La discusión por patentes volvió a la escena y reabrió una histórica grieta entre el Gobierno y los laboratorios nacionales, que ya se aprestan a hacerla pública con diversas denuncias ante la justicia y publicaciones en medios masivos.

El disparador fue la Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) [1], que estableció, en pocas palabras, que los estudios realizados por oficinas nacionales de patentes de otros países podían ser considerados a la hora de otorgar o negar un pedido en la Argentina.

Desde Cilfa, la cámara que reúne a la industria farmacéutica nacional, aseguran que la norma “vulnera principios contemplados en seis leyes, y además va a permitir ‘importar’ patentes extranjeras subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional en favor de intereses económicos de otros países”.

La cámara farmacéutica no sólo tiene previsto presentar un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la resolución, sino que, además, según confirmaron a La Nación y consta en el texto que hará público en los próximos días mediante solicitadas en medios masivos, también prevé denunciar al titular del INPI, Dámaso Pardo.

“Esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados”, señala el texto. “Tendrá, además, un efecto negativo sobre el empleo, las inversiones y el desarrollo de la industria argentina”, alerta.

Pero fuentes del Ministerio de Producción dejaron trascender que no habría vocación de dar marcha atrás con la resolución. “El antecedente [del estudio hecho por otras oficinas nacionales] no es vinculante: el INPI luego del exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la patente de acuerdo a los criterios de novedad, altura inventiva y aplicación industrial tal como lo establece la normativa. Bajo ningún aspecto esto significa delegar soberanía de ningún tipo en propiedad intelectual”, dijeron al ser consultadas por La Nación.

En la actualidad, señalaron desde el ministerio que conduce Francisco Cabrera, el INPI tiene unos 28.000 expedientes de solicitud de patentes sin resolución. “Un 60% no tiene relación con la industria farmacéutica o biotecnológica. La resolución permite avanzar en el estudio de estos expedientes a fin de ayudar a las industrias”, explicaron. “Pero no afecta la calidad del examen de la patente. La ventaja de este procedimiento es que acelera el proceso y reduce los costos asociados evitando dobles esfuerzos. Pone a la Argentina en sintonía con la región. El mismo procedimiento ha sido adoptado por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay”, aseveraron.

Una discusión de fondo
Pero en los laboratorios ven en la resolución del INPI un primer paso para terminar de habilitar la discusión de patentes, que hace años reclaman las empresas extranjeras.

Incluso, desde las compañías nacionales, afirman que la norma del INPI favorecerá lo que en la industria se conoce como “evergreening”, que es la posibilidad de que a un mismo medicamento se le extienda la patente por un período de 20 años, simplemente modificándole levemente su composición molecular.

“Afuera, en el exterior, está la costumbre de patentar todo. Uno puede cambiarle el uso o una pavada a un remedio y conseguir una nueva patente. Con lo cual si el INPI toma todo tal cual llega del exterior va a ser un descontrol y va a perjudicar mucho a la industria local”, se sinceró el responsable de un laboratorio nacional, que pidió no ser identificado. “El Gobierno para arrimarse al mundo transa en cosas que no le convienen”, sentenció.

Anteayer, tras una acalorada discusión entre los directores de la cámara, los laboratorios nacionales se decidieron a dar batalla. El conflicto recién comienza.