La aceleración de la investigación clínica para contar con un portafolio de vacunas contra Covid-19 a finales del 2020, o inicios de 2021, implica riesgos sobre la efectividad y la seguridad que tendrán que ser evaluados por las Agencias Sanitarias del planeta. La independencia, autonomía y rigurosidad de estos organismos en la evaluación serán determinantes para la credibilidad de las iniciativas.
Si estos riesgos y desafíos son superados, las decisiones de los gobiernos se concentrarán en destinar el presupuesto suficiente para garantizar el acceso. Y esto depende en gran medida de las metas de inmunización que se establezcan y de los precios de las vacunas que sean aprobadas.
DIME estimó el presupuesto para 9 países de la región de Latinoamérica si las metas de inmunización solo incluyeran a la población mayor de 65 años y los profesionales de la salud y si se pagaran los precios declarados por Moderna o Pfizer. En este escenario Costa Rica, Ecuador y México tendrían que destinar 5 veces el gasto anual de todo el plan de inmunización. Sin duda vacunas a estos precios serían inasequibles para los sistemas de salud de la región.
Dadas las limitaciones en el acceso a la información y a la ausencia de transparencia en las estrategias de negociación globales y locales, las estimaciones realizadas no proporcionan un panorama claro sobre el potencial gasto adicional en los presupuestos de salud de los países de la región-. Sin embargo sí encienden alarmas que la comunidad global podría ayudar a gestionar emitiendo lineamientos racionales respecto de dos aspectos fundamentales: i) las metas de inmunización y la mejor forma de estimarlas, tomando en cuenta la mejor y más reciente evidencia disponible; ii) la estimación de los costos producción de las vacunas para que los países puedan negociar precios justos.
Para ver más información sobre las aprobaciones para uso en emergencias y por la via acelerada ir al enlace que aparece en el encabezado.