Los diputados socialistas Marco Enríquez-Ominami y Manuel Monsalve presentaron un proyecto de ley que permite la venta directa de medicamentos en supermercados o almacenes. Según explicaron, la medida busca mejorar la competencia y el acceso a medicamentos a una mayor parte de la ciudadanía.

Los principales fundamentos consignados en el proyecto son que el mercado farmacéutico es oligopólico, lo que influye en el precio de los medicamentos [1]. En su calidad de integrante de la comisión de Salud, Monsalve explicó que la idea “incentiva la competencia y favorece el acceso de la población a estos productos a un menor costo”. Y añadió que “existen muchos remedios que no requieren recetas como los antiinflamatorios y aspirinas que son utilizados de manera frecuente por los usuarios” [2].

Enríquez–Ominami destacó que este “proyecto de ley facilita y promueve la participación de los individuos en el cuidado de su salud, reduciendo el costo y el tiempo necesario para tener acceso al medicamento, además de aliviar la carga de las instituciones de salud por la atención de padecimientos comunes”. “Incluso con esta práctica se podría solucionar los problemas de miles de familias chilenas que tienen dificultades de acceder a un medicamento por razones de traslado. Existen comunas que no tienen farmacias y con este proyecto podrían ver solucionado este problema”, agregó [2].

Los parlamentarios socialistas agregaron que el proyecto cuenta con un alto respaldo político y destacaron que con esta “pequeña y humilde medida se estará dando un golpe a la concentración económica en este ámbito”.

El proyecto es respaldado, además, por Marcelo Díaz del Partido Socialista (PS), Guido Girardi Brier del Partido por la Democracia (PPD), Juan Lobos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Masferrer de la Renovación Nacional (RN) Marco Antonio Nuñez (PPD), Alberto Robles del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Fulvio Rossi (PS) y Raúl Sunico (PS).

La reacción del Colegio Químico-Farmacéutico
En una declaración pública, los representantes del sector sostienen:

a. El medicamento es un bien social, esencial para la salud pública, y no debe ser conceptuado como bien de consumo. El Estado debe proteger los derechos de las personas y velar por la protección de la salud de la población.
b. El acceso más expedito, “al alcance de la mano”, a medicamentos que no requieren de receta médica para su dispensación, puede ocasionar serios problemas de salud pública, muy especialmente, si la población no está adecuadamente informada ni educada con respecto a los riesgos asociados que todo producto farmacéutico presenta. Esta aberración se produciría si se autorizara la venta de estos medicamentos fuera del mostrador de las farmacias.
c. La venta de cualquier medicamento fuera de los establecimientos farmacéuticos, especialmente facultados por ley para ello, es una iniciativa irresponsable y altamente riesgosa para la salud de la población.
d. Ningún medicamento es inofensivo. Toda persona es potencialmente susceptible a sufrir alguna reacción adversa. Existe una abundante información científica y estadística sobre graves consecuencias del mal uso de medicamentos y efectos deletéreos.
e. La venta de medicamentos fuera de las farmacias haría perder el respeto que merece un medicamento al ofrecerse como un producto de consumo corriente. Se omitiría además, la información respecto del correcto uso que el paciente necesita y que debe exigirse al profesional idóneo. Es un hecho comprobado también, que la información verbal es significativamente más efectiva que la escrita.
f. Experiencias de países vecinos evidencian, por otra parte, que la liberalización del expendio de medicamentos no produce una disminución en el precio, como se ha señalado por parte de los promotores de esta iniciativa para justificarla.
g. Cabe recordar, que en el año 2002, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema fallaron unánimemente en contra de vender medicamentos fuera del mesón de las farmacias.
h. El paciente tiene el derecho y debe exigir que se le brinde una correcta Atención Farmacéutica frente a la demanda de un producto farmacéutico. Sobre todo, si se trata de un medicamento que -dependiendo de cómo se administra- atenta o contribuye a su salud.
i. El rol fundamental del profesional químico farmacéutico es formar una barrera de protección sanitaria en cuanto a medicamentos y, por ello, no debe ser marginado de tan importante función.
j. Estos afanes mercantilistas no se concilian con las propuestas gubernamentales expresadas en la Política Nacional de Medicamentos en la Reforma de la Salud, a las cuales el Colegio de Químico-Farmacéuticos le ha entregado su respaldo. Por tal razón, esperamos una reacción negativa de las autoridades sanitarias frente a esta propuesta.
k. Lamentablemente, la carencia de una “cultura del medicamento”, es la debilidad que desean aprovechar los interesados en aplicar esta comercialización abierta. El Colegio de Químico-Farmacéuticos propicia el desarrollo en la población de un conjunto de convicciones y conductas, para educar su contacto con los fármacos y asegurar su uso correcto, como ocurre en un país culto.
l. Es nuestro deber también, reiterar públicamente las denuncias que hemos formulado permanentemente a las autoridades sanitarias y policiales, en orden a controlar e impedir la venta de fármacos en medios de locomoción, almacenes de barrios y ferias libres. Estas anormalidades constituyen un grave problema sanitario, incoherente con el grado de desarrollo alcanzado por el país.