Después de semanas de deliberaciones, el ministro de Salud de Colombia está planeando reducir unilateralmente el precio de un medicamento contra el cáncer de Novartis que se ha convertido en el último símbolo de la batalla entre el acceso a los medicamentos y los derechos de propiedad intelectual.

El monto del descuento no ha sido anunciado pero medios de comunicación de Colombia informaron que el ministro de Salud Alejandro Gaviria podría bajar el precio de Gleevec hasta en un 45%. Los grupos de defensa de los pacientes señalan que el costo anual del medicamento es aproximadamente US$15.000, y el ingreso nacional bruto per cápita son unos US$8.000. Esto significaría “ahorros significativos para todo el sistema de salud”, dijeron los grupos de pacientes.

Al explicar sus acciones, Gaviria ha argumentado que la emisión de una Declaración de Interés Público, que permite al gobierno tomar varias medidas para reducir el precio de un medicamento, estaría justificada ya que el costo de Gleevec está fuera del alcance de algunos ciudadanos. El gobierno comenzó a explorar este paso cuando fracasaron las conversaciones con Novartis para reducir el precio.

Su decisión, que se produjo después de que el gobierno rechazara la posición de Novartis, es el último paso en un forcejeo estrechamente observado. Los grupos de pacientes lo ven como un test para comprobar si los derechos legales pueden asegurar que las medicinas necesarias sean accesibles, mientras que la industria farmacéutica lo ve como un caso que puede sentar precedente, que permite que un país de ingresos medios utilice la legislación comercial para reducir el precio de los medicamentos.

Sin embargo, el episodio ha llamado la atención, ya que Gaviria, a principios de este año, consideró la posibilidad de obtener una licencia obligatoria [1]. Esto hubiera permitido al gobierno colombiano eludir la patente de Novartis y producir una versión más barata de Gleevec [2]. Según las normas de la Organización Mundial del Comercio, los países pueden en algunas circunstancias emitir tales licencias.

Por su parte, la industria farmacéutica ha sostenido que las licencias obligatorias deben reservarse para emergencias de salud pública y como último recurso. Temiendo que las acciones del gobierno colombiano pudieran alentar a otros países a tomar rápidamente medidas similares, la industria recurrió a Washington para obtener respaldo.

La primavera pasada [3] funcionarios del Comité de Finanzas del Senado de los EEE UU y de la Oficina del Representante Comercial de EE UU se reunieron con funcionarios de la embajada colombiana en Washington DC y sugirieron que Washington retiraría su apoyo a un acuerdo de libre comercio y US$450 millones de ayuda la iniciativa de paz entre los colombianos Gobierno y las guerrillas marxistas [4].

Sin embargo el intento, creó una mini-reacción entre algunos legisladores demócratas y parecía haber endurecido la resolución de Gaviria y su ministerio de salud. En junio, Gaviria señaló que seguiría adelante con una reducción unilateral de los precios, aunque tampoco descartó la posibilidad de emitir una licencia obligatoria.

En un comunicado de tres grupos de defensa de los pacientes – Misión Salud, Fundación Ifarma y Cimun – dijeron: “Condenamos el comportamiento de Big Pharma, sus representantes gremiales, y [el esfuerzo de] los gobiernos que les apoyan de presionar al gobierno de Colombia para impedir que ejercite su poder soberano…. para proteger el derecho fundamental de su pueblo y la sostenibilidad financiera del sistema de salud”.

Un portavoz de Novartis nos envió una nota diciendo que la compañía cree que la declaración “fue emitida incorrectamente y crea un precedente injustificado y dañino que podría aplicarse a cualquier innovación patentada, no sólo a los productos farmacéuticos. Las declaraciones pueden ser herramientas importantes y legítimas en circunstancias excepcionales, como cuando la salud pública está en riesgo inmediato y no puede ser abordada por ningún otro medio. Este no es el caso de Gleevec”.

“Actualmente todos los pacientes colombianos que necesitan Glivec tienen acceso. No hay crisis de salud pública, no hay escasez, y no hay evidencia de otros problemas de acceso. El gobierno ejerce control de precios… y ha reducido el precio dos veces en los últimos tres años “, continuó. Agregó que hay versiones genéricas disponibles que no infringen la patente. Sin embargo, los funcionarios del gobierno habían dicho previamente que Novartis había indicado que cualquier versión de su medicamento que apareciera en formato genérico estaría violando la patente.

En un comunicado, Brian Toohey, vicepresidente de asuntos internacionales de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America dijo que “las acciones del gobierno colombiano carecen de mérito… Los recortes de precios ad hoc no son formas efectivas o sostenibles de mejorar el acceso ni lograr otros objetivos críticos de salud pública. Los sistemas de fijación de precios deben basarse en normas transparentes y procesos justos que proporcionen seguridad comercial a los innovadores farmacéuticos”.