Varios fabricantes de opioides han sido acusados de restar importancia a los riesgos de adicción de sus analgésicos de venta con receta y de animar indebidamente a los médicos a recetar estos medicamentos. Los mayoristas, por su parte, han sido acusados de no vigilar adecuadamente los envíos sospechosos a las farmacias, a algunas de las cuales se les ha culpado por no hacer un seguimiento de las recetas sospechosas. Ninguna de las empresas involucradas ha admitido culpabilidad, excepto Purdue.

En total, los estados, condados, ciudades y tribus nativas americanas han presentado aproximadamente 3.300 demandas contra estas empresas, mientras las comunidades tratan de hacer frente a los costes de las sobredosis y las muertes. A continuación, se presentan algunos de los acuerdos monetarios más recientes. Todos estos fondos se dedicarán a programas para prevenir las adiciones y para tratarlas, no se repartirán entre las víctimas o sus supervivientes (excepto parte de los fondos de la familia Sackler). Se calcula que en EE UU, desde 1999, han muerto más de 500.000 por sobredosis de opoides en EE UU.

Johnson & Johnson llega a un acuerdo por US$297 millones con Texas
Johnson & Johnson y tres importantes distribuidores de medicamentos ya llegaron a un acuerdo nacional de opioides por US$26.000 millones (la parte que le corresponde a J&J son US$5.000 millones). Pero como ese acuerdo aún no se ha finalizado, porque no todos los estados y localidades han firmado, el gigante farmacéutico está avanzando con un acuerdo por separado con Texas. Este monto se reducirá del acuerdo a nivel nacional, y J&J será eliminado como acusado en un litigio pendiente por opioides en el estado.

El acuerdo de Texas no es definitivo hasta que el 96% de las localidades que presentaron demandas contra el fabricante de medicamentos lo firmen. Al firmar su propio acuerdo, Texas se está moviendo para asegurar su pago sin importar el resultado del acuerdo nacional.

Fuente original
Sagonowsky E. Johnson & Johnson inks $297M opioid deal with Texas as national deal faces holdouts, FiercePharma, 27 de octubre de 2021 https://www.fiercepharma.com/pharma/johnson-johnson-inks-297m-opioid-deal-texas-as-national-deal-faces-holdouts

Tres condados de California reclaman US$50.000 millones
Tres condados de California, así como la ciudad de Oakland, solicitaron a J&J, AbbVie, Endo y Teva una indemnización de US$50.000 millones por daños y perjuicios, con el fin de compensar los fondos perdidos por el aumento de la actividad policial y de los centros de tratamiento para la recuperación de drogas, que se vieron afectados durante la crisis de los opioides.

Un juez del Tribunal Superior de California dictaminó en noviembre 2021 que esas cuatro empresas no engañaron al público sobre los riesgos de adicción de los opioides, ni fomentaron la prescripción excesiva. Su argumento es que hay pacientes que necesitan opioides y la demanda no diferenció entre las prescripciones médicamente apropiadas, y las innecesarias. En su opinión, el aumento de las prescripciones podría responder a un aumento de la necesidad de estos productos.

Hasta ahora, ningún juez había rechazado las demandas de los gobiernos locales o de los estados en relación con la crisis de los opioides. Los gobiernos locales han presentado alrededor de 3.300 demandas. A lo largo del verano, J&J, McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health llegaron a un acuerdo nacional de US$26.000 millones de dólares, y Endo aceptó pagar US$50 millones al estado de Nueva York.

El abogado de los demandantes dijo que apelara la decisión.

Fuente original
Sullivan J. California judge sides with drugmakers in $50B opioid lawsuit. Endpoints, 2 de noviembre de 2021 https://endpts.com/california-judge-sides-with-drugmakers-in-50b-opioid-lawsuit/

Los documentos judiciales están disponibles en este enlace http://freepdfhosting.com/ba01ad2272.pdf

Corte suprema de Oklahoma anula sentencia de US$465 millones contra Johnson & Johnson.
La Corte Suprema de Oklahoma anuló una sentencia de $465 millones contra Johnson & Johnson (JNJ) en una demanda que alegaba que había impulsado la crisis de los opioides a través de la comercialización engañosa de analgésicos y generó una molestia pública.

En un fallo de 5 a 1, el tribunal determinó que la ley de alteración del orden público del estado no se extiende a la fabricación, comercialización y distribución de opioides de venta con receta y que el juez de primera instancia fue demasiado lejos cuando responsabilizó a la empresa hace dos años. Una molestia pública generalmente se refiere a una acción que daña o interfiere con una comunidad.

Los jueces explicaron que la fabricación y distribución de un producto rara vez viola un derecho público y que, por lo general, un fabricante no tiene el control de su producto una vez vendido.

La demanda presentada por el fiscal general de Oklahoma fue la primera en ir a juicio entre miles de casos de este tipo presentados por estados, condados, ciudades y grupos de indios americanas que reclaman una por los costos de la crisis de opioides.

Hace dos años, un juez de Oklahoma ordenó que J&J pagara $572 millones tras descubrir que contribuyó a la crisis de opioides, que ha matado a casi 500.000 estadounidenses, incluyendo más de 6,000 habitantes de Oklahoma, desde el año 2000. Pero luego redujo el monto de la sentencia a US$465 millones, porque había cometido un error matemático.

Este último fallo es la segunda vez que un tribunal rechaza las demandas de los gobiernos locales que alegan que los fabricantes y mayoristas de medicamentos generaron una molestia pública. A principios de este mes, un juez de California rechazó los argumentos de que Teva Pharmaceuticals, J&J, AbbVie y Endo International habían engañado al público y creado una molestia pública.

En ese caso, tres condados de California, Los Ángeles, Santa Ana y Orange, así como la ciudad de Oakland, solicitaron hasta US$50.000 millones para aumentar sus presupuestos para la vigilancia y los centros de tratamiento, que se vieron afectados durante la crisis de los opiáceos en las últimas dos décadas.

Fuente original
Silverman E. Oklahoma court overturns $465 million opioid verdict against Johnson & Johnson. Statnews, 9 de noviembre de 2021 https://www.statnews.com/pharmalot/2021/11/09/opioids-jnj-oklahoma-public-nuisance

Teva culpable de contribuir a la crisis de los opioides
Un jurado de Nueva York ha dictaminado que Teva Pharmaceuticals contribuyó a la crisis de los opioides y contribuyó a alterar el orden público (o perjuicio público). Esta demanda se presentó en 2019. Otro juicio deberá determinar lo que tiene que pagar Teva al estado de Nueva York y dos condados de Long Island.

Teva, con sede en Israel, que produce medicamentos con el opioide fentanilo (Actiq y Fentora) dijo que “está muy en desacuerdo” con el veredicto y que planea apelar. “Los demandantes no presentaron ninguna prueba de prescripciones médicamente innecesarias, pedidos sospechosos o desviados, ninguna prueba de exceso de oferta” por parte de Teva, y no demostraron que la comercialización de Teva causara daños a los neoyorquinos, dijo la empresa en un comunicado. También solicitó la anulación del juicio.

Nueva York dijo que la conducta de las diversas compañías de opioides nombradas en la demanda le costó al estado cientos de millones de dólares en facturas de tratamiento de la adicción y otros gastos. Los abogados de los condados sugirieron que Teva podría ser considerada responsable de decenas de miles de millones de dólares, o más, en daños y perjuicios.

Teva era el único fabricante demandado, pues con las otras empresas llegaron a acuerdos que han supuesto para Nueva York hasta US$1.500 millones (incluyendo US$230 millones de J&J y US$200 de Allergan [AbbVie]).

Un juez de Oklahoma falló contra Johnson & Johnson en 2019, pero el tribunal supremo del estado anuló esa decisión en noviembre. Una semana antes, un juez de California falló a favor de los fabricantes de medicamentos, incluida Teva. A finales del mes pasado, un jurado federal de Cleveland se puso del lado de dos gobiernos de condados de Ohio que tenían demandas contra cadenas de farmacias.

Algunos observadores pensaron que las sentencias de California y Oklahoma condenaban la idea de utilizar las leyes estatales de alteración del orden público para presentar demandas por opioides, pero no ha sido así en el estado de Nueva York.

También ha habido acuerdos. Algunos de los principales nombres del sector -como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson y los fabricantes de medicamentos Johnson & Johnson y Mallinckrodt Pharmaceuticals- han llegado a acuerdos a nivel nacional por un valor acumulado que podría superar los US$30.000 millones.

Fuentes originales
The Associated Press.A jury holds Teva Pharmaceuticals liable in the opioid crisis. NPR, 31 de diciembre de 2021 https://www.npr.org/2021/12/31/1069453977/opioids-teva-pharmaceuticals

EFE. La farmacéutica Teva es declarada culpable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos. El País, 31 de diciembre de 2021. https://elpais.com/sociedad/2021-12-31/la-farmaceutica-teva-es-declarada-culpable-de-contribuir-a-la-crisis-de-los-opioides-en-estados-unidos.html

AbbVie pagará $200 millones al estado de Nueva York
Allergan, que es una unidad de AbbVie, acordó pagar hasta $200 millones para resolver las acusaciones del estado de Nueva York y dos de sus condados de que la empresa contribuyó a aumentar la crisis de opioides y, en el proceso, generó un gasto de miles de millones de dólares en servicios públicos. El acuerdo de hoy mantiene a Allergan fuera del negocio de los opiáceos durante la próxima década. El acuerdo también resuelve reclamos relacionados con medicamentos opioides genéricos que Allergan había vendido a Teva en 2016.

Consecuentemente, Allergan ya no forma parte del juicio que está a punto de finalizar y que seguirá adelante contra TEVA. Varios otros fabricantes y mayoristas farmacéuticos llegaron previamente a un acuerdo con el estado, incluyendo a Johnson & Johnson, Endo International, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen. Hasta ahora, el estado ha negociado US$1,700 millones en acuerdos sobre la tragedia de los opiáceos.

Hace unos meses, varios minoristas importantes, CVS Health, Walmart, Rite Aid y Walgreens Boots Alliance, llegaron a acuerdos con los condados de Nassau y Suffolk, que previamente habían presentado una demanda contra las cadenas de farmacias, por separado.

El acuerdo también se basa en uno mayor alcanzado el año pasado en el que numerosos estados, incluido Nueva York, llegaron a un acuerdo con J&J y los tres grandes mayoristas por US$26.000 millones.

La demanda de Nueva York se consideraba un caso pionero para medir hasta qué punto los gobiernos locales podrían conseguir una indemnización por daños y perjuicios de las distintas empresas.

Fuente original
Silverman E. AbbVie unit to pay $200 million to resolve closely watched opioid lawsuit in New York. Statnews, 8 de diciembre de 2021 https://www.statnews.com/pharmalot/2021/12/08/abbvie-allergan-new-york-opioids/

Indios Americanos llegan a un acuerdo con Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos por US$665 millones
Cientos de grupos de indios americanas, devastadas de forma desproporcionada por la epidemia de opioides, acordaron provisionalmente llegar a un acuerdo con los tres principales distribuidores de medicamentos del país y con Johnson & Johnson por US$665 millones.

McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen pagarían US$515 millones en siete años y Johnson & Johnson aportaría US$150 millones en dos años a las tribus reconocidas por el gobierno federal, resolviendo así los litigios en decenas de estados con las reservas de indios americanos. Estos grupos alegan que recibieron cantidades enormes de analgésicos altamente adictivos fabricados por J&J y enviados por los distribuidores, sin tener en cuenta los claros signos de abuso y muerte.

El acuerdo con los distribuidores incluye US$75 millones que acordaron pagar en septiembre a la Nación Cherokee de Oklahoma.

Esta resolución acelera el proceso de obtención de fondos, ya que el extenso litigio sobre opioides en todo el país ha tardado años en llegar a los tribunales.

En todo el país, entre 2006 y 2014, los nativos americanos tuvieron casi un 50% más de probabilidades de morir por sobredosis de opioides que los no nativos, según un análisis del Washington Post.

Para que las tribus reciban el importe íntegro de las empresas, el 95% de las tribus litigantes deben aceptar el acuerdo, así como al menos 14 de las 17 tribus no litigantes de más de 5.000 miembros para el acuerdo de los distribuidores.

El juez Dan Aaron Polster, que supervisa los miles de casos de opioides que se han consolidado en el tribunal federal, dijo el martes que “era necesario tener negociaciones paralelas separadas y, en última instancia, acuerdos de conciliación separados con los tres distribuidores y J&J con las tribus” porque las tribus son una nación soberana

Fuente original
Kornfield M. Native American tribes reach landmark opioid deal with Johnson & Johnson, drug distributors for up to $665 million’ Washington Post, 1 de febrero de 2022. https://www.washingtonpost.com/health/2022/02/01/opioid-settlement-native-american-tribes/

Johnson & Johnson y los distribuidores finalizan el acuerdo por US$26.000 millones
Johnson & Johnson y tres grandes distribuidores finalizaron los acuerdos a nivel nacional sobre su papel en la crisis de adicción a los opioides, lo que permitirá que US$26.000 millones lleguen a casi todos los gobiernos estatales y locales de EE UU.

Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson anunciaron el plan de conciliación el año pasado, pero el acuerdo estaba supeditado a la participación de una masa crítica (>90%) de gobiernos estatales y locales. Esto significa que el dinero podría empezar a llegar a las comunidades en abril.

Hay quienes han sugerido que parte del dinero se utilice a proporcionar vivienda a las personas con adicciones que no tienen hogar. Otros quieren hacer una campaña de educación pública para advertir sobre los peligros del fentanilo. También quieren tener más educadores sobre adiciones y drogas y más trabajadores sociales en los tribunales municipales; así como pagar por los medicamentos contra la adicción en la cárcel del condado.

El gobernador de California prevé utilizar US$50 millones de la cuota estatal prevista para este año para la educación de los jóvenes sobre los opioides y para formar a profesionales que tratan a adictos, mejorar la recogida de datos y distribuir naloxona, un medicamento que revierte las sobredosis.

En el condado de Broward, en Florida, quieren ampliar el número de camas en un centro de desintoxicación gestionado por el condado de 50 a 70 o 75. También hay que invertir en evitar que este tipo de problema se repita.

Johnson & Johnson, con sede en New Brunswick (Nueva Jersey), tiene 10 años para pagar su parte de US$5.000 millones. Los distribuidores – AmerisourceBergen, con sede en Conshohocken (Pensilvania); Cardinal Health, con sede en Columbus (Ohio); y McKesson, con sede en Irving (Texas) – acordaron pagar su parte combinada de US$19.500 millones en 18 años, que es menos de lo que se habían comprometido en julio pasado (AmerisourceBergen pagará US$6.100 millones, Cardinal Health US$6.000 millones y McKesson, US$7.400 millones). Para alcanzar las cantidades máximas, los estados tienen que conseguir que los gobiernos locales se adhieran.

El requisito de que la mayor parte del dinero se utilice para hacer frente a la crisis de los opiáceos contrasta con una serie de acuerdos en materia de salud pública alcanzados en la década de 1990 con las empresas tabacaleras. En esos casos, los estados utilizaron una gran parte del dinero de los acuerdos para cubrir las carencias presupuestarias y financiar otras prioridades.

La cantidad enviada a cada estado en virtud del acuerdo sobre los opioides depende de una fórmula que tiene en cuenta la gravedad de la crisis y la población. Los gobiernos locales y de los condados también reciben una parte del dinero. Un puñado de estados -Alabama, New Hampshire, Oklahoma, Washington y Virginia Occidental- no se han unido a la totalidad o a parte del acuerdo, principalmente porque tienen sus propios acuerdos o se están preparando para un juicio.

Otras empresas, como la consultora McKinsey y los fabricantes de medicamentos Endo, Mallinckrodt y Teva, han alcanzado acuerdos nacionales o una serie de acuerdos locales. El fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, y un grupo de estados se encuentran en proceso de mediación a través del Tribunal de Quiebras de EE.UU. para intentar alcanzar un acuerdo a nivel nacional.

Fuentes originales
PBS. Johnson & Johnson, distributors finalize $26B opioid settlement. PBS, 25 de febrero de 2022. https://www.pbs.org/newshour/nation/johnson-johnson-distributors-finalize-26b-opioid-settlement

Mann B, 4 U.S. companies will pay $26 billion to settle claims they fueled the opioid crisis Juntar con anteriores y siguiente. NPR, 25 de febrero de 2022 https://www.npr.org/2022/02/25/1082901958/opioid-settlement-johnson-26-billion

DeFeudis N. J&J, drug distributors sign off on a mammoth $26B opioid settlement with 46 states. Endopints, 25 de febrero de 2022 https://endpts.com/jj-drug-distributors-sign-off-on-a-mammoth-26b-opioid-settlement-with-46-states/

Juez de Tennessee sanciona a Endo por ocultar documentos sobre opioides y se niega a recusarse del caso
Endo International (ENDP) fue sancionada por un juez de la corte estatal de Tennessee por usar una “estrategia coordinada” para retener millones de documentos en una demanda que sostiene que la compañía contribuyó a la crisis de los opioides, la segunda vez en menos de un año que la empresa ha sido sancionada por ese comportamiento. Y el juez también rechazó la petición de Endo de que se desvinculara del caso.

El juez del Tribunal de Circuito consideró que el fabricante intentó retrasar una demanda presentada por docenas de condados y ciudades, que quieren ser recompensados y han acusado a Endo de permitir la distribución de su analgésico de venta con receta en el mercado ilegal de drogas. Según los documentos judiciales, alrededor del 75% del supuesto abuso de su producto estrella, Opana ER, se produjo en el estado.

El juez determinó que, durante un periodo de cuatro años, Endo se negó a presentar los documentos solicitados repetidamente por los abogados de los gobiernos locales para darse tiempo para preparar su caso, lo que ha generado atrasos y gastos innecesarios. Consecuentemente, el juez dictó una sentencia de rebeldía contra Endo, y se ha fijado un juicio por daños y perjuicios para el próximo año.

También señaló que la empresa hizo lo mismo ante otro juez del tribunal estatal. En esa demanda, el juez llegó a declarar a Endo en desacato antes de sancionar a la empresa por “ofuscación y retraso”. También acusó a la empresa de hacer repetidamente “declaraciones falsas”. Al final, en ese caso, Endo aceptó pagar US$35 millones sin admitir culpa.

En ambos casos, se acusó a Endo de no detener las prescripciones sospechosas de las llamadas fábricas de píldoras que desviaban ilegalmente Opana ER, lo que violaba la Ley de Responsabilidad de los Traficantes de Drogas de Tennessee.

Entre los documentos que se querían obtener figuran los registros de las interacciones entre los representantes de ventas de Endo y los prescriptores y el papeleo interno que indica la medida en que Endo respondió a cualquier prescripción sospechosa.

Fuente original
Silverman E. Tennessee judge sanctions Endo for withholding opioid documents, refuses to recuse himself from case. Statnews, 1 de marzo de 2022

Puede leer la decisión del juez en este enlace http://freepdfhosting.com/8d3ade6a91.pdf

Rhode Island llega a un acuerdo con Teva y Allergan por US$107 millones
El Fiscal General dijo que los acuerdos incluyen US$28,5 millones en efectivo, además de la entrega a Rhode Island de tratamientos contra la sobredosis – 1 millón de aerosoles de Naloxona y 67.000 frascos de píldoras Suboxone – durante 10 años.

El director ejecutivo de Teva, Kåre Schultz, dijo a Reuters el mes pasado que la empresa probablemente acabará pagando entre US$2.700 y US$3.600 millones en efectivo y medicamentos para resolver todas las demandas de los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos.

Rhode Island valoró los medicamentos aportados por Teva en US$78,5 millones. La empresa llegó recientemente a un acuerdo similar de US$225 millones con Texas, que incluía US$75 millones en medicamentos.

Rhode Island forma parte del acuerdo nacional con J&J y los tres distribuidores (McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp y Cardinal Health Inc.

Fuente original
Knauth D, Stempel J’ Teva and Allergan. Rhode Island reaches $107 mln opioid settlements with Teva and Allergan. Reuters, 21 de marzo de 2022, https://www.reuters.com/legal/litigation/rhode-island-reaches-opioid-settlements-valued-107-mln-2022-03-21/

Acuerdo con CVS, Allergan y Teva en Florida por US$878 millones
Florida ha llegado a un acuerdo con una importante cadena de farmacias (CVS que pagará US484 millones) y dos fabricantes de medicamentos (Allergan que pagará US$134 millones y Teva que pagará US$195 millones y entregará US$84 millones de Narcan genérico) por su papel en el fomento de la crisis de los opiáceos que ha afectado a Estados Unidos durante más de dos décadas. Narcan es el aerosol nasal que se utiliza para tratar las sobredosis de opioides en casos de emergencia

También se cerró un acuerdo por separado con Endo International, que aceptó pagar US$65 millones. Walgreens, sin embargo, no llegó a un acuerdo y se enfrenta a un juicio que está previsto que comience el 5 de abril.

Una cuestión clave en algunos casos en curso es si los gobiernos estatales o locales pueden demostrar que las empresas crearon una molestia o perjuicio público, es decir si generaron un proceso que daña o interfiere en una comunidad.

La semana pasada, Allergan y Teva Pharmaceutical llegaron a un acuerdo por valor de US$107 millones con Rhode Island. El mes pasado, por ejemplo, Johnson & Johnson y tres grandes mayoristas farmacéuticos cerraron acuerdos a nivel nacional, allanando el camino para distribuir US$26.000 millones a numerosos gobiernos estatales y locales. Y cientos de grupos de indios americanos llegaron a un acuerdo de US$590 millones con las mismas empresas.

En diciembre, Allergan acordó pagar US$200 millones al estado de Nueva York y a dos de sus condados. El verano pasado, los tres mayores mayoristas -McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health- acordaron pagar hasta US$1.100 millones para resolver una demanda presentada por el estado de Nueva York. Los mayoristas llegaron previamente a un acuerdo de US$215 millones con dos condados de Ohio.

Fuente original
Silverman E. CVS, Teva, Allergan and Endo reach $878 million deal with Florida over the opioid crisis. Statnews, 30 de marzo de 2022. https://www.statnews.com/pharmalot/2022/03/30/opioids-teva-endo-cvs-abbvie-florida/

Johnson &Johnson llega a un acuerdo en Virginia Occidental por US$99 millones
Johnson & Johnson acordó pagar US$99 millones para resolver las demandas de Virginia Occidental de que ayudó a alimentar una crisis de adicción a los opioides en el estado. Este acuerdo también resuelve las demandas de los gobiernos locales. Hasta ahora, este es el estado que recibirá la mayor asignación per capita por la crisis de opiodes.

Virginia Occidental llegó previamente a un acuerdo de US$26 millones con Endo International Plc por el mismo problema.

J&J finalizó en febrero un acuerdo nacional de US$5.000 millones, que resolvió en gran medida las demandas de los gobiernos estatales y locales contra el conglomerado sanitario. Virginia Occicental fue uno de los cinco estados que no se unieron a ese acuerdo, y de haberlo hecho habría recibido unos US$50 millones.

Virginia Occidental tuvo en 2020 una tasa de mortalidad por sobredosis más de tres veces superior a la media nacional

J&J, que ya no vende medicamentos opioides con receta, había vendido los analgésicos de marca Duragesic y Nucynta.

Virginia Occidental presentando demandas contra Teva Pharmaceuticals Industries Ltd y Allergan de AbbVie Inc en un juicio por su supuesto papel en la crisis.

Fuente original
Knauth D. J&J settles West Virginia opioid litigation for $99 million. Reuters, 18 de abril de 2022. https://www.reuters.com/legal/litigation/jj-settles-with-west-virginia-opioid-litigation-99-mln-2022-04-18/

Alabama llega a un acuerdo con McKesson, Endo y J&J por US$276 millones
El fiscal general de Alabama mantuvo su decisión de no participar en los acuerdos nacionales sobre opioides, y ha llegado a un acuerdo Johnson & Johnson, Endo Pharmaceuticals y McKesson por unos US$276 millones para resolver las demandas del estado contra ellos por agravar la crisis de los opioides.

J&J pagará alrededor de US$70 millones en un pago único, que es la misma cantidad que Alabama habría recibido en un acuerdo nacional, pero se pagará en un año en lugar de 9 años. Endo pagará US$25 millones este año, y McKesson US$141 millones en nueve años. McKesson, según el acuerdo nacional, habría pagado a Alabama US$115,8 millones en dieciocho años.

Alabama todavía tiene demandas pendientes contra los fabricantes de opioides Purdue Pharma, Mallinckrodt e Insys en cada uno de sus respectivos casos de quiebra, añadió Marshall.

Por su parte, Florida firmó recientemente un acuerdo de 879 millones de dólares con CVS, Allergan y Teva.

Fuente original
Brennan Z. McKesson, J&J and Endo. Alabama settles for $276M with McKesson, J&J and Endo over opioid crisis. Endpoints, 19 de abril de 2022 https://endpts.com/alabama-settles-for-276m-with-mckesson-jj-and-endo-over-opioid-crisis/

Purdue, los Sacklers y los opioides
A finales de noviembre de 2020, Purdue Pharma LP se declaró culpable de tres delitos federales relacionados con la comercialización y distribución de su potente analgésico opiáceo OxyContin. En concreto, de pagar comisiones ilegales y hacer declaraciones falsas a la Administración de Control de Drogas. Purdue impulsó la venta de OxyContin a docenas de médicos que sabía que estaban desviando el medicamento para usos indebidos, y no informó sobre estos proveedores de atención médica a la DEA [1]

Esta admisión de culpabilidad ocurrió después de que un juez del tribunal de quiebras de EE UU aprobara un acuerdo de US$8.340 millones entre Purdue Pharma y el Departamento de Justicia. La mayor parte de este dinero no se pagará porque los abogados del Departamento de Justicia han aceptado que gran parte de ese monto se gestione como si fuera una deuda menor, por lo que podría pagarse a menos de 1 centavo por dólar. Con este descuento se pretende dejar más dinero para los estados y miles de gobiernos locales que han demandado a Purdue Pharma por su papel en el fomento de la adicción a los opioides [1]

Esta declaración de culpabilidad abarca la conducta de Purdue desde mayo de 2007 -el mismo año en que la empresa y tres de sus ejecutivos se declararon culpables de cargos penales federales por engañar al público sobre el riesgo de adicción de OxyContin y pagaron US$634,5 millones en sanciones y costes del gobierno- hasta junio de 2017 [1].

La empresa se había acogido al Capítulo 11 de protección de la bancarrota en 2019, por las demandas de los gobiernos estatales y locales. Purdue propuso salir de la bancarrota como una especie de fideicomiso público, y que los beneficios futuros se destinaran a los estados y municipios. Dos docenas de estados, así como un grupo de senadores demócratas de EE UU, se opusieron al plan y propusieron que los activos de Purdue se vendieran al sector privado [1].

En septiembre de 2021, un juez aprobó un acuerdo de bancarrota. Como parte del trato, Purdue se transformaría en una empresa de beneficio público centrada principalmente en tratamientos y prevención de adicciones, sin vínculos con los Sackler. Los Sackler pagarían US$4.500 millones durante nueve años, y gran parte de ese dinero financiaría el tratamiento y la prevención del abuso de opioides. Con este acuerdo la familia quedaría protegida de futuros ligios por opioides. Si bien los Sacklers no enfrentarían ningún juicio, tendrían que entregar más de 30 millones de documentos, incluidos correos electrónicos confidenciales [2].

Este acuerdo de bancarrota no fue bien recibido, y hubo muchas críticas. Por ejemplo, el fiscal de Connecticut dijo “Los Sacklers no están en bancarrota y no se les debe permitir manipular las leyes de quiebras para evadir la justicia y proteger su dinero que han obtenido a base de causar muchas muertes” [2].

En este caso, además de los pagos a los gobiernos, el fondo del acuerdo compensaría a 130.485 personas y familias que fueron víctimas de la epidemia de opioides con sumas que oscilan entre US$3.500 y US$48.000 [2].

En diciembre de 2021, una jueza anuló el acuerdo de bancarrota del fabricante de OxyContin, Purdue Pharma. La jueza dictaminó que el tribunal de bancarrota que tomó esa decisión en septiembre no tenía autoridad para eximir a la familia Sackler de sus responsabilidades [3].

Además de proteger a la familia Sackler de futuras demandas relacionadas con los opioides, la familia podría quedarse con gran parte del dinero que ganaron con Purdue, sin exigirles que admitieran habían cometido delitos. Según los documentos judiciales, entre 2008 y 2010, los dueños de la empresa tomaron el 70% de los ingresos anuales de Purdue, y entre 2011 y 2016 entre el 40 y el 55 %. Entre 2008 y 2018, la cifra extraída superaba los US$10.700 millones [3]. Hay quienes dicen que esta transferencia de dinero se hizo precisamente para reducir los pagos que Purdue tuviera que hacer en caso de juicio. La mayoría del dinero que tienen los Sacklers está en el extranjero, por lo que aun en caso de juicio sería difícil acceder a esos fondos.

En febrero de 2022, los Sacklers propusieron pagar US$6.000 y así sacar a la empresa de la bancarrota [4]. Pero no fue hasta marzo que se llegó el acuerdo por el que la familia pagará US$6.000 millones en 18 años y deberá pedir disculpas “por el dolor que ha causado” y permitir que se retire su nombre de edificios y becas educativas en todo EE UU y retirarse del negocio de los opioides en todo el mundo. El juez de bancarrota tiene todavía que dar su aprobación al pacto, que las autoridades más críticas han considerado “importante” pero “insuficiente” al estar “limitado por las deficiencias” de la legislación de ese ámbito [5].

El tribunal podría obligar a los Sackler a presentarse en una audiencia pública ante víctimas y familiares de los opioides para que se dirijan “directamente” a ellos [5]. Aunque el plan pondría fin a las demandas civiles contra la familia, no les exime de futuras responsabilidades penales [6].

Mientras unos dicen que el nuevo acuerdo está respaldado por todos los fiscales estatales del país, incluidos los ocho críticos con el pacto anterior, entre los que se encuentran los de Connecticut, Rhode Island o Washington DC [5], un informe de Reuters dice que hay 20 estados que se oponen porque incluye un pago de 277 millones de dólares exclusivamente a los estados que negociaron el acuerdo de 6.000 millones [6].