Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, era evidente que seguir actuando como de costumbre – perpetuando los monopolios de la industria biofarmacéutica basados en la propiedad intelectual, permitiendo la escasez artificial de suministro y el acaparamiento nacionalista por parte de los países ricos – acabaría en un fracaso sistémico y una gran desigualdad.

Había experiencias previas, desde el bloqueo de las grandes industrias a la producción de antirretrovirales asequibles para tratar el VIH / SIDA, hasta el acaparamiento de vacunas por parte del norte global durante el brote de gripe aviar H1N1 en 2009 y el almacenamiento de Tamiflu.

Los activistas del movimiento por el acceso a los medicamentos se movilizaron rápidamente para combatir la amenaza del apartheid, tanto para acceder a las terapias como a las vacunas.

Estos activistas, la mayoría de ellos veteranos del movimiento de acceso al tratamiento del SIDA, pronosticaron los peligros de preservar los monopolios cuando hay que responder a una pandemia mundial e iniciaron una serie de campañas para abordar estos peligros.

Los activistas anticiparon el auge del nacionalismo de vacunas, terapias y pruebas diagnósticas – los países ricos se aseguraron el acceso preferencial a las tecnologías médicas covid-19, incluso antes de que fueran aprobadas, y evitaron su exportación a otros países – y poco después se sumó la prensa. EE UU y el Reino Unido fueron los más rápidos, se desviaron del plan de acceso equitativo en mayo de 2020, cuando establecieron acuerdos de compra anticipada con los fabricantes de vacunas, poco después por les siguieron la Unión Europea (UE), Canadá y un puñado de otros países ricos.

En respuesta, se puso en marcha la People’s Vaccine Alliance, movilizada por ONUSIDA y Oxfam. Más de 140 figuras públicas, incluyendo 50 exlíderes mundiales y tres líderes africanos, escribieron una carta abierta argumentando que cualquier vacuna contra covid-19 debería estar libre de patentes, producirse a gran escala y estar disponible sin costo para todos los ciudadanos del mundo: “No podemos permitir que los monopolios, la competencia bruta y el nacionalismo miope se interpongan en el camino”.

Los activistas también criticaron el acaparamiento de medicamentos cuando EE UU bloqueó los suministros iniciales de remdesivir, y suscribió los acuerdos de compra anticipada y desproporcionada de los prometedores anticuerpos monoclonales con Regeneron, Eli Lilly y AstraZeneca.

Pero la organización de la sociedad civil por el acceso a los medicamentos durante la pandemia de covid-19 comenzó mucho antes de estas prominentes campañas. Frente a la crisis emergente de acceso, ya presagiada por la escasez de equipo de protección personal y su acaparamiento, así como las restricciones a la exportación, el movimiento de acceso a los medicamentos comenzó a movilizarse casi de inmediato.

A mediados de febrero de 2020, Public Citizen, una organización de defensa de los derechos del consumidor sin fines de lucro publicó un informe, “Blind Spot” [1], que exploró el papel del gobierno de EE UU en la investigación y el desarrollo (I + D) de productos relacionados con el coronavirus. Desde el brote de SARS en 2002, los Institutos Nacionales de Salud de EE UU han gastado casi US$700 millones en investigación sobre el coronavirus. El informe solicitaba mayor participación pública para investigar enfermedades infecciosas y licencias no exclusivas, precios razonables y la inclusión de requisitos de acceso en todas las becas, contratos y acuerdos de licencias que otorgase el gobierno.

Y, aunque las circunstancias de la pandemia han reducido las oportunidades para la movilización masiva, las manifestaciones públicas y la desobediencia civil, la reagrupación de los activistas mundiales y locales por el acceso a los medicamentos han logrado resaltar las perniciosas consecuencias de los monopolios asociados a la propiedad intelectual en la respuesta al covid-19.

El 5 de marzo de 2020, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de EE UU escribieron una carta al presidente Trump exigiendo medidas “para garantizar que las vacunas o tratamientos para la enfermedad del coronavirus 2019 (covid-19) desarrollados con dólares de los contribuyentes de EE UU tuvieran un precio razonable y estuvieran disponibles para todos”. Instaron a que las licencias para las vacunas y tratamientos covid-19 fueran abiertas y no exclusivas. Poco después, organizaciones de Europa escribieron una carta similar a la Comisión Europea.

La organización internacional siguió poco después. El 17 de marzo de 2020, La Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras organizó una de las primeras convocatorias internacionales, con 85 participantes de 35 organizaciones. Esa primera reunión estableció siete grupos de trabajo, centrados en diferentes temas, incluyendo las flexibilidades a la propiedad intelectual relacionadas con las patentes y la exclusividad de datos, y un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) / Naciones Unidas (ONU) para garantizar el acceso a terapias, pruebas diagnósticas y vacunas.

Public Citizen estableció un listserve para intercambiar ideas y organizó una reunión regular de los activistas a través de Zoom. Uno de los primeros resultados de este colectivo informal, dirigido por Knowledge Ecology International, fue promover y apoyar una iniciativa de Costa Rica para establecer, en la OMS, un banco de licencias de propiedad intelectual para las tecnologías de salud relacionadas con el covid-19. La iniciativa detonó que el 29 de mayo de 2020 se hiciera un llamado solidario a la acción, y a que poco después se estableciera el Grupo de Acceso a la Tecnología covid-19 (C-TAP) en la OMS. Desafortunadamente, las compañías farmacéuticas manifestaron su antipatía por el banco desde el principio, tildándolo de “tontería”, y hasta la fecha ni una sola compañía biofarmacéutica se ha unido a C-TAP.

Casi al mismo tiempo que se estaba organizando C-TAP, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (Cepi), la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores, Gavi, El Fondo Mundial, Unitaid, Wellcome, la OMS, el Banco Mundial y, poco después, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud lanzaron el Acelerador de Herramientas de Acceso a COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator o ACT-A). Los activistas por el acceso a los medicamentos se mostraron escépticos, pues se trataba de una estrategia a corto plazo, de ambición limitada y que dependía excesivamente de la participación no regulada del sector privado, pero se unieron a la iniciativa para tratar de acelerar el acceso equitativo a las vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas de covid-19, y otras tecnologías médicas en países de medianos y bajos ingresos. No obstante, desde el principio hubo críticas mordaces a ACT-A y a su organización, a pesar de que docenas de representantes de la sociedad civil y de la comunidad se ofrecieron como voluntarios para contribuir al éxito de ACT-A.

El 2 de octubre de 2020, en respuesta al rechazo de la industria de compartir voluntariamente la propiedad intelectual (PI) y transferir la tecnología, y a la creciente evidencia de nacionalismo terapéutico y de vacunas, Sudáfrica e India iniciaron una propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se renunciara temporalmente a ciertas protecciones de la propiedad intelectual sobre las tecnologías de salud relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de covid-19.

Menos de dos semanas después de que se presentara la propuesta de India / Sudáfrica, 380 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta abierta a los Miembros de la OMC instándolos a apoyar la propuesta de exención. A este esfuerzo inicial le siguieron una serie de cartas adicionales, declaraciones, artículos de opinión, seminarios web y otros eventos de promoción en apoyo de la propuesta de exención. El contacto con la Administración Biden comenzó incluso antes de su toma de posesión, y el 26 de febrero de 2021, 400 organizaciones estadounidenses escribieron al presidente exigiendo el apoyo de EE UU a la exención. Para abril de 2021, los activistas habían organizado una serie de manifestaciones en la OMC y en EE UU, Reino Unido, Europa, Sudáfrica y otros lugares.

Finalmente, la organización y las continuas protestas en EE UU dieron sus frutos el 5 de mayo de 2021, cuando la Representante de Comercio de EE UU, Katherine Tai, anunció que EE UU apoyaría una exención a la propiedad intelectual sobre las vacunas covid-19. Esto ocurrió después de seis meses de atrasos y distracciones en la OMC, donde una y otra vez se solicitó que los que propusieron la idea explicaran cómo la propiedad intelectual era una barrera para las empresas que producen productos imitadores, y cómo se podría implementar la exención para aumentar la oferta inmediatamente. Alemania fue particularmente incisiva y engañosa al oponerse a la exención. Cuando el Reino Unido, la UE, Suiza y un puñado de otros países se seguían oponiendo a la exención, los activistas organizaron protestas en el G-7, seguidas por una semana de movilización masiva durante la visita de la vicecanciller Merkel a EE UU, incluyendo manifestaciones en DC, Nueva York y en varios consulados.

Los activistas no solo condenaron las tácticas de bloqueo de Alemania en la OMC, sino que también criticaron al presidente Biden por no manifestarse explícitamente a favor y por negarse a presionar proactivamente para que se adoptara una exención. Los manifestantes también se han manifestado repetidamente contra los fabricantes de vacunas, incluyendo Moderna, AstraZeneca y Pfizer, por negarse a transferir la tecnología de vacunas y a permitir que productores calificados aumentaran la producción.

A lo largo de la pandemia de covid-19, los activistas han iniciado y apoyado la mayoría de las iniciativas de políticas diseñadas para superar la oferta inadecuada, los precios excesivos y la distribución extremadamente desigual. Lamentablemente, quienes deciden las políticas globales han defendido en gran medida el statu quo y hasta ahora han respondido con gestos simbólicos.

A pesar de esta intransigencia, los activistas continuarán abogando por justicia y acceso a las vacunas contra covid-19.