Remicade, un producto de grandes ventas de Johnson & Johnson (J&J), ha mantenido la mayor parte de sus ventas a pesar de la competencia biosimilar, en parte gracias a algunos contratos de pago agresivos que sus rivales, incluido Pfizer, han cuestionado. Ahora, la Comisión Federal del comercio (FTC) tiene algunas preguntas.

El mes pasado, la Comisión Federal de Comercio emitió una demanda civil contra J&J para investigar si su estrategia para defenderse de los biosimilares viola las leyes antimonopolio federales, dijo la compañía en una presentación de segundo trimestre ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores (SEC).

La investigación de la agencia surge tras años de competencia biosimilar que hasta hace poco aportaron muy pocos beneficios a los competidores. J&J no ha tenido reparo en promocionar el éxito de su marca frente a sus rivales. Inicialmente, el medicamento fue perdiendo ventas mucho más lentamente de lo que muchos observadores del mercado habían esperado, y los ejecutivos de la compañía atribuyeron su desempeño a la contratación inteligente.

J&J usó contratos para combatir el ataque de los imitadores, primero de Pfizer en 2016 y luego de Merck al año siguiente. Antes de que los biosimilares salieran al mercado, el entonces presidente farmacéutico de la compañía, Joaquín Duato, dijo que J&J planeaba desarrollar “contratos innovadores” destinados a “utilizar toda la amplitud” de su cartera.

En julio de 2017, el analista de Bernstein, Ronny Gal, escribió una nota a los clientes detallando el triple enfoque de la compañía. J&J estableció contratos exclusivos para casi la mitad de sus clientes, aprovechando su gran control del mercado y los reembolsos que paga, no solo por Remicade, sino también por los otros medicamentos en su cartera.

J&J combinó ofertas de medicamentos y dispositivos para los hospitales, desincentivando su uso de biosimilares, escribió Gal. Y el fabricante de medicamentos ofreció mayores descuentos a los grandes centros de infusión independientes, que tienen presupuestos más ajustados, para mantener su negocio.

Pfizer tuvo un rudo despertar cuando lanzó su biosimilar, Inflectra, y no logró generar muchas ventas. En septiembre de 2017, Pfizer demandó a J&J por contratos “anticompetitivos”.

La compañía argumentó que los contratos de J&J con los pagadores exigían eliminar o “reducir drásticamente” el uso de biosimilares de Remicade. Según la demanda, J&J utilizó reembolsos para la enorme base de pacientes que utilizan Remicade como incentivo para mantener a los pagadores suministrando la marca.

J&J respondió diciendo que Pfizer no ofrecía suficiente valor para ganar negocios. La compañía defendió sus contratos diciendo que “la competencia está logrando lo que la competencia debe hacer: generar mayores descuentos que provocarán que los costos generales [del medicamento] sean más bajos”. J&J argumentó que Pfizer está “pidiendo a la corte que lo proteja de la competencia”.

Pero incluso mientras J&J utilizaba los reembolsos como estrategia en la lucha contra los biosimilares de Remicade, la industria farmacéutica, en gran medida, ha apoyado un impulso de la administración Trump para eliminar los reembolsos de los medicamentos. El año pasado, J&J pagó US$21.000 millones en reembolsos y descuentos, dijo en un “informe anual de transparencia”.

Pfizer argumentó que la estrategia “casi provocó la interrupción de la producción de Inflectra, que tenía pacientes en todo el país”. Las cifras de ventas respaldan el argumento: Inflectra de Pfizer generó US$74 millones en EE UU durante el segundo trimestre de 2019, en comparación con los US$801 millones de Remicade. Merck no desglosó las ventas de Renflexis para el período.

Junto a otros críticos, Pfizer argumentó que la estrategia no estaba permitiendo que los sistemas de salud de EE UU se beneficiarán plenamente del lanzamiento de biosimilares.