El debate sobre la mejor manera de equilibrar el acceso a los medicamentos, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la recompensa de la innovación se mueve en torno a extremos. Pero hay una alternativa frente a un cambio drástico en el modelo. Bastaría con intentar consensuar las posturas de los agentes del sector. Sus preferencias se han dado a conocer de manera anecdótica, o al menos incompleta, cuando tocaba el turno de pronunciarse sobre ésta o aquella política concreta, pero nunca habían sido analizadas de manera sistemática. Hasta ahora. Un informe del Centro Colaborador de las Políticas de Precios y Reembolsos de la OMS ha llevado a cabo esta tarea, dejando como principal conclusión el interés (y posiblemente la necesidad) de un cambio, en particular en las políticas de precios.

Lo interesante de este trabajo es su enfoque integrador, pues solicitó a la industria farmacéutica innovadora, la de genéricos, los farmacéuticos, los pacientes, los consumidores, las autoridades sanitarias y los pagadores públicos que expresaran su opinión sobre siete objetivos y sobre 16 medidas concretas para conseguirlos. Llama la atención, para empezar, que entre todos ellos haya más acuerdo ‘en el desacuerdo’. Dicho de otro modo, que coincidan más en lo que no quierenque en lo que quieren.

Vistas las respuestas, se agotan las excusas para acometer ciertos cambios. En primer lugar, en una de las políticas más extendidas en Europa, la del Sistema de Precios de Referencia Internacional (SPRI) [1]. Esta práctica, que hoy usan 25 de los 28 estados miembro (todos menos Dinamarca, Suecia y Reino Unido) [2] es con diferencia la menos valorada por la práctica totalidad de los agentes, quizá porque sus límites son claros [3]: su capacidad como herramienta de contención de costes queda limitada por cuestiones metodológicas y por el hecho de que los precios referenciados son los que aparecen en los listados oficiales, que no incluyen los descuentos que las compañías ofrecen en cada país.

Nunca hasta ahora las preferencias de los agentes del sector farmacéutico se habían analizado de manera sistemática
Más sorprendente, si cabe, resulta la opinión que merecen los procesos de subastas, que fuera del ejemplo andaluz son muy utilizadas en Alemania, Chipre o los países Bálticos. Las autoridades y los pagadores son los más favorables a esta política por los ahorros públicos que genera, pero tampoco le dan una nota excesivamente positiva, lo que la convierte en la segunda menos valorada por el conjunto del sector. Los autores creen que tras la moderada evaluación de los partidarios de las subastas se encuentran una elevada carga administrativa, la negativa reacción de los pacientes y de los otros agentes y unos ahorros menores de los previstos en el largo plazo (de todo ello ha dado muestras el ejemplo andaluz).

Alternativas
El octavo puesto en el ranking de las políticas menos valoradas responde ex aequo a otras dos de las opciones más utilizadas [4] en casi todos los estados miembro, sobre todo en los años de crisis económica: copagos [5] y todo tipo de estrategias de descuentos y rebajas a la industria farmacéutica [6]. La pregunta que deja esta fotografía es clara. Si tan poco gustan, ¿por qué siguen aplicándose estos sistemas? Los autores lo achacan a una falta de alternativas, o más bien a la falta de consenso entre las alternativas disponibles. Ciertamente, superar las diferencias no sería tarea fácil, pero sin duda abre un camino menos doloroso que las opciones que ahora mismo hay sobre la mesa firmadas por los expertos del Panel de la ONU o por la eurodiputada Soledad Cabezón [7]. Hay posibilidades, según los autores, para apostar por un mix de políticas que permitan afrontar los retos futuros, pero supondrían cesiones por parte de todos.

Estas apuestas supondrían cesiones por parte de todos. Teniendo en cuenta el desencuentro que protagonizan la sociedad civil y la industria en torno al funcionamiento del mercado farmacéutico, cabría tomar nota de su preferencia compartida por los precios diferenciales como modelo que sustituya al SPRI [8]. Este acercamiento (que no convence, a las autoridades) es un buen argumento para modificar el marco legal europeo y permitir esta práctica, aunque su éxito dependa de hallar la solución al mismo problema que comparte con el sistema de precios de referencia internacional: hacer públicos los descuentos que ofrece el sector a los sistemas de salud. Igualmente, la industria innovadora y las autoridades manifiestan una apuesta común por la transparencia en las decisiones de precios y reembolso. Pero el éxito de este enfoque está condenado mientras ambas partes se autoexcluyan y sigan pensando que es una demanda aplicable sólo a la otra parte. Y salvando a la industria innovadora, todos apuntan al potencial de los genéricos como medida para hacer frente a los precios elevados de algunos innovadores.

La encuesta también anima a superar las dificultades que supone apostar por un Precio Basado en el Valor (VBP, por sus siglas en inglés). El hecho de que esta propuesta haya recabado puntuaciones muy diferentes no ha impedido que acabe como la segunda opción más valorada por el sector en su conjunto. Las explicaciones para que constituya una preferencia menor para pacientes, pagadores y farmacéuticos son varias: ir hacia un sistema que refleje el valor añadido de los fármacos y el concepto de la ‘disposición a pagar’ requeriría una gran inversión y es muy complicado de implementar, como demuestra el fracasado intento de Reino Unido.

Con todo, aunque el VBP solo se aplica en Suecia, algunos de sus elementos, como las evaluaciones farmacoeconómicas y la evaluación de las tecnologías sanitarias (HTA), están incrementando su uso en los países europeos y constituyen un buen punto de partida para impulsar un cambio en el modelo. La Comisión Europea hace tiempo tomó nota de ello y ha destinado ya €20 millones para definir un modelo común de HTA para el año 2020.

Referencias