El anuncio a fines de junio de que Irlanda se unirá a la Iniciativa Beneluxa de Política Farmacéutica podría sugerir que se ha renovado el interés en que los gobiernos nacionales tengan mayor influencia en sus negociaciones de precios con las firmas farmacéuticas internacionales.

El 22 de junio, el ministro irlandés de Salud, Simon Harris, firmó un acuerdo con sus homólogos de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Austria, los miembros actuales de esta alianza que se estableció hace tres años con el objetivo explícito de tener más fuerza para responder a los deseos de las empresas farmacéuticas al establecer precios, en particular para los medicamentos innovadores.

No hay ambigüedad en los objetivos primarios de Beneluxa. El ministro de salud holandés Bruno Bruins los reiteró claramente en la ceremonia de firma: “Al unir fuerzas, mejoramos nuestra posición en las negociaciones de precios con la industria farmacéutica y tenemos una voz más fuerte a nivel europeo”, dijo. “De esta manera, podemos asegurar que nuestros pacientes contarán con acceso a medicamentos asequibles e innovadores a largo plazo”. Y la ministra de salud de Bélgica, Maggie De Block, agregó: “Hace cuatro años, cada país operaba por su cuenta. Hoy somos cinco países que unimos fuerzas”. Harris se hizo eco de sus opiniones: esta colaboración ayudará a Irlanda “garantizará que los medicamentos se puedan obtener a un precio asequible y sostenible”.

Beneluxa, o como se llame ahora que Irlanda se unió, surgió de una sensación generalizada de debilidad entre las autoridades sanitarias europeas, cristalizada en 2014 cuando Sovaldi les presentó el epítome de lo que había sido un desafío creciente. El flujo constante de medicamentos innovadores caros para condiciones relativamente raras se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza crónico para los gerentes de presupuestos de salud; pero el dolor de cabeza se agudizó con la aparición repentina de un tratamiento que demostró ser eficaz para una gran población a un precio enorme.

En una situación como de pánico, los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (UE) buscaron instrumentos legales para invocar una respuesta común. Pero, ahorcados por su propia cuerda, no encontraron ninguno, ya que todos los tratados de la UE que habían firmado excluyeron acciones comunes en cuestiones relacionadas con los precios de los medicamentos. En su lugar, recurrieron a acciones voluntarias, uniéndose cuando fuera necesario, ad hoc. Bélgica y los Países Bajos fueron los primeros en crear una estructura formal para tal cooperación, y esta fue la génesis de la coalición de los cinco miembros de hoy. Desde entonces, han surgido empresas análogas. En 2017, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España firmaron la Declaración de La Valeta, una forma similar pero aún más limitada de cooperación. Bulgaria y Rumanía encabezan otro grupo que está tratando de ampliar su cooperación a otros países de los Balcanes.

Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido exiguos, en términos de lograr restricciones a los precios de los medicamentos, y la petición que De Block emitió en la ceremonia de la firma fue más una indicación de debilidad que de fortaleza: “Espero que otros países europeos se unan a nosotros pronto” dijo, “porque mientras más pacientes representemos, más se escuchará nuestra voz cuando hablemos de medicamentos innovadores de alto costo”.

Incluso más reveladora fue la actitud adoptada por la industria farmacéutica, que por una parte les dio la bienvenida y a la vez expresó temor al verse acorralada por las autoridades de salud. Las empresas basadas en la investigación se percatan de que el tipo de discusiones que ocurren dentro de estos grupos cooperativos pueden ir a su favor, elevando el nivel de debate, centrándose en el valor en lugar de solo en el precio, e incluso provocando mejoras en la velocidad o la eficiencia de los procedimientos de reembolso en algunos países. Cuando Irlanda se inscribió en Beneluxa, la Irish Pharmaceutical Healthcare Association inmediatamente vio el movimiento como una posible palanca para facilitar lo que representaba el atasco en la actividad reguladora irlandesa.

Al criticar el “proceso de aprobación de medicamentos como lento e ineficiente para los pacientes irlandeses”, IPHA afirmó que “Irlanda está rezagada en los países del grupo BeNeLuxA en el acceso a medicamentos innovadores”. Irlanda es la más lenta en Europa occidental en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos nuevos, dijo Oliver O’Connor, Director Ejecutivo de IPHA, y necesita recuperar el terreno perdido.

“La industria y el gobierno comparten el objetivo de brindar un mejor acceso a medicamentos innovadores para los pacientes irlandeses. Vale la pena sopesar cualquier movimiento, incluyendo BeNeLuxA, que pueda ayudar a lograr mejoras sostenidas en la disponibilidad de los medicamentos nuevos para los pacientes de Irlanda”, dijo.

Quizás esta construcción lenta y difusa de coaliciones en toda Europa no se deba ver tanto como una lucha entre gobiernos y la industria farmacéutica, sino como un camino mal definido que podría desembocar en un mejor entendimiento entre todos los protagonistas a medida que aumenta la calidad de las discusiones. Como señala Beneluxa, su cooperación no se limita a las negociaciones conjuntas de precios. También funciona en el escaneo de horizontes, en evaluaciones conjuntas de tecnología de salud y en el intercambio de datos y la definición de políticas. Lo más probable es que las autoridades sanitarias mejor informadas estén mejor equipadas para enfrentar a las empresas farmacéuticas. Del mismo modo, las empresas farmacéuticas estarán obligadas a presentar justificaciones más convincentes para sus ambiciosos precios, pero al menos podrán esperar una respuesta más sofisticada de las autoridades. En última instancia, ambas partes podrían ganar, y los verdaderos ganadores podrían ser los pacientes.