REGULACIÓN Y POLÍTICAS

América Latina

El Salvador. Ley de medicamentos genera intensas fricciones
Editado por Salud y Fármacos de:
Ley de medicamentos genera roces políticos y económicos, El Salvador, 8 de julio de 2010
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4952838

Mario Ancalmo rechaza las exageraciones del viceministro Espinoza, El Salvador, 12 de julio de 2010
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4964243

O es señal de crasa ignorancia o de mala fe, El Salvador, 20 de julio de 2010
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=4987009

La tan anunciada Ley de Medicamentos ha derivado en un pleito de alcances políticos y económicos entre gobierno, partidos políticos e industria farmacéutica nacional, quienes no dan su brazo a torcer en los puntos que aseguran les afectaría a ellos y al país.

Mientras la oposición busca un cerco a la intervención del mercado de medicinas por parte de países cercanos al socialismo del Siglo XXI, el partido oficial señala que se busca "regular" y no "controlar" el abuso de los precios. En medio del fuego cruzado, la industria farmacéutica reclama ser protegida y aprobar una legislación que no dañe sus finanzas ni sus negocios en el país.

En los primeros pasos para iniciar el estudio de la legislación, la Asamblea tuvo ya sus primeros tropiezos. ¿El problema? La intención del Gobierno de fijar los precios de las medicinas, algo que ha sido el principal punto de desencuentro entre los legisladores.

Los partidos de oposición han llegado a la conclusión de que la ley, propuesta por el gobierno el pasado 22 de febrero, pretende vigilar a la industria y regular los precios poniendo en manos de burócratas el destino del mercado y crear un monopolio farmacéutico estatal.

Las acusaciones del Gobierno apuntan a que los partidos de oposición intentan defender los intereses de las compañías farmacéuticas, lo cual han desvirtuado en vista de que el control y la fijación de precios, según la bancada tricolor, traerían pérdidas y restaría fortalezas al sector farmacéutico.

El temor se basa en que la ley facultaría al Consejo Nacional de Medicamentos (CNM), una nueva instancia que asumiría la fijación de precios y solicitaría a las empresas farmacéuticas su información económica y financiera, lo que podría violar la confidencialidad de las empresas, según empresarios y los partidos de oposición.

El viceministro de Políticas de Salud del Ministerio de Salud, Eduardo Espinoza, ha sostenido en su momento que no se busca controlar de forma caprichosa los precios, sino abrir la posibilidad a otras industrias para que puedan competir en un esquema de libre mercado y romper con el "monopolio" de la industria en el país.

De acuerdo a publicación el 20 de julio de este mismo diario, el presidente de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), José Mario Ancalmo dijo, el juego de palabras que el viceministro de Salud de Políticas Sectoriales, Eduardo Espinoza, ha lanzado últimamente y con las que pretende hacerle ver a la población que paga los precios de medicamentos más altos de América Latina e incluso de Centroamérica, genera mayor resquemor en el sector farmacéutico del país, al punto de preguntarse sobre las verdaderas intenciones detrás de la Ley de Medicamentos.

Y es que las constantes contradicciones de Espinoza en cuanto al estimado que hace del margen de ganancias para las farmacéuticas y laboratorios –inicialmente cifradas en 5,000 por ciento y luego en 20.000 por ciento—hacen pensar a los farmacéuticos que el fin no es sólo regular los precios.

Las aseveraciones de Espinoza también reafirma la preocupación en este sector por otros dos apartados de la propuesta de ley, como el de declarar "de utilidad pública" los establecimientos de salud privados cuando el Estado haga una declaratoria de emergencia nacional.

"Si bajo el concepto de la ley el establecimiento de salud privado puede ser declarado de utilidad pública, el Estado durante una emergencia puede expropiar, bajo el argumento de interés nacional, un establecimiento. Si eso está en la ley, prácticamente es la antesala para que el gobierno pueda hacer uso de esa facultad y expropiar", expresó Ancalmo.

El otro punto que les genera recelo es que la ley plantea traspasar el registro de medicamentos que ingresan al país al laboratorio de Salud Pública, el que por hoy, no está en operaciones. Actualmente la efectúa el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

Para Ancalmo remarca que si la ley pretende que la población acceda a medicamentos más caros en el país como los recetados para males crónicos, este procedimiento no permitirá la sana competencia en el mercado; por el contrario, dice, favorecerá a determinadas empresas como AlbaMed (Proyecto Grannacional Centro Regulador de Medicamentos, una iniciativa de los países del Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América) u otras que pudieran tener un interés político partidista.

"El traslado de los registros al Ministerio de Salud, significaría un interés económico con un trasfondo político partidario", explicó Ancalmo, al referirse al hecho de que Salud podría agilizar las inscripciones de los medicamentos a ciertas compañías con afinidad política con el Gobierno. "Ya sea por venganza o resentimiento, creo que está clara la explicación, sí hay intereses particulares", afirmó.

El 20 de julio se publica que José Mario Ancalmo (presidente de la INQUIFAR) menciona que no existe industria que gane el dos mil por ciento, pues de ser así en menos de veinte años tendría el control de toda la riqueza mundial. El promedio de las ganancias en los países industriales no sobrepasa el doce por ciento, unos tres puntos sobre el mínimo para mantener en operación una empresa considerando las inversiones en mantenimiento, en renovar equipos e introducir nuevas tecnologías.

Que un niño en Soyapango crea que existen empresas que ganen el dos mil por ciento sobre su inversión es una cosa, pero que lo diga, repita, divulgue e insista en ello un funcionario, o inclusive ministro, es otra. Afirmarlo es, o señal de absoluta ignorancia, o parte de una campaña difamatoria contra la industria farmacéutica. Felices estarían los de Hacienda con esas colosales ganancias por los impuestos que recibirían.

Es grave pretender interferir, regular, hostigar y hablar de una industria, negocio, sector, actividad, grupo o asociación sin comenzar por lo básico: entender lo que son márgenes, costos, reservas, contingencias, precio de la inversión. Si además de tales ideas van a surgir políticas públicas, no tener claridad sobre lo que ocurre en un campo puede causar graves daños no sólo a una industria, sino también al personal que labora en ellas, a la cadena de suministro que las soporta y a los consumidores de sus productos. Se golpea a un sector y de inmediato se afecta a toda la economía nacional.

Pero, al mismo tiempo que se emprende una campaña contra los productores nacionales sin siquiera haberlos escuchado, se propone que El Salvador importe medicinas de Cuba y de Venezuela. Comprar lo que hacen cubanos y venezolanos y dejar de comprar las manufacturas de salvadoreños. ¡Vaya patriotismo!

Los del desastre quieren dirigir la salud
Pero hay más: se compraría por orden ministerial, no porque esas medicinas sean más competitivas, se fabriquen con autorización de los dueños de las patentes y respondan a estándares internacionales de calidad y pureza. Aquí hay entidades que se ocupan de vigilar calidades, pero tal cosa no existe ni en Cuba ni en Venezuela pues todo es una melcocha: el que fabrica, regula, controla, distribuye y dispensa es una sola burocracia (o "Estado"), La gente en esos países, como antes en la Unión Soviética, está resignada a lo que le entreguen, cuando hay algo que entregarle. Y se le entrega sin que el consumidor tenga posibilidad de escoger entre dos fármacos o marcas.

José Mario Ancalmo continuo diciendo que la atención de la salud, sea privada o pública, es un campo en el que intervienen proveedores, fabricantes, médicos, enfermeras, hospitales, servicios clínicos, técnicos, administradores, contables, vendedores, aseguradores y miles de personas que se desempeñan en los más diversos oficios y actividades. El paciente, en un país libre como ha sido el nuestro, escoge entre diversas opciones; la competencia regula en parte los precios y las calidades de lo que se usa y consume.

La competencia entre muchos productores es más eficiente en fijar rumbos y establecer prácticas y calidades, que las burocracias, más cuando éstas son nombradas a dedo, por vínculos políticos. La abismal ineficiencia de lo montado en economías socialistas se refleja en la falta y mala calidad de las medicinas, la pésima atención, el deterioro de instalaciones, el desgano en atender a los pacientes, las largas esperas. Los enfermos crónicos se quedan sin tratamientos para seguir vivos.

Nota del editor: Ver anteproyecto de la Ley del medicamento en el Salvador en Boletín Fármacos 13,2 en Regulación y Política: América Latina. Ver también la Ventana Abierta en este número del Boletín y el articulo en la Sección de Ensayos Clínicos “Sesgos de Notificación…” para entender la conducta engañosa del sector privado y el impacto negativo que tiene en la salud.