La compañía catalana había sido demandada por vulnerar la privacidad de los donantes

Grifols pagará 16,75 millones de dólares (15,7 millones de euros) a los donantes de EE UU que presentaron una demanda colectiva contra la compañía. La empresa catalana ha llegado a un pacto con el grupo de donantes del estado de Illinois para que retiren la demanda colectiva por una presunta vulneración de su privacidad.

Con este acuerdo, la compañía de hemoderivados cierra otro frente abierto en EE.UU., tras el ajuste de plantilla anunciado la semana pasada, por el que despedirá a 2.300 trabajadores, 2.000 de los cuales se encuentran en el país norteamericano. Las otras 300 salidas se producirán en el resto de países donde opera, siendo en España un centenar de empleados los que se verán afectados por la situación, debido a la estrategia de Grifols para “racionalizar las funciones corporativas”.

La empresa llegó a un acuerdo la semana pasada con el grupo de donantes que lidera la demanda colectiva, que suma a un total de 66.822 afectados, 12.000 más que los que había comunicado Grifols al principio. La firma del acuerdo tiene que pasar por el Tribunal de Distrito de EE UU en Illinois, que fue el organismo que aceptó el pasado octubre continuar con el procedimiento por infringir la regulación en materia de privacidad biométrica, tal y como ha avanzado el Economista.

La compañía propiedad de la familia Grifols ejerce su negocio en el estado de Illinois a través de sus filiales Talecris Interstate Blood y Biomat. Del total de los 16,75 millones que Grifols se ha comprometido a pagar, un tercio irá destinado a los abogados y al grupo demandante, representados por el bufete Fish Potter Bolaños. Según el procedimiento en EE UU, cuando los jueces aprueban el pacto entre la compañía y los donantes, cada afectado deberá reclamar su parte de la indemnización. Un pago que puede ir entre US$550 y US$1.000 dólares por persona.

El origen del conflicto con los demandantes se debe a que Grifols pedía a los donantes que acudían a los centros de extracción de plasma las huellas dactilares, que se recopilaban en una base de datos. Según denuncian los afectados, estos hechos vulneran sus derechos al no estar autorizada la compañía para realizarlos y no destruir la información recolectada, así como sobrepasar el propósito para el que se registraban.

Por su parte, Grifols se defendió argumentando que la agencia del medicamento estadounidense (FDA) le obliga a mantener un registro de donantes. Sin embargo, la corte ya le señaló que con una fotografía del donante para el registro de datos era suficiente, rechazando el argumento de que las huellas dactilares cumplan mejor la identificación de las personas que otros métodos alternativos. También se le indicó a la compañía que los formularios firmados no contenían un aviso del motivo y la duración por la se almacenaba la información biométrica.