Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Según informa Statnews [1], varios grupos de defensa de los pacientes critican la propuesta de la FDA de trabajar con un sistema de vigilancia de Denver Health para monitorear el uso indebido de opiáceos de venta con receta, debido a sus antiguos vínculos con la industria farmacéutica. Se trata del sistema RADARS (Research, Abuse, Diversion, and Addiction-Related Surveillance), creado originalmente por Purdue Pharma, como programa interno de la empresa para vigilar el consumo de opioides. Purdue Pharma vendió el programa a la Autoridad de Salud y Hospitales de Denver (Denver Health and Hospital Authority o DHHA). El sistema RADARS recoge principalmente información que aportan los pacientes sobre los programas de tratamiento con opiáceos, razón por la que la FDA está interesada en sus datos.
Pero RADARS también colabora con la industria farmacéutica en algunos aspectos que los grupos de defensa de los pacientes consideran problemáticos. Por ejemplo, RADARS ofrece servicios de consultoría a las empresas farmacéuticas cuando se preparan para las reuniones con los paneles asesores de la FDA. Estas reuniones las convoca la agencia para determinar si un medicamento se debe recomendar para un uso concreto.
Además, los defensores sostienen que hay más fuentes independientes de datos que podrían ayudar a la FDA a vigilar el uso indebido de opioides de venta con receta y otros medicamentos. Como ejemplo mencionan a la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), que es parte del ministerio de salud.
El mes pasado, la organización Physicians for Responsible Opioid Prescribing escribió en una carta a la FDA “RADARS y su personal han proporcionado a los fabricantes de opioides un conjunto único de servicios para ayudarles a evitar las regulaciones y vender más opioides. Estos servicios incluyen presionar a las agencias reguladoras internacionales, federales y estatales, y publicar artículos engañosos en revistas médicas”. También presentaron objeciones Public Citizen, Doctors for America, National Center for Health Research, Prevent Opioid Abuse y Partnership for a Drug-Free New Jersey.
Una de las principales preocupaciones planteadas por estos grupos son los vínculos iniciales con Purdue Pharma. Aunque RADARS ya no está vinculado a la empresa, a la que se culpó ampliamente de desencadenar la crisis de los opiáceos mediante la comercialización engañosa de su analgésico OxyContin, los defensores sostienen que la FDA debería saber que no debe firmar un contrato con la organización.
Sin embargo, una portavoz de la Autoridad de Salud y Hospitales de Denver mantuvo que RADARS es “simplemente un servicio prestado por la DHHA”. El sistema RADARS tiene muchos suscriptores que sólo compran datos. Tenemos entendido que estas empresas comparten los datos con la FDA. No ofrecemos ningún servicio adicional, como intentar promocionar o comercializar un medicamento. Todos los suscriptores tienen la misma relación contractual con DHHA. Ninguno recibe servicios o derechos especiales”.
El año pasado, personal de RADARS fueron coautores de un artículo en Clinical Drug Investigation financiado por Collegium Pharmaceutical. El artículo examinaba las fórmulas disuasorias del abuso de medicamentos como por ejemplo Xtampza ER, comercializado por Collegium, y concluía que la tecnología era útil. Xtampza ER es una versión de liberación prolongada de la oxicodona.
En septiembre de 2020, el director ejecutivo de RADARS testificó en una reunión del comité asesor de la FDA en nombre de Purdue Pharma; y previamente, en febrero de 2018, RADARS y Purdue Pharma coordinaron una respuesta para oponerse a una petición ciudadana para que se retirara del mercado a los opioides de dosis ultra alta.
Otra cuestión es que los datos recopilados por RADARS pueden no ser adecuados. Gran parte de la información procede de terceras fuentes, como los centros de control de intoxicaciones, en los que no se debería confiar para determinar la seguridad o el riesgo de un medicamento, según Lewis Nelson, experto en toxicología que preside el Departamento de Medicina de Urgencias del Hospital Universitario de Newark (Nueva Jersey).
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