Jason Mast ha escrito un artículo en Statnews en el que discute si el hecho de que Jason Kelly, director ejecutivo de Ginkgo Bioworks sea el presidente del Comisión asesora de biotecnología del gobierno federal constituye un conflicto de intereses [1].

Durante la última década, Jason Kelly ha estado defendiendo la importancia de la biotecnología con una amplia gama de audiencias, y ahora lo podrá hacer desde una comisión del Congreso, formada por 12 personas, que es responsable de emitir una serie de recomendaciones de política pública para que el gobierno estadounidense contribuya a mantener la competitividad de la industria biotecnológica del país y satisfaga las necesidades de seguridad nacional, dice Mast.

El establecimiento de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Biotecnología Emergente (The National Security Commission on Emerging Biotechnology) responde a una ley de 2021, pero para algunos expertos, la composición de la comisión también plantea problemas éticos.

Richard Painter, profesor de derecho corporativo en la Universidad de Minnesota y ex jefe de abogados de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush dijo que según ley la Comisión debería ser independiente, y no es así. Kelly no debería presidir la Comisión mientras trabaja para Ginkgo y posee un 6% de la empresa, valorada actualmente en US$100 millones. Aunque la mayoría del resto de miembros son científicos académicos y gubernamentales, la comisión también incluye al exconsejero delegado de Google, Eric Schmidt, que al parecer tiene participaciones en varias empresas de biotecnología a través de First Spark Ventures, una empresa de capital riesgo que cofundó. También está Alexander Titus, antiguo científico de alto rango del Departamento de Defensa y actual vicepresidente de la empresa de edición genética Colossal.

A diferencia de la mayoría de las biotecnológicas que intentan desarrollar fármacos individuales para enfermedades concretas, Ginkgo se ha centrado en la ingeniería de bacterias y otros organismos para mejorar la fabricación de diferentes productos. Una pregunta clave para la Comisión, mencionada 10 veces en el estatuto que la crea, es cómo EE UU puede mejorar sus capacidades de biomanufactura, y la Casa Blanca anunció planes de gastar US$1.000 millones en cinco años para impulsarla.

En los dos últimos años, Ginkgo también ha recibido contratos públicos. El año pasado ingresó más de US$310 millones por trabajos de bioseguridad. Eso incluye un programa de pruebas covid con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y un programa de detección de armas biológicas con la Mecanismo de Proyectos de Investigación Avanzada de Inteligencia (Intelligence Advanced Research Projects Activity), aunque Kelly dijo en una entrevista que “la gran mayoría” de los ingresos de bioseguridad procedían de servicios prestados a estados individuales.

En estas situaciones, los intereses comerciales de un miembro de la Comisión puedan influir -o dar la impresión de influir- en sus recomendaciones.

Los miembros de esta Comisión se deben adherir a las políticas de ética del gobierno, pero no está claro cuales se aplicarían en este caso dijo Walter Shaub, antiguo director de la Oficina de Ética Gubernamental de EE UU. Aunque algunas ramas del gobierno tienen normas estrictas sobre conflictos de intereses, las directrices para los congresistas y su personal son mucho más laxas.

John Pelissero, profesor del Centro Markkula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara, dijo que el hecho de que la Comisión sólo asesore al Congreso podría limitar los conflictos de intereses. La mayoría de las comisiones de este tipo asesoran al poder ejecutivo, donde los reguladores pueden promulgar inmediatamente políticas basadas en sus recomendaciones. Sin embargo, debido a la notoria lentitud y torpeza del proceso legislativo estadounidense, la Comisión estará algo distanciada. Podrían pasar años antes de que los miembros sepan si el Congreso ha escuchado sus consejos.

Otros, incluyendo Kelly, piensan que este tipo de comisiones debe reunir a los que mejor conocen el tema. Kelly argumentó que su sesgo está en consonancia con los intereses de EEUU, y señaló que la comisión ofrecerá orientaciones políticas amplias, no dirección sobre inversiones individuales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comisión de biotecnología tendrá acceso a información clasificada y a otra información no pública. Si los miembros consiguen vislumbrar hacia dónde se dirige el gobierno, los vinculados a las empresas podrían obtener una ventaja competitiva compitiendo por contratos de defensa.

También cabe destacar que la Comisión asesorará al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, un comité conocido por meterse de lleno en la política del Departamento de Defensa, añadió Shaub. “No se puede dar por sentado que las cosas no van a tener ninguna repercusión; es decir, han creado esta Comisión porque esperan que tenga alguna repercusión”, dijo.

“Podríamos plantear un millón de escenarios diferentes sobre la dirección que puede tomar esto. Y algunos pueden ser inocuos”, dijo Shaub. Pero en última instancia, “tenemos que construir un sistema que aísle al gobierno de los intereses privados que informan las decisiones del Departamento de Defensa para su propio beneficio, en lugar de por el bien de la seguridad nacional”.