Surie Moon et al [1] escriben en el New England Journal of Medicine que, para evitar futuras injusticias en tiempo de pandemia, se debería utilizar la siguiente estrategia:
- Los gobiernos deberían comprometerse legalmente a aumentar la inversión pública a largo plazo, tanto en investigación como en desarrollo tecnológico, y deberían condicionar esas inversiones a salvaguardas de interés público global, como la transparencia de los contratos y el intercambio abierto de datos, conocimientos técnicos y propiedad intelectual. Covid-19 ha demostrado que se han requerido décadas de investigación básica exitosa, financiada con fondos públicos (US$17.200 millones entre 2000 y 2019 por tres de los Institutos Nacionales de Salud de EE UU) para tener la base científica que ha permitido desarrollar las vacunas.
- Esta pandemia también ilustró la importancia de las grandes inversiones públicas en el desarrollo rápido de los productos. A partir de principios de 2020, decenas de gobiernos (a través de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias, o CEPI) invirtieron aproximadamente US$5.600 millones en la financiación inicial de la investigación y el desarrollo (I + D) de vacunas en universidades y en el sector privado.
- Los gobiernos también pueden reducir el riesgo financiero de los productores de vacunas comprometiéndose a comprar los productos, incluso antes de que las vacunas obtengan la aprobación regulatoria. En esta pandemia, los gobiernos hicieron compras anticipadas de vacunas por un monto superior a los US$45.000 millones. Cuando se trata de patógenes con potencial pandémico se requiere financiación pública a gran escala, ya que durante las primeras etapas es muy difícil establecer los beneficios que los diferentes productos aportarán al mercado, y dudar sobre la necesidad de hacer las inversiones podría tener consecuencias fatales.
- Hay que renegociar el contrato de la sociedad con la industria farmacéutica para combatir las pandemias: si los contribuyentes son responsables de la mayor parte de los riesgos y costos, las empresas privadas deberían fijar el precio de los productos resultantes a niveles asequibles y compartir abiertamente los datos, la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios de todos los productos para los que han recibido subsidios. El intercambio abierto de conocimientos acelera la innovación (los científicos pueden construir sobre la investigación de los demás), ayuda a los fabricantes a satisfacer la demanda global y permite a los reguladores evaluar los productos con mayor rapidez. Todos estos factores son críticos en situaciones de emergencia. Tener un control adecuado del conocimiento es esencial para que haya un intercambio abierto y rápido, sobre todo cuando las empresas tienen tanto interés comercial en ocultar el conocimiento a los competidores.
- Además de la financiación, es importante establecer normas vinculantes a nivel internacional para garantizar el intercambio rápido de muestras de patógenos, y de otra información relacionada. El intercambio de datos de secuenciación genómica sobre el SARS-CoV-2 por científicos en China en enero de 2020 impulsó el desarrollo de las pruebas diagnósticas y de las vacunas en todo el mundo. El intercambio internacional de estos datos ha sido esencial para rastrear las variantes emergentes. Hay que lograr que también haya un intercambio oportuno de muestras físicas de patógenos, que hasta ahora ha ido a la zaga del flujo de datos de secuenciación. Un acuerdo internacional podría exigir el intercambio rápido y abierto de muestras y datos, a cambio de garantizar el acceso de los investigadores y de los países a los beneficios (por ejemplo, resultados de investigación, crédito científico, oportunidades de capacitación). El plan de preparación para la pandemia de influenza de 2011 que desarrolló la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un quid pro quo: todos los países acordaron compartir muestras de influenza con una red de laboratorios de la OMS a cambio de tener garantizado el acceso a algunas vacunas y otras tecnologías que las empresas llegaran a desarrollar. Este acuerdo político es una base sobre la cual se pueden establecer normas más sólidas que cubran todos los patógenos y todos los datos.
Si hubiera compromisos legalmente vinculantes para la financiación pública de la I + D de vacunas, no haría falta ofrecer monopolios para estimular la innovación. Los gobiernos podrían maximizar su financiamiento canalizando los fondos a través de vehículos regionales o globales como CEPI, que tiene el mandato de asegurar el acceso global a las vacunas que ha contribuido a desarrollar. Al comienzo de la pandemia, los gobiernos, de forma unilateral, invirtieron principalmente en las empresas de sus propios países. Esto aumenta el riesgo de sus inversiones y no garantiza ni acceso equitativo ni el suministro global adecuado.
En cambio, CEPI desarrolló una cartera geográficamente diversa de candidatas a vacunas, distribuyendo tanto el riesgo científico como el de su fabricación. Algunas empresas que recibieron subvenciones a gran escala de CEPI (AstraZeneca y Novavax) asumieron compromisos más firmes de suministro a los países en desarrollo, fijación de precios asequibles para sus vacunas y transferencia de tecnología, que las otras empresas (Moderna y Pfizer).
CEPI recibió financiamiento de 17 gobiernos, la Unión Europea, fundaciones y empresas, y figuraba entre los tres financiadores públicos más grandes del mundo. CEPI contribuyó US$1.400 millones a la I+D y a la fabricación; EE UU US$2.300 millones y Alemania US$1.500 millones. Hay que hacer una evaluación seria de CEPI para dilucidar los factores que facilitaron e impidieron el acceso global en esta pandemia, y para extraer recomendaciones para el futuro.
Sin embargo, en un contexto de competencia geopolítica, no todos los gobiernos podrían estar dispuestos a cooperar estrechamente en las vacunas pandémicas. EE UU, Europa, Rusia y China desarrollaron rápidamente vacunas covid-19 que ahora se han usado a nivel mundial. Una red de fondos regionales que invirtiera en plantas de manufactura ubicadas alrededor del mundo y que se comprometería a coordinar y adoptar reglas vinculantes para la transparencia, la fijación de precios y el intercambio de datos y tecnología podría servir de complemento a una entidad global como CEPI. El desarrollo exitoso de vacunas en cualquier lugar geográfico podría mejorar el acceso global a las vacunas.
En 2013, los gobiernos rechazaron la oportunidad de promover un tratado de la OMS que establecía un fondo público internacional para la investigación y el desarrollo de medicamentos y normas para que la tecnología resultante fuera de acceso abierto. No hay que perder la oportunidad de elaborar leyes internacionales capaces de lograr que las futuras vacunas pandémicas estén disponibles para todos como bienes públicos mundiales, y evitar una repetición de la catástrofe ética, epidemiológica y económica que estamos viviendo ahora.
