Uso de la Corona (Crown use) de patentes y diseños
El ‘Uso de la Corona” [también se podría traducir por ‘uso del Reino o del gobierno en los países del Commonwealth’ para romper patentes] establece las circunstancias en las que el gobierno federal, los gobiernos estatales y territoriales de Australia pueden acceder y utilizar tecnología patentada y diseños registrados sin la autorización previa del solicitante de la patente, el titular de la patente o, en el caso de diseños registrados, el propietario registrado.

En respuesta a las observaciones de la Comisión de Productividad de que las disposiciones actuales sobre el Uso de la Corona no eran claras y no proporcionaban suficiente transparencia y responsabilidad, el proyecto de ley amplía el Uso de la Corona para que pueda ser invocado para la prestación de servicios que cualquier gobierno del estado o territorio de la Commonwealth tenga la obligación principal de proporcionar o financiar.

Para determinar la “responsabilidad principal” se debe incluir a todos los proveedores de servicios similares a los proporcionados o financiados por un gobierno, incluyendo los proveedores no gubernamentales.

El memorando explicativo presenta el ejemplo de las pruebas genéticas de diagnóstico, que invariablemente llevan a cabo empresas privadas, pero el que sean responsabilidad del gobierno y que financie la gran mayoría de las pruebas genéticas significa que cumple con la prueba de “responsabilidad primaria”.

Las enmiendas del proyecto de ley:
Aclara que para que la invocación de Uso de la Corona sea válida, el gobierno debe haber intentado negociar con el titular de la patente “por un período razonable” para obtener la autorización para utilizar la invención (por ejemplo, bajo una licencia), y contar con la aprobación del ministro correspondiente;

Requiere notificación previa al solicitante de la patente o al titular de la patente, que se debe entregar al menos 14 días antes de que comience el uso (excepto en circunstancias de emergencia);

La única circunstancia que no requiere negociación es en caso de emergencia. Una emergencia podría incluir una crisis de salud pública, como plaga o epidemia, o pandemia. También podría incluir guerra, situaciones de seguridad nacional, amenazas percibidas a la ley y el orden, desastres naturales y otras situaciones de urgencia;

Cambia la disposición de remuneración para que ahora el Tribunal sea el que determine el monto de una remuneración “justa y razonable, teniendo en cuenta el valor económico de la explotación de la invención y cualquier otro asunto que el tribunal considere relevante”, en lugar de simplemente tener en cuenta cualquier compensación recibida.

Licencias obligatorias
Una licencia obligatoria es una orden que emite el Tribunal para que un titular de patente otorgue una licencia a otra entidad para explotar un invento. En su investigación, la Comisión de Productividad descubrió que las disposiciones vigentes sobre licencias obligatorias no eran claras y sugirió una reforma para mejorar la certidumbre y la claridad de la legislación.

Las enmiendas al proyecto de ley implementan un marco más estricto y seguro para las licencias obligatorias y requiere que el Tribunal solo ordene una licencia obligatoria cuando: en Australia hay una demanda insatisfecha de un invento patentado; el titular de la patente no ha explotado la patente y no da razones para ello; y el solicitante ha intentado, sin éxito, durante un período razonable obtener una licencia en términos y condiciones razonables.

Además de estos factores, el Tribunal debe estar convencido de que la concesión de la licencia responde al “interés público”. Esto reemplaza la prueba existente de “requisitos públicos razonables” y debería complacer a los propietarios de patentes, ya que es probable que sea comparable a los requisitos de interés público en otras partes de la ley.

Las enmiendas requieren que el Tribunal considere tres factores en su evaluación de si una licencia obligatoria es de “interés público”: los beneficios para el público al satisfacer la demanda no satisfecha de un invento patentado original; los costos y beneficios comerciales para el titular de la patente y el solicitante; y cualquier otro asunto que el Tribunal considere relevante, incluyendo los relacionados con una mayor competencia y cualquier impacto en la innovación.

De manera similar a las enmiendas para determinar la remuneración por el Uso de la Corona, el proyecto de ley ha modificado el método por el cual se debe determinar la remuneración por las licencias obligatorias (por acuerdo o determinación del Tribunal) y ha ampliado los factores que el Tribunal debe tener en cuenta para incluir: “el derecho del titular de la patente a obtener un retorno de la inversión acorde con los riesgos regulatorios y comerciales involucrados en el desarrollo del invento”; y “el interés público en la explotación eficiente del invento”.