Para mantener a los médicos actualizados en temas médicos, los fabricantes de medicamentos ayudan a pagar su educación continuada. Hasta ahora, sin embargo, la industria no ha tenido que reportar lo que les cuesta a una base de datos federal que fue creada en respuesta a la creciente preocupación sobre la influencia indebida que estos pagos pueden tener en la investigación o en la práctica médica.

Esto se espera que cambie el próximo año cuando un nuevo requisito de notificación entre en vigor, y muchos médicos están intentando que no suceda.

Muchos médicos están respaldando un proyecto de ley del Senado que exime a los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos de reportar el valor de la educación continuada, las reimpresiones de separatas de revistas y los libros de texto que se regalan a los médicos [1]. Sostienen que si las empresas optan por restringir su apoyo financiero cuando el requisito de información entre en vigencia el próximo año los pacientes resultarán perjudicados.

Más de 100 asociaciones médicas nacionales y estatales escribieron recientemente al senador John Barrasso (Republicano de Wyoming), el médico que presentó el proyecto de ley, para animarle. Su legislación, escribieron, aseguraría que cualquier intento de “promover la transparencia no socave los esfuerzos para proporcionar el conocimiento médico independiente más actualizado, lo que mejora la calidad de la atención que reciben los pacientes”.

Sin duda, los pacientes sí se benefician cuando los médicos aprenden más sobre nuevas enfermedades y nuevos tratamientos. Después de todo, ¿quién no querría que su médico tuviera la información más reciente sobre un nuevo medicamento o dispositivo médico?

Pero la educación continuada, que los médicos están obligados a seguir para mantener su licencia profesional, tiene un pasado cuestionable. Estos programas han sido controvertidos porque los fabricantes de medicamentos y dispositivos no sólo financian los cursos, sino que también han controlado estrictamente el plan de estudios para favorecer sus productos. En respuesta a estas críticas, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Continuada, que regula las actividades educativas, ha estado tomando medidas para reforzar la supervisión de los cursos.

Como resultado, se supone que las empresas que la industria paga para organizar las reuniones de educación continuada son libres de elegir a los conferenciantes y oradores y tienen la oportunidad de influir en el plan de estudios.

“La idea de que las compañías farmacéuticas utilizan estos cursos para publicitar sus productos es realmente equivocada”, dijo John Kamp, director de la Coalition for Healthcare Communication, un grupo de agencias de publicidad y editores médicos que favorece que no se hagan públicos los pagos que las empresas hacen a la educación continuada.

Sin embargo, estos programas educativos pueden ser un instrumento útil para el marketing de medicamentos, porque la educación continuada sigue siendo una vía importante para transmitir información sobre nuevos medicamentos y nuevos usos de los medicamentos existentes, no sólo nuevos temas de salud o políticas de regulación.

Esto ayuda a explicar por qué el apoyo de la industria para la educación continuada ascendió a US$693 millones el año pasado, un aumento del 2% con respecto al año anterior, según ACCME. Las cuotas de inscripción que pagan los médicos financiaron algo más de la mitad de estos programas.

“El proyecto de ley del Senador Barroso será un paso atrás, no hacia adelante en la búsqueda de una mayor transparencia en la ciencia”, dijo Paul Thacker, ex investigador del Comité de Finanzas del Senado estadounidense que estudió los lazos financieros entre la industria y los médicos y ayudó a escribir la ley que creó la base de datos. “Ese proyecto de ley huele a dinero proveniente de la industria para estimular la educación médica sesgada, y los estudios patrocinados por la industria que sirven para hacer propaganda de los medicamentos a los médicos”.

Da la casualidad de que, según el Center for Responsive Politics, durante los cinco últimos años, los profesionales de la salud fueron los mayores contribuyentes financieros de Barrasso, mientras que la industria farmacéutica fue su tercer mayor contribuyente.

Una portavoz de Barrasso no respondió a la pregunta sobre el apoyo financiero que recibe, pero nos envió una nota diciendo que “cree que la política federal debe fomentar el libre intercambio de información médica, no aumentar los requisitos para que se dé más información”.

¿Recortarán las empresas este tipo de apoyo si se añade el requisito de presentar informes? Es verdad que los fabricantes de medicamentos y los que ofrecen los programas de educación continuada tendrán que manejar más papeleo, porque el apoyo de la industria a la educación continuada no se paga directamente a los médicos. En su lugar, tendrán que decidir cómo se asignan los fondos.

Pero los fabricantes de medicamentos y dispositivos siguen pagando por comidas y por investigación, y el valor de estos pagos aparece en la base de datos. La industria ha aprendido a vivir con esos requisitos de informes y es probable que pueda incluir algunos más.

La realidad es que los médicos se benefician tanto, si no más, que los pacientes. Más allá del requisito de renovar la licencia, el apoyo de la industria para la educación continuada, así como el pago de separatas de artículos y libros de texto, ayudan a los médicos a gastar menos de su propio dinero en tales cosas.

El propósito de la base de datos es proporcionar transparencia. Buscar excepciones sólo sirve para ocultar la información.