Industria y Mercado

La crisis provocada por la pandemia del covid-19 ha replanteado la pregunta sobre por qué nosotros, los colombianos, no estamos en la capacidad de producir vacunas.

Recientemente, el diario ‘El Espectador’ publicó un amplio reportaje con el título ‘Colombia fabricó y exportó vacunas, ¿podrá volver a hacerlo?’. El reportaje le cuenta al público en qué circunstancias y tiempos el Instituto Nacional de Salud (INS) dejó de producir vacunas.

Se basa en algunos testimonios personales y en un libro sobre la historia del INS publicado en el 2018. Infortunadamente, ese libro tomó apenas una parte de la historia. Muchas personas ilustres y varias empresas científicas notables quedaron borradas.

Otro libro, editado veinte años antes, en el aniversario ochenta del INS, cubrió más áreas y más eventos.

Me pareció que si bien es interesante conocer la visión de quienes cerraron la producción, es conveniente también conocer las razones de quienes, antes de eso, nos negamos a cerrarla.

El reportaje de ‘El Espectador’ ofrece datos de 1979, bastante viejos teniendo en cuenta que la producción se cerró veinte años después. Mencionó, entre otras, más de tres millones de dosis de “vacuna antimalárica”. El autor debió haberse confundido con la antiamarílica (contra la fiebre amarilla), la antimalárica no se ha producido hasta ahora ni en Colombia ni en ninguna otra parte.

En 1998, en mi última rendición de cuentas, el INS reportó para los dos años anteriores la producción de dos millones y medio de dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, 140.000 de antirrábica humana, seis millones y medio de BCG (contra la tuberculosis), casi seis millones de vacuna triple DPT (difteria, pertussis, tétanos), 11 millones de toxoide tetánico, 30.000 dosis de suero antiofídico y 5.000 de suero antirrábico, además de otros productos como sales de rehidratación oral y medios de cultivo. Una actividad industrial intensa que en buena parte satisfacía las necesidades del plan ampliado de inmunización.

Ya entonces había presión para cerrar la producción, y con los mismos argumentos que señala el reportaje. Uno era el cambio en las normas, las llamadas ‘buenas prácticas’ de manufactura, que exigían reestructuraciones físicas y metodológicas que el instituto no había implantado. El país las había adoptado desde 1995 y era imperativo cumplirlas.

La lección es que tenemos grandes limitaciones en nuestra visión de largo término. El tema de seguridad nacional lo entendemos solo en su acepción militar, y no siempre

Otro factor era el rápido cambio tecnológico y la aparición de nuevas vacunas (incluso para las mismas viejas enfermedades). Mantenerse al ritmo del cambio exigía una fuerte inversión en esfuerzos humanos y en recursos financieros. Con esas razones se dio una verdadera campaña de los organismos internacionales de salud para que se modernizaran o se cerraran las plantas locales que funcionaban en Latinoamérica.

El argumento de las nuevas normas se presentó como si fuera puramente técnico, pero en verdad el asunto era más complejo que eso.

Las vacunas que usábamos funcionaban muy bien. De hecho, hacía unos años el instituto había cerrado su planta de vacuna contra la viruela, porque estaba totalmente erradicada (gracias a la producción nacional). Es la única enfermedad que se ha erradicado en el planeta y la vacuna se fabricó con una tecnología que jamás hubiera logrado obtener una certificación de buenas prácticas de manufactura.

El problema de calidad no era parecido al que vemos hoy con el desarrollo de la vacuna contra el covid-19, que debe demostrar inocuidad y eficacia. Eso se había demostrado con ellas hacía tiempo.

Eran vacunas de dominio público, es decir que no estaban cubiertas por patentes, y su costo de producción estaba alrededor de los cinco centavos de dólar, mientras que las nuevas, algunas con uno o dos componentes adicionales, tenían un precio de mercado al menos cien veces mayor.

Para compensar esas diferencias se creó un fondo en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que las subvencionaba sustancialmente. Pero uno no podía dejar de preguntarse cuánto tiempo aguantaría el subsidio después de que dejáramos de producir y de que ya no fuéramos una competencia en el mercado.

La ministra de Salud de entonces, María Teresa Forero de Saade, y la jefa del Departamento Nacional de Planeación, Cecilia López (desde un cargo un poco más lejano pero crucial), apoyaron la posición del instituto en ese momento, que era la de mantener la producción nacional de esos biológicos y tomar medidas para cerrar la brecha tecnológica en un tiempo razonable.

Lo planteamos como un asunto de seguridad nacional. Reconozco que ese argumento puede no ser muy bueno en tiempos de estrechez económica (que en Colombia han sido todos los que yo recuerdo). Pero no era nuestro único argumento; planteábamos que en el futuro resultaría conveniente económicamente para la Nación desarrollar esas capacidades de producción. Si se cerraba, empezar de cero sería extraordinariamente difícil, pero si no cerrábamos, y con compromiso estatal, podríamos desarrollar estrategias para recuperar los años en los que no avanzamos al ritmo del resto del mundo.

Además (y lo vemos trágicamente hoy) decíamos que podría darse, en algún momento, una situación internacional en la que el acceso a vacunas producidas en otras partes se dificultara por razones políticas o económicas.

Con recursos muy limitados, el Instituto Nacional de Salud había emprendido tareas para enfrentar algunos de los problemas. Las buenas prácticas requerían remodelaciones costosas y compra de equipos, además de reformas en los procedimientos.

En la línea de sueros antiofídicos se logró avanzar con la remodelación de la infraestructura para cumplir con las normas y se trabajaba en el desarrollo de un proceso de liofilización (secado en frío y al vacío) para mejorar la estabilidad y facilitar la distribución del producto.

En fiebre amarilla se remodeló el área de producción y se sometió a revisión internacional de la OPS para lograr una licencia de venta en otros países de la región (que, por cierto, ya se había dado, sin licencia, en múltiples emergencias). La misión nos dejó una sola observación pendiente para la aprobación, que fue la estabilización de la vacuna, que disminuía su potencia días después de haber sido reconstituida.

Se estableció un convenio con el Instituto Oswaldo Cruz, una organización hermana del Brasil con la cual teníamos excelentes relaciones. El costo de la transferencia era prácticamente simbólico e incluía también la cesión de semillas certificadas, que asegurarían la producción hasta que nosotros pudiéramos producirlas independientemente.

El problema de las otras vacunas, las que se suministraban al plan ampliado de inmunización, era más difícil. No solo se debía transformar totalmente la estructura de producción, sino que debía ser necesario ampliar a otras vacunas virales que no se producían (como polio, sarampión, hepatitis B, etc.) y también movernos de las que hacíamos, que eran las de dominio público, a algunas más modernas.

Ante el costo, que teníamos claro no sería asumido por el Estado, iniciamos conversaciones con un laboratorio italiano que se mostró interesado en establecer una empresa conjunta (joint venture) con el Gobierno colombiano. Para ellos podría ser una puerta de entrada al mercado andino (también para nosotros, por supuesto) y nos permitiría tener una empresa comercial e industrial del Estado, moderna, con una baja inversión, y con acceso a las patentes de las vacunas usadas en el momento.

La transición entre gobiernos en Colombia suele ser áspera, pero pocas lo han sido tanto como la de 1998 entre el gobierno Samper y el gobierno Pastrana. El presidente electo nombró muy tempranamente, bastante antes de su posesión, a su ministro de Hacienda, quien pidió congelar todos los programas de inversión. El gobierno Samper, tal vez por fair play o por cansancio físico, lo hizo. Yo era miembro entonces del consejo del programa nacional de ciencias básicas y recuerdo que se suspendió hasta la adjudicación, en curso, de proyectos de investigación.

La nueva administración del INS no continuó con el convenio con el Instituto Oswaldo Cruz para la estabilización de la vacuna de fiebre amarilla. Se argumentó que se podría hacer en casa. Sin duda era verdad, pero requería mucho esfuerzo científico y tiempo. El hecho es que se vencieron los términos y nunca se logró obtener la licencia.

Las conversaciones con la empresa italiana también se suspendieron. Yo era aún más ingenuo de lo que soy hoy, y no entendí lo contraproducentes que pueden ser las recomendaciones de un ‘ex’.

Sé que el INS le hizo una propuesta al gobierno Pastrana para construir una nueva planta de producción, pero otra vez la estrechez económica fue la que definió. El problema con nuestra política es que el futuro no le pasa cuentas a nadie, mientras que el presente sí presiona.

Fue una verdadera lástima. Por esos años se cerraron casi todos los centros de producción de vacuna en América Latina. Quedaron los de las tres potencias: Brasil, Argentina y México, y el de Cuba, que es un caso diferente.

La lección es que tenemos grandes limitaciones en nuestra visión de largo término. El tema de seguridad nacional lo entendemos solo en su acepción militar, y no siempre.