó el término pseudoadicción: la idea no fundamentada de que los pacientes que muestran claros signos de adicción no son, de hecho, adictos.

En cambio, según su teoría, la mejor forma de tratar a esos pacientes es aumentando las dosis de analgésicos opiáceos. De hecho, esa forma de actuar agravaría su adicción, pudiendo provocar complicaciones o la muerte, según Andrew Chambers, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Indiana que trata a pacientes con adicción. Haddox publicó un estudio de caso de un solo paciente que, según él, era pseudoadicto a los analgésicos opiáceos. Ningún otro estudio ha validado el término, y nunca ha sido un diagnóstico médico oficial, según Chambers, que coescribió un estudio que identifica el origen del término y desacredita su validez.

La demanda del estado de Maryland contra los fabricantes de opiáceos dice que el término “carece totalmente de pruebas científicas”, pero es una forma habitual que usan las empresas para promocionar sus productos.

“La pseudoadicción no es un constructo validado”, dice Lembke, de Stanford. “No se apoya en nada científico”. Sin embargo, dice, esta idea, que fue impulsada por los fabricantes de opioides y las organizaciones sin fines de lucro que financiaban, permitió que los médicos y los pacientes negaran la adicción a los opioides recetados y siguieran recetando y tomando los medicamentos.

El término se utilizó con frecuencia en las publicaciones editadas por las organizaciones sin fines de lucro financiadas por los fabricantes de opioides, incluyendo el kit de herramientas de 2007 y otras guías creadas y distribuidas por el grupo de Cowan hasta 2014.

Haddox ya no trabaja para Purdue. Su empresa de consultoría, que tuvo un contrato con Purdue en 2019, no tiene sitio web ni número de teléfono, y no pudo ser contactado a través de Purdue para hacer comentarios.

Según el informe de McCaskill, los asesores del grupo de Cowan recibieron más de US$140.000 de los fabricantes de opioides entre 2013 y 2017.

Cowan dice que sabía poco sobre sus asesores médicos. Dice que todos fueron elegidos por Turk, el director del comité asesor. “No los investigamos”.

En una declaración escrita, una portavoz de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington afirma que Turk no es médico, sino un experto en tratamientos no médicos para personas con dolor crónico. La declaración dice que Turk hizo recomendaciones a los miembros de la junta directiva del grupo de Cowan basándose en su experiencia y antecedentes, y que Cowan y la junta directiva tomaron las decisiones finales. La portavoz dice que Turk no estaba al tanto de los vínculos de nadie con las empresas farmacéuticas.

El National Health Council (o Consejo Nacional de Salud) exige que las personas que forman parte de los consejos de administración de sus grupos miembros revelen los posibles conflictos de interés. Sin embargo, no prohíbe que los representantes de la industria formen parte de esos consejos. Boutin, exdirector general del Consejo sostiene que los funcionarios del sector farmacéutico pueden ofrecer perspectivas valiosas y diversas. Pero incluso el Consejo Nacional de Salud, que exige que sus miembros cumplan unas normas estrictas, no dispone de directrices sobre si se deben evaluar los posibles conflictos de interés de los asesores ni sobre cómo hacerlo.

No es un caso aislado
Por supuesto, los asesores médicos no son los únicos cuya influencia se mantiene en secreto. Mientras que las fundaciones deben revelar a qué organizaciones no lucrativas dan dinero, las empresas no tienen que hacerlo. Y las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen que revelar al público la identidad de sus donantes. Los fabricantes de opiáceos se aprovecharon de esta falta de transparencia para promover sus objetivos comerciales tras el manto de credibilidad que ofrecen las organizaciones sin ánimo de lucro. Los defensores dicen que exigir una mayor transparencia contribuiría en gran medida a restaurar la confianza en los grupos de defensa de los pacientes tras la crisis de los opioides.

Antes de que perdiera su candidatura a la reelección en 2018, McCaskill introdujo una legislación que habría ampliado la ley Sunshine de 2010 para exigir a las compañías farmacéuticas que revelaran la financiación a las organizaciones para la educación y ayuda de los pacientes, a las organizaciones de médicos y a otros. La legislación no llegó a ninguna parte. Después de publicar el informe sobre los fabricantes de opioides en 2020, el entonces presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, y el entonces miembro principal del comité, Ron Wyden, recomendaron que las compañías farmacéuticas y los fabricantes de dispositivos médicos estuvieran obligados a informar sobre los pagos a los grupos exentos de impuestos a través de la base de datos de Pagos Abiertos (OpenPayments) de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Pero eso no ha ocurrido.

Los problemas profundamente arraigados de las empresas farmacéuticas que utilizan organizaciones sin ánimo de lucro para promover su agenda no han desaparecido con la atención a la crisis de los opioides. Simplemente han pasado a la siguiente fase de esa epidemia, dice Scott, la ex representante de ventas de Purdue convertida en académica.

Ahora investiga las empresas que desarrollan y comercializan medicamentos para ayudar a tratar la adicción. Ya se han publicado un puñado de casos de grupos de tratamiento que aceptan dinero de la asociación de la industria farmacéutica y de una empresa que fabrica un implante para un medicamento contra la adicción. Dice que algunas empresas que fabrican estos medicamentos están financiando a organizaciones de ayuda a pacientes, al igual que lo hicieron Purdue, Janssen y otros fabricantes de opioides cuando desencadenaron la crisis de los opioides. El modelo es el mismo -financiar a las organizaciones sin ánimo de lucro para que el mensaje de fomento de los beneficios sea creíble-, sólo que el tema ha cambiado.

“Dondequiera que haya dinero, habrá gente que quiera retorcer y distorsionar el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro y someterlo a su voluntad, sin que el público se dé cuenta de que son ellos los que impulsan la agenda de esa organización concreta“, afirma McCaskill. “No creo que esto sea algo único en el ámbito de los opioides. Estoy segura de que hay otras organizaciones por ahí que están siendo manipuladas de la misma manera”.