Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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A finales de agosto del año pasado, cuatro reclusos del centro de detención del condado de Washington, en el noroeste de Arkansas, contrajeron covid-19. Durante los siguientes días, los cuatro hombres fueron trasladados al bloque de cuarentena de la prisión.
En ese bloque, los reclusos recibieron un cóctel de medicamentos, y empezaron a sufrir una serie de efectos secundarios, como problemas de visión, diarrea, heces con sangre y calambres estomacales.
Más tarde descubrieron que les habían recetado, sin su consentimiento, dosis significativamente altas de ivermectina, un antiparasitario que se utiliza habitualmente en animales de granja, como vacas y caballos.
La historia de lo que pudo ocurrir en un pequeño lugar de Arkansas ha conmocionado a muchos estadounidenses y se ha convertido en símbolo de las divisiones políticas desencadenadas por la pandemia. La trama refleja la creciente obsesión por la ivermectina como tratamiento para las infecciones por el virus covid-19, especialmente entre los partidarios de la derecha política de EE UU, incluidos los antivacunas.
Pero también repite la terrible historia de racismo de EE UU, ya que la supuesta experimentación impuesta a los reclusos de Arkansas recuerda la espeluznante historia de explotación médica de las comunidades y reclusos de color por parte de las autoridades estadounidenses. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como la FDA, han advertido contra el uso de la ivermectina para el covid-19.
El mes pasado (en enero 2022), la sección de Arkansas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó, en nombre de los afectados, una demanda contra la cárcel del condado de Washington, el sheriff del condado de Washington, Tim Helder, y el médico de la cárcel, el Dr. Robert Karas.
El 22 de agosto de 2021, uno de los demandantes medía 1,80 m y pesaba 71,6 kg. Para su tamaño, la dosis de ivermectina aprobada para tratar los gusanos es de 0,2 mg/kg en una sola dosis, lo que dado su tamaño serían 14 mg. Según la demanda, se le administraron 48 mg durante cuatro días, 3,4 veces la dosis aprobada.
Otro demandante, con historia de problemas cardiovasculares (sufrió tres ataques cardíacos en 2018) media 6 pies 1 pulgada y pesó 191 libras (86,6 kg) el 21 de agosto de 2021. La dosis aprobada de ivermectina para combatir los gusanos para alguien de su tamaño es de 0,2 mg/kg, en una sola dosis, o 17 mg. Se le recetaron 36 mg del fármaco el 22 de agosto, seguidos de 24 mg diarios entre el 23 y el 25 de agosto. La dosis total, 108 mg, era casi 6,3 veces superior a la aprobada.
Cuando los demandantes recibieron el tratamiento se les dijo que se trataba simplemente de “vitaminas”, “antibióticos” y “esteroides”, dice la demanda.
La FDA ha advertido contra el uso de la ivermectina para tratar el covid-19. Entre los efectos secundarios de la sobredosis de ivermectina enumerados por la agencia figuran: náuseas, diarrea, presión arterial baja, reacciones alérgicas como picor y urticaria, convulsiones, coma e incluso la muerte.
“Nadie -incluyendo los individuos encarcelados- debería ser engañado y sometido a experimentos médicos”, dijo Gary Sullivan, director jurídico de la ACLU de Arkansas.
A pesar de que, en general, las acusaciones han generado gran indignación, durante la primera semana de febrero, algunos funcionarios locales de Arkansas elogiaron a Karas por “haber hecho bien su trabajo”.
“El Dr. Robert Karas y el Karas Correctional Health han tratado eficazmente… casos [en la cárcel], sin que se produjera ninguna muerte a consecuencia de la infección por el virus”, decía una resolución aprobada recientemente por el comité de cárceles y cumplimiento de la ley de un tribunal local.
La explotación a la que se enfrentaron los reclusos de Arkansas refleja la larga historia que tiene EE UU de abuso médico en contra de las comunidades vulnerables de color, incluyendo los reclusos.
Entre 1946 y 1948, el Servicio de Salud Pública de EE UU (USPHS) y la Oficina Sanitaria Panamericana trabajaron con múltiples organismos guatemaltecos en una investigación médica financiada por el gobierno estadounidense. La investigación consistió en exponer deliberadamente a guatemaltecos, incluyendo soldados, prisioneros, prostitutas y enfermos mentales, a la sífilis y a otras enfermedades de transmisión sexual.
En dos años, más de 1.300 personas fueron expuestas a la sífilis, la gonorrea o el chancroide. En 2011, la Comisión Presidencial para el Estudio de Cuestiones Bioéticas reveló que sólo unos 700 infectados recibieron algún tipo de tratamiento, mientras que otros 83 murieron.
Según detalles que solo salieron a la luz hace 10 años, uno de los investigadores, John Charles Cutler, inyectaba bacterias de gonorrea y sífilis en los ojos de los pacientes, a menudo en forma de pus. En un estudio, infectó a prostitutas con gonorrea introduciendo en sus vaginas un bastoncillo de algodón con la bacteria con “una fuerza considerable”.
A continuación, Cutler ordenó a las prostitutas que mantuvieran relaciones sexuales con los hombres que quería estudiar, incluyendo prisioneros y miembros del ejército.
Otros investigadores rasparon los penes de los hombres con agujas y luego aplicaron material sifilítico alrededor de las abrasiones. A veces, las mujeres eran sometidas a inyecciones de pus infectado en su medula espinal.
Según los expertos, la investigación no aportó ninguna información médica útil y se ocultó durante décadas hasta que un historiador médico del Wellesley College descubrió las historias clínicas entre los papeles de Cutler.
Posteriormente, Cutler pasó a ser uno de los principales investigadores de la última parte del infame experimento sobre la sífilis de Tuskegee. A partir de 1932 y durante 40 años, funcionarios del gobierno estadounidense de un área rural de Alabama dejaron de tratar a hombres negros infectados con sífilis, sin su conocimiento, para que los médicos pudieran monitorear la evolución de la enfermedad y analizar sus cuerpos cuando murieran.
El estudio se inspiró en creencias pseudocientíficas y racistas perjudiciales, incluyendo las que aceptaban que los afroamericanos tenían el cerebro poco desarrollado y los genitales demasiado grandes. Los investigadores también creían que los negros eran muy propensos a las enfermedades de transmisión sexual, y no se podía convencer a todos los negros de que recibieran tratamiento para la sífilis.
Los experimentos, en los que participaron 600 hombres negros, se conocieron como el Estudio de la Sífilis de Tuskegee. El USPHS calificó la investigación como un “estudio de naturaleza (study in nature)” más que como un experimento, cuyo objetivo era simplemente controlar la progresión de la sífilis en una comunidad que supuestamente se negaba a recibir tratamiento.
Los hombres eran en su mayoría aparceros y muchos nunca habían visitado a un médico. Los médicos del USPHS les dijeron que estaban siendo tratados por “mala sangre”, un término que en esa época se utilizaba para referirse a una variedad de enfermedades.
A cambio de su participación, los hombres recibían exámenes médicos gratuitos, comidas gratis y seguro de entierro. Muchos de ellos murieron, se quedaron ciegos o se volvieron locos.
Cutler dijo en un documental de 1993: “Era importante que supuestamente no recibieran tratamiento, y no hubiera sido deseable utilizar grandes cantidades de penicilina para tratar la enfermedad, porque hubiera interferido con el estudio”.
Del mismo modo, desde la década de 1950 hasta la de 1970, los reclusos de la prisión de Holmesburg en Filadelfia, muchos de los cuales eran negros, fueron sometidos a una serie de experimentos médicos.
En colaboración con la Universidad de Pensilvania, los médicos y los funcionarios de la prisión experimentaron con cientos de presos durante casi dos décadas. Utilizaron a los presos para probar cremas faciales, perfumes, detergentes y tratamientos contra el eczema.
Otros fueron sometidos a experimentos que incluían sustancias mucho más peligrosas, como isótopos radiactivos, LSD, agentes de guerra química y dioxinas, una clase de productos químicos, muy tóxicos, que se suelen utilizar para blanquear la pasta de papel y fabricar pesticidas.
Un recluso dijo que le pagaron US$10 por dejarse inyectar una “rara enfermedad de la India”, y US$5 adicionales cuando desarrolló un absceso.
En 2018, el decano de Penn Medicine emitió una disculpa por los experimentos, diciendo que el “trabajo realizado … fue terriblemente irrespetuoso con los individuos -muchos de los cuales eran hombres negros encarcelados- negándoles la autonomía y el consentimiento informado que la comunidad médica ahora considera esenciales para realizar una investigación ética”.
A mediados de febrero de 2022, Karas había presentado una moción para que se desestimara la demanda de la ACLU contra él y la cárcel del condado de Washington.
Las acciones de Karas encapsulan no sólo la horrible historia del sistema carcelario del sur de EE UU, sino también la continua explotación de las comunidades vulnerables, incluyendo los reclusos de color.
Como dijo un recluso cuando se enteró de que había sido sometido a tratamientos con ivermectina: “Tengo miedo. Si estaban tan dispuestos a poner algo en mis píldoras y darme una píldora sin que yo lo supiera, podrían hacer lo mismo y engañarme poniendo algo en mi zumo, en mi comida… No puedo confiar en ningún profesional de la salud. No puedo confiar en ninguno de los guardias”.