Conducta de la Industria y de otras Entidades

Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, acordó declararse culpable de tres cargos penales federales por su papel en la génesis de la crisis de opioides en la nación, pagará más de US$8.000 millones y cerrará la empresa.

El dinero se destinará a programas de tratamiento y reducción del uso de opioides. La compañía privada acordó pagar una multa de US$3.500 millones y perder US$2.000 millones adicionales en ganancias previas, además de los US$2.800 millones que acordó pagar por concepto de responsabilidad civil.

«Purdue Pharma hizo todo lo posible para impedir que el esfuerzo del gobierno tuviera éxito y se cumpliera la ley y prevenir la desviación de estos productos», dijo el administrador asistente de la FDA, Tim McDermott. «El devastador efecto dominó de las acciones de Purdue dejó muertes y adictos».

La compañía no tiene US$8.000 millones en efectivo disponibles para pagar las multas. De modo que, como parte del acuerdo, Purdue se disolverá y sus activos se utilizarán para crear una nueva «empresa de beneficio público» controlada por un fideicomiso o entidad similar diseñada para beneficiar al público estadounidense. El Departamento de Justicia dijo que funcionará completamente a favor del interés público y no para maximizar las ganancias. Sus futuras ganancias se destinarán al pago de las multas y sanciones, que a su vez se utilizarán para combatir la crisis de opioides.

Esa nueva empresa seguirá produciendo analgésicos como OxyContin, así como medicamentos para tratar la sobredosis de opioides. El vicesecretario de Justicia Jeffrey Rosen anunció el acuerdo y defendió el plan de la nueva compañía de seguir vendiendo ese medicamento, diciendo que existen usos legítimos para analgésicos como OxyContin.

El plan es que la compañía ponga a disposición de las comunidades que enfrentan la crisis de opioides medicamentos de rescate que pueden salvar vidas en casos de sobredosis, y medicamentos y asistencia médica con grandes descuentos para las comunidades afectadas.

El Departamento de Justicia también llegó, por separado, a un acuerdo civil de US$225 millones con los antiguos propietarios de Purdue Pharma, la familia Sackler. Aun así, la familia Sackler, así como otros empleados y los propietarios actuales y anteriores de la empresa, enfrentan la posibilidad de que se presenten cargos penales federales contra ellos.

«Purdue lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por la mala conducta detallada por el Departamento de Justicia», dijo el presidente de Purdue, Steve Miller, quien se unió a la junta de Purdue en julio de 2018. «Purdue hoy es una compañía muy diferente. Hemos realizado cambios significativos en nuestro liderazgo, operaciones, gobernanza y supervisión».

Contribuyendo a la crisis de los opioides
La compañía, que se declaró en bancarrota en 2019, admitió haber violado las leyes federales antisoborno, ya que pagaba a los médicos para que escribieran más recetas de opioides.

El abuso de los analgésicos de venta con receta es una de las principales causas de la crisis de opioides por la que atraviesa el país. Según los Centros para el Control de Enfermedades, en 10 años, desde 1999, en EE UU han muerto 450.000 personas por sobredosis de cualquier opioide, incluyendo los opioides ilícitos y los de venta con receta. El 2018, aproximadamente un tercio de esas muertes las causaron opioides de venta con receta.

Los US$8.000 millones en multas y sanciones es la cantidad más grande que jamás haya tenido que pagar una compañía farmacéutica, pero es solo una fracción de lo que ha costado combatir la crisis de opioides a los gobiernos federal, estatales y locales. En el caso de la quiebra de Purdue Pharma, los estados de todo el país han reclamado compensaciones que superan los US$2 billones.

Los estados se oponen al acuerdo
Por eso, algunos estados se oponen al acuerdo. La semana pasada, veinticinco fiscales generales estatales escribieron al fiscal general estadounidense William Barr en contra del plan de crear una empresa controlada por el gobierno a partir de los activos de Purdue Pharma, argumentando que el gobierno no debería estar en involucrado en la venta de OxyContin.

La carta decía que al menos un posible comprador potencial, que no identificaron, había expresado interés en comprar Purdue Pharma.

“El público debe estar seguro de que los funcionarios públicos evitan tener vínculos especiales con una empresa de opioides, los conflictos de interés, o las relaciones conflictivas con una industria que causó una crisis nacional”, decía la carta. “Vender el negocio a un propietario privado” podría generar más dinero de inmediato que los municipios y los estados podrían utilizar para reducir la epidemia de opioides”.

Varios fiscales generales estatales que habían firmado esa carta se apresuraron a criticar el acuerdo.

“Este acuerdo es un mero espejismo de justicia para las víctimas de la cruel mala conducta de Purdue”, dijo el fiscal general de Connecticut, William Tong. “El gobierno federal tenía poder para meter a los Sackler en la cárcel, y no lo hizo. En cambio, impusieron multas y sanciones que Purdue probablemente nunca acabará de pagar totalmente”.

Es probable que los estados continúen solicitando dinero a la empresa, como parte de su proceso de quiebra. Para que el acuerdo entre en vigor se necesita la aprobación del tribunal de quiebras.

“Cada dólar que se paga por este acuerdo es un dólar menos para estados como Connecticut, que intentan maximizar los pagos de Purdue y los Sackler para reducir la epidemia de opioides”, dijo Tong. “Mantener la capacidad de Purdue de seguir vendiendo opioides a través de una corporación para beneficio público es simplemente inaceptable. El que se llegara a este acuerdo apenas unas semanas antes de las elecciones, plantea serias dudas sobre si los jefes del Ministerio de Justicia estaba negociando pensando en los intereses de los ciudadanos”.

Los miembros de la familia Sackler retiraron más de US$10.000 millones de Purdue Pharma y pusieron el dinero en fideicomisos familiares, mientras la compañía enfrentaba desafíos legales relacionados con su papel en la epidemia de opioides, según documentos judiciales.

Pero un portavoz de la familia Sackler defendió esos retiros, sus acciones en Purdue Pharma y su acuerdo con el DOJ.

“Los miembros de la familia Sackler que formaron parte de la junta directiva de Purdue actuaron de manera ética y legal, y la próxima publicación de los documentos de la compañía demostrará ese hecho detalladamente”, decía la familia. “Esta historia de Purdue también demostrará que todas las distribuciones financieras fueron correctas”.

El comunicado decía que el valor de la inversión de la familia en Purdue Pharma se había valorado entre US$10.000 millones y US$12.000 millones, y la pérdida anunciada era muy superior que las ganancias que obtuvieron de la compañía desde la introducción de OxyContin. Y señalaron que, a pesar de las objeciones al acuerdo, muchos gobiernos estatales y municipales apoyan el plan.

“Sentimos una profunda compasión por las personas que sufren por adicción y abuso de opioides, y esperamos que la propuesta se implemente lo más rápidamente posible para ayudar a abordar esta necesidad tan necesaria”.