ÉTICA Y DERECHO

Litigación

México. El triunfo de un paciente con VIH. Juez concede recurso contra la reducción al presupuesto para atender a pacientes con sida
C. Avilés
El Universal, 19 de julio de 2010
http://www.eluniversal.com.mx/primera/35254.html

Rubén Valdés, un sicólogo de 61 años que vive con VIH desde hace 18 años, se anotó un triunfo jurídico al lograr que se admitiera el juicio de amparo que promovió, desde hace cuatro meses, en contra de la reducción al presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para atender y prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Asesorado por un grupo de abogados defensores de derechos humanos Valdés inició este juicio para revertir la decisión que adoptaron el gobierno del presidente Felipe Calderón y la Cámara de Diputados de recortar el presupuesto —de PM25 a 17 millones— que se destinó para que el INER, en el año en curso, empleara en la atención a pacientes con VIH.

Este caso y el hecho de que hayan tenido que recurrir a un juicio para revertir la reducción presupuestal que afecta a personas con VIH, será expuesto por organismos no gubernamentales en la XVIII Conferencia Internacional de Sida que inició ayer en Viena, como muestra de la falta de compromiso de parte de las autoridades mexicanas para garantizar el derecho al acceso a la salud.

Porque consideran que “es claro que la reducción presupuestaria de 30% para la atención y prevención del VIH/sida al INER tendrá una afectación concreta sobre las vidas de los pacientes que ahí se atienden, ya que no podrán recibir una serie de servicios que necesitan para monitorear y atender su salud.

El primer paso
Para muchos, la admisión de una demanda es apenas el inicio de un litigio y no representa ninguna victoria, pero para Valdés y el grupo de abogados que lo defienden, el que su asunto haya sido admitido a trámite es un logro muy importante, porque había quienes consideraban que su demanda estaba destinada al fracaso y que ni si quiera existía la posibilidad de que fuera revisada. Entre ellos, el juez que en primera instancia revisó su demanda y la desechó por considerarla notoriamente improcedente.

El juez Décimo Quinto en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Sergio Urzúa Hernández, desechó inicialmente la demanda porque estimó que a Valdés la reducción del presupuesto del INER no le afectó ni en su persona ni en su patrimonio.

Porque, en opinión del juez, al reducirse el presupuesto para el INER no se privó ni se restringió su derecho al acceso a la salud ni su tratamiento para el padecimiento de VIH, en virtud de que no se canceló el programa presupuestario Prevención y Atención del sida y otras ITS.

Pero también desechó su demanda porque determinó que el Presupuesto de Egresos de la Federación no puede ser impugnado mediante un juicio de amparo, dado que se trata de un acto administrativo y no de una norma de carácter general.

Margarita Castilla y Jimena Ávalos, de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes tienen a su cargo la defensa de Valdés, impugnaron la decisión del juez —aunque con pocas esperanzas de éxito— y al cabo de cuatro meses lograron que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocara la determinación y ordenara que la demanda fuera admitida. Y así fue, el juez admitió la demanda el 7 de julio pasado y fijó como fecha para la audiencia el próximo 27 de julio.

Instrumento limitado
Los defensores de Valdés saben que esta determinación es de alcance limitado. Por eso, la abogada Castilla afirma que están conscientes de que el amparo es un instrumento muy limitado para este tipo de casos, pero, agrega, “consideramos que la mera admisión es un gran logro”.

“La admisión de la demanda, dice, significa la posibilidad real de que el quejoso, Rubén Antonio Valdés Núñez, pueda acreditar en la audiencia constitucional los agravios en su contra por parte de las autoridades responsables, en especial la Cámara de Diputados, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Hacienda y Crédito Público”.

Pero, lo más importante, explica, es que “brinda la oportunidad al Poder Judicial de la Federación de entrar al fondo del asunto y ampliar los criterios sobre la naturaleza jurídica del presupuesto, su control constitucional y la exigibilidad de los derechos sociales, en especial, del derecho a la salud. Todo lo anterior en beneficio del derecho al acceso a la justicia de las y los mexicanos”.

En particular, al referirse a este tema, Margarita Castilla, se dice convencida de que este caso también “permite colocar el tema del rol activo y positivo que debieran desempeñar los jueces para dar respuesta a las demandas sociales. Creemos que un ingrediente para lograr esto es empezar a crear incentivos para que los jueces dejen de ser meros autómatas aplicando criterios obtusos y se atrevan a ir un poco más allá”.

Porque si bien, aclaran, la decisión del tribunal no fue la más osada, el magistrado encargado del proyecto, Mario Pérez de León, sí tuvo la sensibilidad de entender el caso y su relevancia, y de comprender qué es lo que se esperaba de él, ahora esperamos que “el juez de Distrito (que nuevamente tiene a su cargo el juicio de amparo) haga lo propio, por lo menos tratando el caso de una forma más sensible”.