En reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la prescripción de medicamentos por nombre genérico obtuvo dictamen favorable con participación de Fundación GEP entre los expositores

Con el propósito de modificar la ley 25.649 en sus artículos 2 y 3 para remover la mención de las marcas comerciales en las recetas médicas, estimular la producción pública de medicamentos y analizar críticamente los precios y la estructura de costos de los mismos, las comisiones de Salud y de Defensa del Consumidor dieron el pasado martes 4 de abril dictamen favorable al proyecto de la diputada nacional Carolina Gaillard para que se prescriban los medicamentos sólo por su nombre genérico excluyendo las marcas. La Directora Ejecutiva de GEP, Lorena Di Giano, fue parte del panel de expositores y se pronunció “a favor de una ley que cuide los presupuestos nacionales de salud, proteja la industria nacional y el desarrollo tecnológico en el país y cuide el interés de las personas que necesitan medicamentos sobre todas las cosas”.

A pesar del dictamen favorable de estas comisiones, la coalición Cambiemos presentó un dictamen de rechazo que implica que el proyecto se abrirá a discusión cuando se trate en el recinto. Ninguno de los diputado de Cambiemos, como así tampoco los titulares de ANMAT y del Ministerio de Salud que fueron citados, se presentó a la reunión conjunta de las Comisiones de Diputados.

Di Giano expresó en su exposición que el sistema de patentes es una barrera para la existencia de versiones genéricas, con su consiguiente impacto sobre el precio de y el acceso a los medicamentos: “Lejos de estar expiradas, como se ha mencionado aquí, las patentes farmacéuticas y los monopolios que generan impiden que haya genéricos en el mercado: de esta manera los precios se mantienen altos, condicionando los tratamientos. Necesitamos la participación activa del Estado y el compromiso de los laboratorios nacionales”.

Aprovechando la presencia de especialistas farmacéuticos y de las cámaras que nuclean a los laboratorios nacionales, como la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y uso Hospitalario (CaPGEN), Di Giano demostró con estudios del Observatorio de Medicamentos de Fundación GEP que la participación de la industria nacional en las compras de medicamentos para el VIH/SIDA que realiza el Ministerio de Salud de la Nación es de apenas el 21%, mientras que la del sector multinacional es del 64%. “Esto es así porque la mayoría de estos productos están patentados y por eso no es posible producirlos en Argentina en versiones genéricas” explicó.

GEP no fue la única voz en expresarse en esta dirección: Constantino Touloupas, médico especialista en Farmacología Clínica, afirmó que “Para hacer del medicamento un bien social hay que quitarle al lobby de las multinacionales la trampa que impuso que deja preso al consumidor a un nombre de fantasía”. El sanitarista Jorge Rachid expresó que “Mercado y salud son antónimos y la medicalización, publicidad y proliferación de patentes amenazan la salud, con las multinacionales como actores principales”. El Dr. José Carlos Escudero, especialista en Salud Pública, haciendo alusión al alto precio de los medicamentos, mostró su preocupación ante el hecho de que “Un tercio del presupuesto en salud se va en medicamentos, un total de 3 puntos del PBI, gracias a una concepción mercantil por sobre una de derechos”.

La diputada Gaillard había comenzado la sesión afirmando que la ley actual tiene muy bajo nivel de aplicación ya que los médicos en su mayoría recetan medicamentos por nombre comercial, y que los mismos son un bien social cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado. Sobre este punto volvió Di Giano al cierre de su participación: instó a defender las actuales guías de patentabilidad (“una política de Estado reconocida como ejemplo a nivel mundial”) que impiden el abuso de las compañías farmacéuticas al sistema de patentes y remarcó que las últimas medidas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) como la Resolución 56/2016 y la firma de un acuerdo ilegal con la Oficina de Patentes de Estados Unidos para agilizar y validar en Argentina patentes otorgadas en Estados Unidos“significan una gran amenaza para la Salud Pública…Nos preocupa que se haya firmado este acuerdo en secreto, salteando al Congreso de la Nación. No ha habido información pública al respecto y lo único que hemos encontrado es en idioma inglés”.

Por último, la Directora Ejecutiva de GEP recomendó a la Comisión de Salud que solicite al INPI informes sobre los términos de ese acuerdo, que implica para el país perder soberanía en materia de examen y otorgamiento de patentes farmacéuticas en detrimento de la salud de la población y que perjudica gravemente a la industria nacional y la fabricación de medicamentos genéricos de calidad y a precios asequibles.