Cuando en 1923 Frederick Banting, Charles Best y James Collip solicitaron una patente estadounidense para la insulina y la vendieron a la Universidad de Toronto por un dólar para cada uno, lo hicieron porque, como Best dijo una vez, “la insulina pertenece al mundo”.

También creían que obtener la patente era una forma de publicar, y escribieron al presidente de la universidad: “Cuando se publiquen los detalles del método de preparación, cualquiera tendrá la posibilidad de producirla, pero nadie podrá establecer un monopolio para lucrar”.

Lamentablemente, se equivocaron.

Hoy, tres compañías, Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi Aventis, controlan prácticamente todo el mercado mundial de insulina. Este oligopolio, que puede haber coludido para fijar los precios de la insulina, cobra cantidades exorbitantes por un medicamento sin el cual las personas con diabetes tipo 1 no pueden vivir. Desde la década de 1990, han aumentado el precio de la insulina en más del 1.200%.

En los últimos años, hemos sido testigos de muertes trágicas y prevenibles de personas de unos 20 años que no podían pagar los copagos para acceder a la insulina, aun cuando tenían seguro. Las complicaciones relacionadas con la diabetes, como las amputaciones, están aumentando nuevamente después de décadas de declive, y muchas personas que dependen de la insulina para sobrevivir están sacrificando su renta, sus automóviles y su dignidad.

Es una evolución desmesurada para un medicamento desarrollado hace casi un siglo en un laboratorio público, para beneficio del público. ¿Cómo se llegó a esto?

La industria farmacéutica privada tiene todos los incentivos para abusar del sistema de patentes, extraer las ganancias máximas y retrasar los más posible la salida al mercado de los medicamentos de la competencia. Tienen el mayor lobby que hay en Washington D. C. y una puerta giratoria bien engrasada para los reguladores [se refiere a los muchos que dejan sus cargos en el sector publico para trabajar en la industria farmacéutica y viceversa]. Las grandes compañías farmacéuticas han evadido hábilmente los intentos de controlar sus excesos. Así es como Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi Aventis han logrado mantener, durante años, su dominio sobre las insulinas y cobrar precios cada vez más altos.

Además de tener efectos potencialmente catastróficos en la vida de los pacientes, las estrategias de maximización de ganancias que son responsables de estos precios deslumbrantes también resultan en prácticas diferenciales de precios [diferentes precios para diferentes personas], que terminan siendo discriminatorios, generan tensión financiera innecesaria en el sistema de atención médica de los EE UU y contribuyen al incremento del poder que tienen las grandes corporaciones sobre nuestra democracia. Pero como uno de nosotros (D.B.) argumenta en un informe publicado el martes, si actuamos ahora para instituir una opción pública para los productos farmacéuticos, podríamos asegurarnos de que esta terrible historia nunca se repita.

Por opción pública nos referimos a la creación o expansión de instituciones de propiedad pública a lo largo de toda la cadena de los medicamentos: desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación, la venta al por mayor y su distribución, para así garantizar un suministro seguro, consistente y accesible a los medicamentos esenciales.

Es muy necesario porque la industria farmacéutica privada nos está fallando en varios frentes. Opera en base a un modelo extractivo que contribuye a la desigualdad y produce cada vez mayor escasez de medicamentos, ineficiencia, innovación rezagada, información errónea y uso indebido de medicamentos y, lo más famoso, los precios de medicamentos más altos del mundo.

Las medicinas esenciales como la insulina, los antibióticos, las medicinas antialérgicas y otras podrían y deberían ser desarrolladas y vendidas por instituciones públicas de interés público. Varios otros países, incluidos Suecia, Brasil, Tailandia y Cuba, tienen compañías farmacéuticas exitosas de propiedad pública que abarcan todos los eslabones de la cadena de suministro. Ya es hora de que EE UU se una a sus filas. Además, los estadounidenses de todas las orientaciones políticas ya apoyan la producción pública de medicamentos esenciales.

Los incentivos para una empresa pública serían radicalmente diferentes de los de una industria farmacéutica privada. Sin la necesidad de satisfacer a los accionistas que esperan dividendos trimestrales altos, las compañías farmacéuticas públicas se diseñarían para garantizar que lo prioritario es responder a las necesidades de salud pública.

De hecho, el público ya financia, a través de los Institutos Nacionales de Salud y otras entidades públicas, la mayoría de la investigación básica que conduce al desarrollo de los medicamentos nuevos en EE UU. Dirigir esos fondos a instituciones públicas específicamente diseñadas para desarrollar nuevos medicamentos esenciales que respondan a las necesidades prioritarias sería más eficiente y efectivo para conseguir la verdadera innovación, en lugar de un exceso de medicamentos que utilizan los mismos mecanismos de accion que otros existentes, los conocidos como “yo también” o me too en inglés.

Un instituto público de investigación y desarrollo farmacéutico podría patentar sus inventos y mantenerlos en un conjunto de patentes de interés público para estimular el avance científico y proteger esos avances científicos de especuladores, asegurando así un acceso asequible a los medicamentos innovadores a largo plazo. El sector farmacéutico privado podría competir con este sector público en el desarrollo y la producción de medicamentos esenciales, o podría optar por centrarse en medicamentos de estilo de vida.

Las empresas públicas ya sean estatales, locales o regionales podrían fabricar los medicamentos que el instituto nacional desarrolle y también producir genéricos de bajo costo. Después, estos fabricantes trabajarían con distribuidores mayoristas de propiedad pública para garantizar que los medicamentos estén disponibles en hospitales y farmacias minoristas en todo el país a un bajo precio. Incluso podría aprovechar las instituciones públicas existentes como el Servicio Postal de EE UU y la Administración de Salud de Veteranos, que tienen una experiencia importante en la distribución farmacéutica, para garantizar que los medicamentos rentables se entreguen directamente a los pacientes y las clínicas en cada comunidad.