Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Político ha informado que los principales fiscales europeos están investigando acusaciones penales por irregularidades en la negociación de la compra de las vacunas covid para la Unión Europea, concretamente las interacciones entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer [1]. A continuación, los puntos más importantes de la noticia.
En los últimos meses, los investigadores de la Fiscalía Europea (EPPO) han reemplazado a los fiscales belgas, y están investigando la acusación contra vor der Leyen que presentó un cabildero, Frédéric Baldan en Lieja (Bélgica) en 2023, por “interferencia en funciones públicas, destrucción de mensajes de texto (SMS), corrupción y conflicto de intereses”.
Posteriormente se unieron los gobiernos húngaro y polaco, aunque este último parece que va a retirar su denuncia. La denuncia de Hungría es distinta a la de Baldan, pero se centra en el mismo intercambio de mensajes de texto. Los detalles de estas denuncias no se han divulgado. Hay que resaltar que hasta el momento nadie ha sido acusado.
La denuncia de Baldan se refiere a unos mensajes de texto entre von der Leyen y Albert Bourla justo antes de la compra de las vacunas covid, cuyo valor se había estimado en €20.000 millones. A este asunto se lo denominó Pfizergate.
Originalmente ese contrato fue bien recibido, pero pronto se empezó a cuestionar la gran cantidad de vacunas que se compraron, de las cuales se hay desperdiciado €4.000 millones.
El New York Times también ha iniciado una demanda paralela contra la Comisión Europea por negarse a entregar esos mensajes.
La Fiscalía Europea lidera investigaciones paneuropeas sobre delitos financieros y, en teoría, podría confiscar teléfonos y otro material relevante de las oficinas de la Comisión o en otros países de Europa, como la Alemania natal de von der Leyen.
Por otra parte, tanto Hungría como Polonia han sido demandadas por Pfizer por impago de dosis de vacunas tras suspender las entregas, alegando un exceso de oferta y la presión financiera por la guerra de Ucrania.
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