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Argentina. Genéricos y medicamentos públicos: el gobierno quema “dos anchos” en una jugada cortoplacista
Nestor Caprov
Mirada Profesional, 7 de noviembre de 2014
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La puesta en marcha de estas dos leyes sin una estrategia a largo plazo no parecería tener el efecto deseado en el marcado de medicamentos. Ni la reforma de la ley de promoción de genéricos ni la reglamentación de la norma que fomenta los laboratorios estatales se hizo pensando en el largo plazo, en una Política de Estado y se perderán ante el paso del real problema del sector y del país: la inflación y los precios que se escapan. La necesidad de una política integral para el mercado farmacéutico argentino, sigue esperando.

Luego de unos años de mantener “cajoneado” el tema, el gobierno nacional jugó dos cartas fuertes en materia de políticas de medicamentos. En medio de la puja con algunos laboratorios por el precio de los fármacos, decidió reglamentar la ley que promueve la producción pública, además de llevar la discusión de los genéricos al Congreso. La movida, saludada por varios sectores, intenta presionar a los productores farmacéuticos para que acepten los planes oficiales de rebajas, y se sumen a la política de congelamiento.

Desde afuera, la estrategia puede parecer acertada, pero en el fondo demuestra la falta de visión a largo plazo para manejar un mercado tan trascendental para la salud pública como los medicamentos. Usar estas dos leyes para “atar” el valor de los tratamientos, algo que sólo servirá por poco tiempo y de manera parcial, es un error que marca la mirada “cortoplacista” con que se trata el tema. Un parche circunstancial, que puede “dibujar” una estadística pero que apenas sirve para el problema de fondo: las asimetrías en la cadena de valor del mercado de los medicamentos.

Tanto la conocida popularmente como Ley de Genéricos como la norma que fomenta la producción estatal no fue hasta hace poco una prioridad para este gobierno. De hecho, muchos especialistas aseguraron que el ministerio de Salud Nacional nunca mostró interés en aplicarlas efectivamente. Pero la pelea con los laboratorios por los precios, en un contexto inflacionario, devolvió a la escena estas herramientas, que a priori son elementos más que interesantes pero que están por sufrir una aplicación compulsiva.

En estos momentos, la inflación aparece como una gran “destructor” de las políticas sanitarias, y estas dos leyes no serían la excepción. El apuro por poner en marcha estos instrumentos –que incluso, no tienen consenso dentro del propio gabinete –muestra más que un compromiso con la salud pública, un desconcierto a la hora de imponer medidas concretas en el sector salud. De poco servirán en un país con una inflación proyectada de más del 35 % si se recetan más o menos medicamentos por su nombre genérico, si estos no tienen una real incidencia en la cadena de valor. O se escaparán en precio por una economía que no tarda en ajustar los costos a la suba. Lo mismo sucederá con los tratamientos estatales, que en su gran mayoría no tienen autorización federal de la ANMAT, por lo que apenas pueden vender sus fármacos en sus provincias o comunas, o a través de sus sistemas públicos de salud.

El problema central del momento es económico, y responde a un desajuste generalizado, que incluye un escenario de inflación con recesión, por lo que lo principal para el Gobierno, es mostrar “gestión” en materia de precios. Esto se comprueba a simple vista ya que una ley muy interesante como la 26.688, que se declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, tardó tres años en reglamentarse. Nunca el ministro de Salud Nacional Juan Manzur la tuvo entre sus prioridades, e incluso pareció que se hizo todo lo que se pudo para demorarla.

Fue tal la demora para implementar esta iniciativa, aprobada en junio de 2011 en el Congreso por unanimidad, que el año pasado la diputada nacional Graciela Iturraspe, junto a sus pares Antonio Riestra, María Luisa Storani, Virginia Linares y Horacio Piemonte, presentaron un expediente para conocer las razones por las que no se ponía en marcha la norma. “Es indispensable avanzar hacia una provisión de medicamentos para establecimientos públicos estatales y de la seguridad social, incluyendo las obras sociales nacionales, provinciales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que sea progresivamente cubierta por la red de laboratorios públicos, en condiciones de calidad para todos las personas e interviniendo eficazmente en los precios de mercado”, afirmaron los diputados a través del expediente 5213-D-2013 (ver MIRADA PROFESIONAL del 15/07/2013 ).

El cambio de actitud no parece sincero. Bah, no nos parece de una verdadera Política de Estado. Demasiado evidente por lo extemporáneo, las dos iniciativas pueden tener poco oxígeno y en vez de consustanciarse en el tiempo, sencillamente, se desvanecerían. En la Argentina, según datos oficiales, el 30 % del gasto de salud tiene que ver con la compra de medicamentos. Que los valores estén accesibles a la población, en especial a los sectores más vulnerables (que por razones obvias gastan más porcentaje de sus ingresos en los tratamientos) es una prioridad para cualquier gobierno, pero con una política global, integral, a largo plazo.

La reglamentación de la ley que promueve la prescripción por nombre genérico fue un instrumento de emergencia. En plena crisis pos 2001, fue una de las salidas frente a la inaccesibilidad de los medicamentos por parte de la gente, junto con el Plan Remediar, claro está. Su efecto sirvió solo para un mediano plazo por un sin número de motivos, aunque convengamos, hoy en día casi no es respetada por los principales actores del mercado. Mientras en 2003 las recetas con nombres genéricos eran cerca del 70 % del total, en estos días no superan el 20 %. Esto muestra que una buena medida se diluye cuando detrás de ella no hay por parte del Estado, interés para sostenerla, y además, no se la usa como un cambio de paradigma. La coherencia, otra vez, no fue de la partida para un país que la necesita.